Expertos del CSIC piden el cierre de la planta de biomasa de Güeñes por «su peligrosidad»

El estudio, de 80 folios, ha sido encargado por la plataforma Güeñes Bizia, que lucha desde el inicio de la actividad por la clausura de la factoría, alegando que la salud de los habitantes del municipio encartado y la vecina Zalla (barrio de Aranguren, sobre todo) están en «serio riesgo». En la actualidad existe un fuerte movimiento social de oposición. A la última manifestación celebrada hace un mes acudieron más de 2.500 personas y hay un vecino en huelga de hambre desde la semana pasada.

El informe ha sido elaborado por el experto Fernando Palacios, que se acaba de jubilar como miembro y profesor del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y ha sido revisado por Eduard Rodríguez Farré (otro destacado investigador del CSIC, que sigue en activo) y Josep Ferrís I Tortajada (oncólogo de larga trayectoria profesional).

Los expertos no tienen ninguna duda de que la quema de madera provoca una serie de emisiones «peligrosas». Tras analizar el régimen de vientos y la cercanía de las viviendas (hay casas a 300 metros de las chimeneas) llegan a la conclusión de que la actividad de Glefaran no puede continuar por el bien de la comunidad que le rodea.

Uno de los aspectos que más llama la atención del informe es que se apunta directamente al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco como el principal responsable de que no se esté cumpliendo la normativa. Los investigadores están convencidos de que la Administración no tuvo en cuenta «los valores límite» de multitud de contaminantes que se producen en la actividad de una planta de biomasa a la hora de establecer la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que legitima la actividad de Glefaran. Subrayan que no se ha fiscalizado correctamente a esta industria, sobre todo en lo que se refiere a compuestos volátiles orgánicos, metales, cloro, arsénico y otros compuestos potencialmente perniciosos.

«La inclusión de los valores límite de emisión de todas estas sustancias en la AAI resulta obligatoria, pero esta prescripción no se ha cumplido, por lo que la instalación las ha emitido al ambiente aéreo sin control». En este contexto, insisten en que «faltan las emisiones más peligrosas, sus cantidades y la determinación de sus efectos;por lo que al haberse ignorado en la evaluación ambiental en su conjunto, específica del procedimiento de AAI, no se ha realizado una valoración de los impactos y, consecuentemente, (el Gobierno vasco)no ha establecido las medidas preventivas y protectoras que habrían sido necesarias para garantizar la salud de las personas».

Los científicos llaman la atención sobre la gravedad de los que viene sucediendo en Güeñes desde hace cuatro años y alertan que «si persiste la exposición de las personas a las emisiones, sus efectos podrían llegar a ser severos e irreversibles».