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La polémica discoteca Moma acumuló el año pasado 55 denuncias, siete más que en 2018 y 35 más que en 2017, por agresiones, riñas y atentado contra la autoridad. Ha superado, además, el nivel permitido de ruidos al dar positivo 10 de las 16 sonometrías ... llevadas a cabo en 2019 por agentes de la Policía Municipal. La edil de Seguridad Ciudadana, Amaia Arregi ha descartado el cierre de la sala exigido por el PP, al recordar que el local cuenta con licencia de actividad. Arregi ha defendido las medidas aplicadas por el Ayuntamiento a fin de hacer «compatible» el derecho al ocio con el «descanso vecinal», pese a que a Álvaro Pérez, adjunto al área de Movilidad y Sostenibilidad, ha reconocido que el proceso de mediación impulsado por el Consistorio para resolver este conflicto no ha arrojado lo resultados previstos. Moma ha recibido 190 quejas ciudadanas desde su apertura, en enero de 2017, pero «los ruidos se han reducido», ha esgrimido el concejal socialista .
Los argumentos del equipo de Gobierno no han convencido a la oposición, que ha lamentado los problemas de convivencia que sufre Rodríguez Arias. El portavoz del PP, Carlos García, ha exigido el cierre «de una vez por todas» de la discoteca por ser causante de «todo tipo de reyertas, peleas y botellones con comas etílicos», crear graves problemas de salud pública a los vecinos y comprometer la viabilidad económica del hotel Ilunion. García ha denunciado la «ineficacia» de las medidas municipales en una comparecencia en la que la oposición en bloque se ha mostrado partidaria de la revisión de las normativas municipales, ya que los expedientes sancionadores «no se han traducido en soluciones y el conflicto tampoco puede judicializarse eternamente».
El PP ha ido más lejos al denunciar la actitud de los dueños de la sala del número 66 de Rodríguez Arias. «Son unos piratas que incumplen todas las medidas de sonido, aforo y seguridad», ha subrayado. García se ha preguntado si el Ayuntamiento está esperando a que ocurra «una tragedia para tomar medidas tajantes». Ha recordado las clausuras del Privèe, de San Inazio, en 2005, tras la muerte de un joven de 20 años, y de otro club de Deusto donde, en 2007, fue degollada una muchacha colombiana. «Que no nos vuelva a pasar», ha advertido. Junto a Elkarrekin Podemos y EH Bildu, ha criticado la cantidad de «recursos humanos» que se dedican a este local en detrimento de otras zonas de la ciudad. «Más de la mitad de los policías municipales están pendientes del Moma descuidando al resto. Urgen medidas definitivas. Espero que no tengamos que volver a comparecer y no haya que contar ninguna desgracia. Vamos a peor», ha reprochado a la peneuvista Arregi. «Cuando los agentes van a hacer las mediciones, los de la discoteca bajan el volumen. Se ríen del Ayuntamiento, de los vecinos, de los propios clientes y de los negocios cercanos a los que están causando un grave daño», han reprobado.
Arregi, por el contrario, ha defendido las intervenciones municipales, con la realización de las pertinentes labores de control e inspección y la apertura de expedientes, pero ha recordado que «luego hay que respetar los periodos de alegaciones y recursos judiciales. Vivimos en un estado de derecho garantista y hay unos procedimientos que seguir», ha zanjado.
Elkarrekin Podemos y EH Bildu han ofrecido una perspectiva diametralmente opuesta. Carmen Muñoz cree que los vecinos afectados se merecen «descansar» porque la salud pública es «fundamental. Moma ha hecho lo que le ha dado la gana en los tres últimos años y ha incumplido muchas veces las normativas. No queremos una ciudad muerta por la noche ni cerrar por cerrar, pero esto no se puede permitir», ha censurado, al tiempo que se ha mostrado partidaria de «inspirarse» en modelos con los que otras ciudades han acabado «con problemas similares».
Jone Goirizelaia ha urgido al equipo de Gobierno hacer un «ejercicio de autocrítica» tras constatar que el Consistorio «no ha solucionado un conflicto que se ha judicializado con expedientes sancionadores». La portavoz de la coalición soberanista ha reconocido la existencia de «graves problemas» en las «entradas y salidas» de la polémica discoteca y ha sugerido que habría que «dar una vuelta al asunto», además de plantear la modificación de las normativas municipales. «Hay que buscar soluciones rápidas con medidas cautelares que entren en vigor y pese a que se puedan recurrir», ha propuesto.
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