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El Ayuntamiento de Getxo ha abierto un expediente sancionador a los propietarios que han reformado sin permisos su vivienda ubicada junto al mar sobre el ... acantilado de La Galea, un espacio de «interés público» y que goza de especial protección. La sanción se debe a la rehabilitación que el pasado mes de agosto realizaron en el inmueble sin solicitar los permisos necesarios para actuar en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre, una franja de 100 metros a partir de la línea de costa en la que se limita al máximo cualquier intervención urbanística. Entre otras cosas, reformaron en profundidad la fachada, eliminaron dos ventanas y también cambiaron la cocina de la vivienda. Sus propietarios retiraron ayer el anuncio que habían colgado en la plataforma de pisos turísticos Airbnb, en la que ofertaban el alquiler de la vivienda por 439 euros la noche durante determinados fines de semana.
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El Ayuntamiento confirmó la apertura del expediente horas después de que EL CORREO desvelase que la rehabilitación del inmueble fue realizada sin disponer de las autorizaciones necesarias de la Agencia Vasca del Agua (URA) y de la demarcación de Costas. Sin estos dos permisos la administración local tampoco podía concederles autorización -según explican fuentes jurídicas- ya que la parcela se encuentra en una zona protegida que desemboca en el acantilado y el mar Cantábrico.
El consistorio explicó a este diario que la obra «se ha realizado sin licencia municipal» porque nadie ha pedido permiso para realizarla. Las mismas fuentes oficiales apuntaron que la Policía local ya ha «levantado acta de inspección». En este sentido, adelantaron que se abrirán dos actuaciones administrativas: para empezar, se iniciará un «expediente sancionador». Y, además, iniciarán «actuaciones para el restablecimiento de la legalidad».
Se trata de dos procedimientos que, según fuentes especializadas, discurrirán de forma paralela. Por un lado, se encuentra la sanción económica. A este respecto, lo que los técnicos deberán determinar es la gravedad de lo ocurrido.
El abanico de las multas es muy amplio. Por ejemplo, se pueden considerar una sanción muy grave -con multas que van desde los 50.000 euros al medio millón- las obras realizadas en las zonas de servidumbre, como es este caso. La clave reside en determinar la repercusión que han tenido los trabajos sin licencia. El siguiente escalafón de sanciones contempla multas de 5.000 a 50.000 euros. Una de las claves es dilucidar si se han producido obras dirigidas a «consolidar» y «ampliar» la estructura o si se han limitado al mantenimiento de la instalación.
La otra medida que tomará el ayuntamiento de Getxo será buscar el «restablecimiento de la legalidad». ¿Qué quiere decir esto? Se trata de un asunto complejo. Según fuentes especializadas, los propietarios pueden tratar de regularizar las obras. Es decir, al margen de la sanción económica por realizar los trabajos sin licencia, también deberán presentar ante los técnicos municipales los documentos que detallen las obras que se han realizado. Estos papeles serán evaluados por el Ayuntamiento, por URA y por Costas. Y si la reforma recibe el visto bueno de las tres instituciones podrían regularizar su situación. En caso contrario, estos organismos podrían ordenar que el inmueble sea devuelto a su estado original.
Una de las claves en este asunto es que esta vivienda, construida en 1970, se encuentra en un espacio que no permite usos residenciales desde la aprobación de la ley de Costas. Sin embargo, la normativa sí permitió la pervivencia de determinados espacios residenciales que ya estaban ahí antes de que se aprobase la normativa siempre que mantuvieran «su uso». En este contexto, otro de los asuntos que se analizarán es si el planeamiento urbanístico permite que esta casa -en la que según las fotos del catastro se han eliminado y abierto ventanas- puede ser utilizada como una vivienda turística.
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