La privatización de la torre de Loiu obliga a sustituir a los 24 controladores

En Bilbao hay destinados 24 controladores. Trabajan a relevos (tres personas por turno más uno de guardia no presencial por si hubiera cualquier incidencia). La torre está siempre en alerta: muchas veces permanece abierta cerca de 20 horas al día. Y hay un retén nocturno disponible por si hace falta reabrir el aeropuerto de madrugada por la llegada de un vuelo de la Organización Nacional de Transplantes. Ayer, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una orden ministerial para preparar el terreno para encargar la gestión del control del tráfico aéreo de Bilbao a una entidad privada. El Ministerio de Transportes se da un plazo de 18 meses para llevarla a efecto y estipula un periodo de transición adicional para asentar el nuevo modelo que quiere implantar.

Una vez resuelto el concurso, el servicio en Bilbao lo pasarían a prestar trabajadores de la empresa privada y habría que reubicar a los profesionales de aquí (que son empleados de una sociedad pública) en otro centro de control o aeropuerto de España, ya que en otras torres «no se ha respetado el derecho de subrogación», denuncia USCA.

Hasta la fecha, la experiencia se ha dado en 12 torres. El Ministerio valora «positivamente» cómo ha ido hasta ahora, asegura que la iniciativa de privatización está avalada por las autoridades europeas y que la entrada de empresas a gestionar el tráfico aéreo supondrá «un ahorro de costes», sobre todo en lo que tiene que ver con los gastos de personal. Afirman las mismas fuentes que el salario de los controladores es «elevado» y que se podría reducir hasta un 50%. Profesionales consultados apuntan a que el movimiento supone también una estrategia para «limitar» la influencia del colectivo de controladores después de la huelga en 2010, cuando el ministro Pepe Blanco ordenó al Ejército entrar en las torres en un puente de diciembre que dejó imágenes de aeropuertos llenos de pasajeros sin poder volar.

Los controladores de Bilbao avisan de que 'La Paloma' tiene una serie de singularidades que desaconsejan su privatización por razones operativas y de seguridad. Es el único aeropuerto que cuenta con un radar para detectar buitres y va a ser el único de España que dispondrá de un sistema de aviso para pilotos por cizalladura (viento racheado y cambiante). Avisan de que muchas veces hacen «un trabajo de precisión» para garantizar la seguridad y agilizar las operaciones. Sostienen que la experiencia de los profesionales de la torre, que han pasado una oposición, es decisiva. «No se pueden poner controladores 'low-cost'», denuncian. Creen que la política de «recortes» que emprenderá el Gobierno está fuera de lugar en algo «tan sensible» como la seguridad aérea y dudan de que vaya a ser efectiva.