Expulsan a cinco delincuentes reincidentes a Marruecos por la «alarma» creada en Bilbao

El dispositivo se puso en marcha como una de las medidas para frenar el «incremento de delitos contra el patrimonio y las personas registrado este pasado año». Tanto el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, como el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, se han mostrado «preocupados» por el aumento de la criminalidad y el uso de armas blancas en las calles de las ciudades, especialmente en la capital vizcaína, que acumula la mitad de los robos violentos registrados en el País Vasco.

La colaboración de ambos cuerpos permitió el arresto en Bilbao a principios de mes de tres individuos con numerosos antecedentes por robos con violencia, amenazas, hurtos y robos con fuerza en comercios, entre otros hechos graves, de los que mayor conmoción ciudadana generan y cuyas estadísticas no dejan de crecer en Euskadi tras la pandemia. De hecho, la inseguridad ha vuelto a convertirse en la principal preocupación de los bilbaínos, según un estudio realizado por el Consistorio de la villa hace unos meses.

Después de ese último arresto, los tres inmigrantes reincidentes fueron trasladados al CIE de Murcia, conocido como Sangonera la Verde, donde la Unidad Central de Expulsiones y Repatriaciones (UCER) de la Policía Nacional materializó la deportación el pasado 9 de marzo, cuando se pudo completar «un vuelo macro fletado ex profeso» para trasladar a inmigrantes repatriados a Marruecos.

En próximas fechas habrá nuevas devoluciones, anuncia la Delegación del Gobierno. En esta misma operación también fueron detenidos otros dos hombres con un largo historial de robos violentos, asaltos y hurtos cometidos en todo el territorio nacional, e incluso en Grecia. También estos dos delincuentes fueron desplazados al centro de detención murciano, donde aún permanecen a la espera de poder embarcar en un nuevo avión para ser definitivamente expulsados.

Los trámites para ejecutar un expediente de expulsión suelen demorarse en el tiempo hasta un máximo de cinco años, a partir de los cuales caducan. La primera vez que un inmigrante sin papeles es detectado en la calle, si cuenta con antecedentes, se le traslada a la comisaría de Indautxu para su completa identificación. Antes de dos horas quedará en libertad y al cabo de un máximo de seis meses, la Delegación de Gobierno deberá resolver si su caso se salda con expulsión o multa. Generalmente, en los casos de multirreincidentes, la Policía Nacional suele proponer que se le eche del país cinco años, que pueden ser rebajados a tres.

Si a este delincuente se le vuelve a identificar en cualquier comunidad autonómica, entonces ya sí será detenido con una orden de expulsión firme, que tendrá que avalar el juez de guardia de la ciudad correspondiente, en este caso Bilbao. Si no se puede consumar la repatriación en el plazo de 72 horas, algo bastante habitual porque no hay tiempo de preparar un viaje en avión, entonces se le deriva a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) a la espera de que pueda ser efectivamente expulsado. «Algunos países como Argelia piden una entrevista antes de reconocerle y aceptarle. Marruecos está reclamando que los expulsados tengan el pasaporte en vigor», explican fuentes conocedoras de estos trámites. Cuando el inmigrante no tiene antecedentes, suele conllevar una multa y su salida voluntaria del país. Si el expulsado es nuevamente localizado en territorio nacional, el proceso esta vez se acorta.

No es la primera vez que la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional y los agentes de la guardia urbana de Bilbao colaboran. De hecho, mantienen «excelentes» relaciones, según fuentes oficiales. El pasado mes de octubre fue arrestado en la capital vizcaína un argelino reclamado en Francia por cortar en la cara y robar a su exnovia. En este caso, la orden europea de detención había sido dictada por el país galo. El fugitivo se había asentado en el barrio de San Francisco y estaba siendo buscado por un delito de malos tratos, por el que le pedían 15 años de cárcel.

En la época del alcalde Azkuna y en plena 'guerra al navajero', entre los años 2009 y 2013, se desarrollaron varios dispositivos conjuntos entre los dos cuerpos en los pabellones ocupados de Zorrozaurre tras los que también se ejecutaron órdenes de expulsión. Los policías trataban de acabar con los asentamientos en las naves debido a las quejas de los vecinos, que denunciaban un incremento de la sensación de inseguridad en la zona.