Fianza de dos millones para un exalcalde de Alonsotegi y cuatro empresarios

En un auto al que ha tenido acceso este diario, el magistrado amenaza a los acusados con embargar sus bienes si no hacen frente a la garantía de los dos millones. Es más, el juez advierte de que si no responden los procesados, la fianza será exigida a las empresas a las que representaron. La vista del caso se celebrará en breve. Sólo resta fijar la fecha, ya que hace dos meses se dictó la apertura de juicio oral contra los seis implicados.

El caso, destapado por EH Bildu, que forma parte también de la acusación, se remonta a la legislatura de entre 2007 y 2011. El fiscal estima que un arquitecto que era contratado de manera recurrente por el Ayuntamiento, cuatro constructores de las empresas Pabisa y Lan Eder y el exalcalde actuaron «de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio económico ilícito». Para ello solicitaron subvenciones y fondos públicos a instituciones como la Diputación o el Gobierno central, a través del conocido como Plan Zapatero.

Según el relato del Ministerio Público, los procesados decidieron «aparentar la ejecución de obras en el municipio» y «dieron contenido elaborando ofertas, informes, memorias, actas, certificaciones y facturas que no se ajustaban a la realidad». En este contexto, destaca que los proyectos se ejecutaron sin ningún tipo de garantía en la contratación (muchos de ellos «a dedo» y por el procedimiento de urgencia), aun cuando la secretaria-interventora había emitido sus dudas.

El fiscal pone el foco sobre la reforma del campo de fútbol, trabajos en el eje de Loibe y arreglo por inundaciones en el estadio y el camino de Artiba.

El presente caso es el segundo relacionado con delitos de corrupción que llegará a los tribunales. El primero se juzgó en enero y se saldó con la absolución de todos los implicados. La Audiencia de Bizkaia reconoció que se habían desviado más de 600.000 euros a las cuentas de dos constructores (los mismos que están ahora involucrados y a los que se les ha impuesto una fianza de dos millones) pero consideró que no hubo «un perjuicio» a las arcas públicas, ya que había una deuda previa con ellos. El exalcalde José Luis Erezuma no pudo ser juzgado al haber fallecido por una grave enfermedad meses antes de la vista.