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La Fiscalía acusa a un agente de la Policía Municipal de Bilbao de provocar en 2019 la muerte de un motorista de 38 años al colisionar contra él en un cruce, en pleno centro de la ciudad. El patrullero, que junto con otro agente se dirigía a apoyar a unos compañeros en una pelea en la discoteca Moma, se enfrenta a un delito de homicidio por imprudencia mediante la utilización de vehículo a motor, que está castigado en el Código Penal con penas de entre uno y cuatro años de cárcel. De ser condenado, el patrullero también podría ser inhabilitado para ejercer la profesión policial durante un periodo aún por determinar. En estos casos, se suelen solicitar importantes cantidades económicas para indemnizar a los familiares de la víctima mortal.
Los hechos se produjeron a las 4.52 horas de la madrugada del 28 de diciembre de 2019, en plena Navidad, según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso este periódico. El agente conducía uno de los 'Renault Megane Scenic' de la Policía Municipal de Bilbao, que realizaba tareas de vigilancia de las zonas de ocio en el distrito de Indautxu durante las noches del fin de semana. Formaba pareja con otro policía local. Alrededor de las 4.50 horas, un tercer compañero de la guardia urbana les requirió por la emisora para que acudieran a la sala Moma, ubicada en el número 66 de la calle Rodríguez Arias, porque había «problemas». En aquellos días eran habituales los avisos por trifulcas en discotecas.
El coche patrulla se encontraba en aquel momento en la plaza Arriquíbar. Según el relato de la fiscal, en un primer momento el 'Renault' con distintivos de la guardia urbana «circuló con las luces prioritarias accionadas» por la calle Alameda de Rekalde. Atravesó la intersección con Licenciado Poza y se incorporó a la calle Rodríguez Arias», esta vez ya «con las luces prioritarias apagadas». En un primer momento, la versión oficial del Ayuntamiento fue que, en el momento del accidente, el vehículo policial circulaba «con las señales luminosas y acústicas activadas, ya que acudía a una emergencia». Sin embargo, durante la instrucción del caso dirigida por el juzgado número 9 de Bilbao, se localizaron unas imágenes previas al siniestro grabadas por una cámara de videovigilancia de un edificio de la zona. El vídeo reveló que el vehículo no llevaba las luces azules del puente puestas. Durante las noches, los servicios de emergencias suelen evitar encender las sirenas para no molestar a los vecinos.
La patrulla rebasó un semáforo en rojo de la calle Rodríguez Arias, en la confluencia con Iparraguirre, por donde se acercaba la 'Suzuki GSX' en dirección hacia la Gran Vía. Rubén, natural de Sestao y vecino de Bilbao, acababa de salir de trabajar en Leioa y regresaba a su casa. Según el atestado, el coche policial circulaba a una velocidad de 44,1 kilómetros por hora después de haber parado en un semáforo en rojo anterior mientras que la moto iba a 62,8 Km/h tras pasar en fase verde.
El Ministerio público mantiene que el policía conducía «de forma totalmente desatenta y sin las luces de emergencia activadas», motivo por el que se estrelló contra el vehículo de dos ruedas. El conductor intentó frenar y realizar «una maniobra evasiva hacia la derecha», pero no pudo evitar impactar con la motocicleta «con la puerta trasera izquierda, colisionando con la cabeza directamente contra el vehículo policial, encima de la rueda trasera izquierda». El motorista quedó tendido en el pavimento en parada cardiorrespiratoria.
Como consecuencia del choque, Rubén sufrió graves lesiones, como politraumatismo cráneo-facial, de la columna vertebral y torácico. Quedó ingresado en el hospital de Cruces en coma inducido, donde se debatió entre la vida y la muerte durante una semana hasta que el 4 de enero, a las 16.15 horas, murió «debido a un shock traumático compatible con el accidente». El fatal desenlace afectó mucho a los dos policías implicados, especialmente al que conducía.
La muerte de Rubén conmocionó a la comunidad motera. Cientos de aficionados a las dos ruedas le rindieron un homenaje con ruido de motores, bocinas y olor a gasolina a las puertas de la iglesia de Santa María de Sestao, donde se celebró el funeral. «Es la despedida que él quería», dijo uno de los organizadores. La familia del joven se quejó desde el primer momento de la falta de información por parte del Consistorio. Lamentaron que la Policía Municipal no les telefoneara «hasta seis horas después del siniestro, pasadas las doce del mediodía para informarnos de lo ocurrido y de que el coche implicado en el accidente era una de sus patrullas». Según contaban entonces, en esa comunicación «nos dijeron que lo sentían y que había sido culpa suya». Los familiares reclamaron el atestado provisional del accidente y se quejaron de la falta de colaboración institucional.
El juicio por el homicidio imprudente estaba previsto que se celebrara hace un par de semanas en la Audiencia provincial vizcaína, tres años después del suceso, pero quedó suspendido para dar traslado del caso al Ayuntamiento de Bilbao como responsable civil subsidiario de cualquier posible imprudencia de un funcionario municipal, según ha podido saber este periódico. La vista oral deberá volver a señalarse, aunque las huelgas anunciadas por diferentes sectores de la Justicia podrían retrasar aún más la nueva fecha. La familia de la víctima se presenta como acusación particular, que mantiene una versión de los hechos similar a la de la Fiscalía.
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