La falta de diálogo anticipa un largo conflicto en el transporte escolar

El Departamento anunció el pasado 1 de septiembre, en una rueda de prensa, que iba a denunciar a las operadoras por actuar como un cártel y ponerse de acuerdo para dejar desiertos los concursos de adjudicación de las rutas escolares. El caso ya está en manos de la Autoridad Vasca de la Competencia pero Educación aún no lo ha llevado a la Fiscalía.

Desde aquella comparecencia, hace ya doce días, no ha habido ni una reunión ni tampoco ninguna llamada entre las partes para encauzar el problema. Sólo comunicaciones protocolarias por parte del Gobierno para informar a las compañías de que denegaba las medidas cautelares solicitadas en los recursos contra la orden que les obliga a prestar el servicio. Una vez rechazadas esas medidas, Educación esperaba que las empresas acatasen la orden. No ha sido así. Las operadoras aseguran que no arrancarán los autobuses hasta que se resuelvan los recursos -que Educación no sabe cuándo tendrá listos-. Y luego, ¿qué? «Ya veremos», se limitan a señalar fuentes de los transportistas.

En el Gobierno cunde la perplejidad. «Están incumpliendo la ley. Si todos hiciésemos lo mismo, viviríamos en la jungla», apuntan fuentes del Departamento. Bildarratz ya aseguró que no contemplaba que las operadoras se negasen a obedecer, toda vez que el transporte es «esencial» para cumplir con el derecho fundamental de los menores a la educación. La defensa jurídica de las operadoras se basa precisamente en que la normativa las considera «servicio complementario», por lo que no se les puede obligar a trabajar en las condiciones que establezca el Gobierno.

Ayer, el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, volvió a insistir en que las empresas «deben acatar y cumplir la orden, salvo que algún tribunal administrativo o de justicia diga que no es correcta». «Las consecuencias y sanciones que se pueden derivar de ese incumplimiento están recogidas en la legislación y pueden ser importantes», advirtió.

Los empresarios, en cambio, no ceden y libran un auténtico pulso al Gobierno, de imprevisibles consecuencias. Algunos reconocen que su situación económica es «difícil». «Se están cargando el tejido empresarial», lamenta un transportista. Los últimos años han sido difíciles y muchos aún arrastran las consecuencias de la pandemia. Su plante les ha llevado ahora a renunciar al dinero público por el autobús escolar y dependen exclusivamente de otros ingresos como bodas, desplazamientos de equipos deportivos... De momento, mantienen la unidad de acción.

La situación ha complicado el arranque del curso de unos 7.400 alumnos, sobre todo en zonas rurales o municipios extensos que escolarizan a alumnos que viven a más de dos kilómetros del centro. Las familias se ven obligadas a llevar a los hijos en coche, a pie o autobús regular, con el perjuicio que supone para la conciliación. Educación trabaja en una orden para compensar económicamente a los afectados, de la que no han trascendido más detalles.