Expedientan a un auxiliar de Galdakao por robar datos de una mujer para contactarla

El caso ha derivado, por el momento, en dos infracciones (una muy grave y otra grave) contra la consejería por parte de la Autoridad Vasca de Protección de Datos (AVPD) al entender que esa información no fue debidamente custodiada. Además, el órgano ha reprochado a Osakidetza su «nula» colaboración en el esclarecimiento de ésta y otras denuncias de corte parecido, relacionadas con el acceso indebido a documentos clínicos personales. Agotada la vía administrativa, el asunto puede acabar ahora en los tribunales, incluso con implicaciones penales, ya que el Tribunal Supremo ha dictaminado que la historia clínica es un bien fundamental del individuo y su revelación constituye un delito.

Los hechos se remontan al pasado diciembre, cuando la mujer ingresó de urgencia en Galdakao. Fue allí donde fue atendida por varios profesionales, entre otros por el citado auxiliar de enfermería. Con posterioridad, esta persona entró en su expediente y se hizo con el email y el teléfono de la paciente. Fue entonces cuando la escribió un correo para, supuestamente, «saber de ella», identificándose y pidiéndole que se pusiera en contacto con él. Más tarde, le abordó directamente por un mensaje a su móvil. La paciente mostró su malestar por lo sucedido y optó por presentar una queja ante Osakidetza, solicitando, además, saber quién había entrado en su historia médica en el día en que fue contactada.

Dos semanas después, Salud le remitió una respuesta en la que lamentaba lo sucedido. «Sentimos que se haya visto inmersa en dicha situación», se puede leer en la carta. En la misiva se explica que está prohibido acceder a los datos personales de los enfermos al margen «del proceso asistencial correspondiente». En este sentido, se asegura que «el profesional ha reconocido su error, mostrando arrepentimiento».

El caso no quedó ahí, sino que la mujer lo denuncia ante la AVPD. Esta entidad le da la razón y apercibe a Osakidetza por dos faltas (una grave y otra muy grave). El asunto no deriva en multas porque la legislación sobre protección de datos impide imponer castigos entre administraciones, pero la afectada puede ahora recurrir a la Justicia para exigir una indemnización.