El Gobierno vasco compra por 41 millones el Edificio Mapfre, que acogerá el cuarto Palacio de Justicia de Bilbao

El edificio recién adquirido por el Gobierno vasco fue construido en 1976. Tiene planta baja y otras ocho alturas, además de cuatro sótanos para garajes. El Ejecutivo comenzó a negociar su compra en enero de 2021 y la cerró hace un escaso mes. Los informes de peritos de la propia Administración determinaron su valor de mercado: 41 millones de euros. El inmueble será entregado por Mafre a finales de este año. Después, se realizarán obras de adecuación interior que podrían prolongarse unos 24 meses. Su coste se estima en otros 16 millones de euros. Las instalaciones empezarán a andar la próxima legislatura.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha explicado este miércoles que el nuevo inmueble servirá para acoger diferentes órganos de la Administración de Justicia. Su uso será «determinado en los próximos meses». La decisión será consensuada con responsables del Gobierno vasco, del Tribunal Superior de Justicia, de la Fiscalía Superior y de los agentes jurídicos para «optimizar» el espacio disponible. Sí que tendrá dos accesos diferenciados, el principal por la calle Ibáñez de Bilbao, mientras que el personal entrará por la calle Henao.

Artolazabal ha explicado que la Justicia es una pata más de las Políticas Sociales y que «detrás de estas inversiones impulsamos una justicia centrada cada vez más en la atención a las víctimas. Detrás de estos nuevos equipamientos queremos volcarnos en los colectivos más vulnerables. Queremos impulsar un eficaz servicio de justicia gratuita y un sistema de gestión de penas que propicie la alternativa de trabajos en beneficio de la comunidad», ha explicado, acompañada por el presidente del TSJPV, Iñaki Subijana, y la Fiscal Superior de Euskadi, Carmen Adán. Al acto también han acudido la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, el director de Justicia Digital e Infraestructuras, Javier Landeta, la presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Reyes Goenaga, y el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte.

Según Artolazabal, la adquisición de este inmueble permitirá disponer de «los medios necesarios para hacer realidad la Nueva Oficina Judicial», ya implantada en Vitoria, en San Sebastián y en todos los demás partidos judiciales de la comunidad. El presidente del TSJPV ha subrayado «la importancia de los edificios como espacios de acogida y acompañamiento de las personas, y de respeto a las garantías jurídicas en la resolución de los conflictos». Subijana también ha resaltado la aportación de la Sala de Gobierno en tres líneas de actuación.

La primera, la «inmediata», con la adecuación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Bilbao a los esquemas implementados en el resto de los partidos judiciales. La segunda, la posibilidad de contar con espacios adecuados para albergar nuevos órganos judiciales que permitan desarrollar la planta judicial para satisfacer «las necesidades de tutela» de los ciudadanos, así como la implantación de las pautas organizativas ya diseñadas en el orden normativo, como la Nueva Oficina Judicial. La tercera línea de actuación, según ha precisado, es «la estratégica», al poder contar con espacios idóneos «para la respuesta eficaz, de una forma eficiente y sostenible, a la creación de nuevas estructuras organizativas en el plano jurisdiccional, como tribunales de instancia, y a la implantación y consolidación de las dinámicas de gestión procedimental vinculadas a la digitalización».

Por su parte, la Fiscal Superior Carmen Adán ha puesto en valor que la adquisición de este edificio «manda un mensaje de proyecto de mejora para poder ejercer las funciones encomendadas legalmente y de compromiso con el servicio público». Adán ha destacado que «los edificios y espacios han de adaptarse a las víctimas, no alejarlas». «Deben estar y sentir que el edificio donde están es el lugar donde serán atendidas y reparadas. Edificios y espacios han de permitirnos reforzar los derechos a la privacidad de quienes acuden a nuestra Administración; en definitiva, mejorar como servicio público», ha añadido.

En esta legislatura, la Justicia ganará 25.000 metros cuadrados en la capital vizcaína. Artolazabal ha recordado, además, que antes de este año van a concluir las obras de remodelación de otros 5.000 metros cuadrados en el número 9 de la calle Henao, antigua Cámara de la Propiedad Urbana, que ya era de titularidad del Gobierno vasco. Y que se están habilitando otros 700 metros cuadrados en el Edificio de Cristal de la calle Barroeta Aldamar. El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales compró ese espacio repartido en tres plantas en 2019 por 1,6 millones de euros en este edificio, donde ya está el juzgado de guardia, para llevar allí los servicios de gestión de penas, de reinserción de penas de maltrato y los locales de representación sindical.

El traslado de estos servicios permitirá ampliar en el propio Palacio de Justicia de la calle Buenos Aires las salas dedicadas a temas de violencia de género y de atención a las víctimas reclamada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En resumen, los nuevos espacios servirán para descongestionar los tres palacios de justicia de Bilbao de Jardines de Albia, Buenos Aires y Barroeta Aldamar.

Una de las principales liberaciones se producirá precisamente en la quinta planta de las instalaciones de Buenos Aires, ahora ocupada por los locales de los sindicatos. Estas dependencias se trasladarán a la tercera planta del Edificio Cristal. En otro local de 277 metros cuadrados de la sexta planta de este inmueble se recolocará el servicio de gestión de penas (encargado de velar por su ejecución o por su sustitución por penas de trabajo en beneficio de la comunidad impuestas por los juzgados y tribunales de Euskadi). Este programa ya está ahora en los bajos del mismo bloque, pero su espacio es necesario para ampliar el servicio de asistencia a la víctima del juzgado de guardia, «entre otras cosas para garantizar recorridos diferentes que eviten cruzarse a maltratadores y víctimas de violencia de género».

Finalmente, otras dos oficinas de 230 metros cuadrados en la sétima planta acogerán el servicio Gakoa, ahora en el edificio Albia. Los trabajos de adecuación del Edificio de Cristal han exigido una inversión de 713.000 euros y requerirán de otros 175.000 para su equipamiento. El Gobierno vasco también ha adquirido otros 600 metros cuadrados en este mismo inmueble por 1,1 millones más y realiza obras en la nueva sede de la Fiscalía. Todas estas piezas finalizarán «el puzzle de nuestra ciudad de la Justicia», ha explicado Artolazabal.