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En el momento de su detención, los dos albaneses tenían 32 y 45 años. Se dedicaban a colar a compatriotas en barcos que partían de Bilbao y Santander con destino a Reino Unido. Lo intentaron, al menos, con 52 personas, en 14 ocasiones. Les acogían ... en Bizkaia. Les conseguían un alojamiento y después buscaban el momento oportuno para subirles como polizones o introducirles en los bajos de camiones que iban a ser embarcados para navegar hasta Inglaterra. Todo ello aún a riesgo de poner en peligro sus vidas. Cobraban hasta 15.000 euros por cada persona, tal y como consta en las investigaciones de la Guardia Civil, y no dudaban en volver, de vez en cuando, a su país de origen para buscar más clientes.
En Albania hay un gran interés por llegar a Reino Unido, donde hay una colonia muy fuerte de estos ciudadanos, algunos de ellos dedicados a la mafia del narcotráfico, la prostitución y el delito. Desde 2010, sus habitantes pueden viajar a los países de la Unión Europea, como España, con un visado de 90 días, pero Inglaterra está fuera de esos acuerdos migratorios.
Los dos acusados fueron detenidos en octubre de 2022 y entraron inmediatamente en prisión provisional. Y, aunque hace dos meses reconocieron los hechos ante la Audiencia vizcaína, ya están en libertad, según ha podido saber este diario. La Fiscalía, que pedía inicialmente una pena de seis años de cárcel, llegó a un acuerdo con su abogada para que resultaran condenados a solo dos. Hay que tener en cuenta que el tráfico de personas se castiga con un mínimo de 4 años y un máximo de 8.
¿El motivo de este pacto? Al no haberse realizado actuaciones judiciales durante más de un año y medio, el caso estaba afectado por lo que se denomina jurídicamente dilaciones indebidas, lo que constituye un atenuante muy importante. A ello se une que ambos carecían de antecedentes. De ahí que el Ministerio Público buscara una salida de conformidad.
La detención de estos dos individuos se produjo el 5 de octubre de 2022. El caso recayó en el Juzgado de Instrucción número 3 de Barakaldo. La Guardia Civil arrestaba a 5 personas en Portugalete y Muskiz y a dos más en Madrid. A todas ellas les imputaba la pertenencia a una mafia albanesa dedicada a traficar con inmigrantes. El instituto armado cerraba así la operación 'Épiro', bautizada de esa forma por el histórico reino balcánico situado a caballo entre Albania y Grecia.
Pero de esos 7 identificados solo llegaron a juicio dos. El resto quedó en libertad. Los ahora excarcelados reconocieron hasta 14 acciones en las que intentaron colar a compatriotas en Bilbao y Santander. Fue entre agosto de 2020 y el otoño de 2022. Utilizaban dos modus operandi distintos. El más común: acudían a estaciones de servicio (sobre todo a la de Altube) y localizaban camiones que iban a embarcar en los ferrys ingleses. Acto seguido, rompían los candados y les acomodaban en los remolques. A veces, también les encaramaban a los bajos del vehículo.
El otro proceder consistía en burlar los sistemas de seguridad de los puertos de Santander y Bilbao y subirse a algún carguero. En varios casos, estas acciones acababan mal. Los inmigrantes salían de sus escondites al «sentir dificultades para respirar y marearse» porque se enfrentaban a un «riesgo grave de asfixia».
Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil fueron largas y laboriosas. Los albaneses llevan tiempo asentándose en la zona de Santurtzi y Zierbena, donde hace unos años llegaron a levantar un campamento ilegal a la espera de colarse en el Puerto. En 2020, el instituto armado detectó a un grupo supuestamente organizado que se dedicaba a facilitar este tráfico de personas. Un delito que el Código Penal español castiga con penas de cuatro a ocho años de prisión. En este caso, además, mediaba el agravante de que hubo «riesgo para la vida de las personas».
Pero ¿qué ha pasado para que la pena haya sido de solo dos años? En la sentencia se dice que el auto que dio origen a las pesquisas se firmó el 28 de septiembre de 2020 y que el escrito de acusación no se formuló hasta el 5 de abril de 2023. Fuentes jurídicas consultadas por este diario añaden que «no se practicó prueba» durante demasiado tiempo.
La Guardia Civil asegura que la operación 'Épiro' fue muy compleja. Fue «un reto» en el que «se utilizaron todos los medios humanos y materiales de los que disponía el Grupo de Información de Bizkaia». Se realizaron vigilancias y seguimientos durante meses, con la dificultad añadida de que «no era una organización ordinaria debido a la continua alternancia en nuestro país de los investigados y la obligación de los guardias civiles en cumplir con las fases preparatorias del enjuiciamiento, sin vulnerar los derechos fundamentales que amparan a los investigados», apunta una portavoz. «La prioridad fue el aseguramiento de las vidas de los inmigrantes, que corrían peligro», explicó.
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