El fiscal pide 6 años para un exalcalde de Alonsotegi por falsedad y fraude

La instrucción del caso está ya cerrada. Las pesquisas de investigación han concluido y el juez podría dictar en breve el auto de procesamiento contra los implicados, previo paso a la fijación de la fecha del juicio. Cuando esto suceda, Erezuma será el tercer regidor de Alonsotegi que tendrá que sentarse a corto plazo en el banquillo de los acusados, ya que sus predecesores, los también jeltzales Aitor Santisteban y Gabino Martínez de Arenaza, están a la espera de ser juzgados por un jurado popular por presuntos delitos relacionados con la corrupción.

La Fiscalía considera que Erezuma, los tres arquitectos y los dos constructores implicados se pusieron de acuerdo para desviar 600.000 euros de subvenciones forales, aprovechando unas lluvias torrenciales que se produjeron en la localidad entre el 4 y 6 de noviembre de 2011. Por estas inundaciones pidieron ayuda a la Diputación para reparar tres instalaciones públicas (los bajos de la casa consistorial, el ambulatorio y un muro en la carretera general). El Ministerio Público considera que tales obras no eran necesarias y tampoco se llegaron a ejecutar. Sí se prepararon diversos informes públicos para justificar su necesidad y para acreditar que habían sido realizadas.

El fiscal también hace hincapié en que la preparación de los supuestos trabajos y su falsa ejecución se encargaron de manera verbal. Incluso destaca en su escrito que las decisiones se tomaron pese a obrar «informes desfavorables de la secretaria-interventora del Ayuntamiento», alertando de la ilegalidad de determinadas conductas.

Finalmente, el Ministerio Público considera que todos los acusados obraron «de común acuerdo», es decir, actuaron de formas coordinada por lo que imputa el conjunto de los supuestos delitos cometidos a todos ellos, con el agravante de que dos de los implicados ejercían un cargo público.

Erezuma, que gobernó Alonsotegi entre 2011 y 2015, siempre ha defendido que no se quedó cantidad alguna de dinero. Reconoció ante el juez que las obras nunca llegaron a ejecutarse, pero que la suma, en realidad, fue destinada a pagar una deuda que el Consistorio tenía reconocida con la constructora por la ejecución del ambulatorio.