Euskadi compensará a la víctima cuando el agresor o el seguro no cubran el daño

La reforma se ha elaborado siguiendo un amplio proceso participativo, liderado por Emakunde, en un contexto de agitación social en torno a la igualdad. Las reacciones al juicio a 'La Manada' o el movimiento internacional #MeToo han amplificado el altavoz contra toda forma de agresiones hacia la mujer. Enfrente, el discurso negacionista de Vox, que ha calado en votos y elevado las alarmas. El Día contra la violencia de género que se celebra mañana recordará la magnitud de este grave problema.

En el apartado legislativo, Euskadi pretende reforzar y adaptar la norma a las nuevas leyes de protección a la infancia y a la adolescencia, y a la Ley del Estatuto de la Víctima. A lo largo de los dos últimos años, se han elaborado tres borradores, tras las sucesivas aportaciones de asociaciones de mujeres, consejos consultivos y administraciones. En el documento analizado por el CES, cuyas conclusiones no son vinculantes, pero sí suelen ser escuchadas por los legisladores, se identifican catorce aspectos centrales. Uno de los más novedosos plantea «la necesidad de reconocer y garantizar el derecho a la reparación de las víctimas», lo que implica mayor apoyo económico. Pero va más allá. La ley reconoce el derecho a las víctimas a la reparación y refleja la obligación de adoptar medidas para garantizar a todas las víctimas y supervivientes «una indemnización proporcionada, el reconocimiento de la verdad, la garantía de no repetición de los hechos violentos y una completa recuperación a través de los correspondientes recursos públicos de atención».

Se trata, en el fondo, de detenerse en la pregunta fundamental de qué ocurre después de que una mujer presenta una denuncia, el principal mensaje que se traslada a las víctimas para que el grave problema de la violencia de género no quede oculto como un asunto privado y pueda garantizarse la protección a estas mujeres. La creación del fondo público serviría para garantizar a las víctimas la indemnización recogida en la sentencia judicial, cuando esta no es abonada por su agresor condenado o por los seguros correspondientes.

Otro desafío importante en el que se detiene la futura normativa es la formación del personal de las administraciones públicas vascas, y en particular, el implicado en la respuesta frente a la violencia machista, «una formación inicial y continua obligatoria». La denuncia no será requisito para el acceso a la atención. Así, a través de la valoración mediante un informe de los trabajadores sociales, una mujer podrá encontrar los apoyos necesarios para huir del maltrato. Los profesionales urgen a que se aceleren esos cambios.

El texto presta especial atención a la necesidad de «dotar de mayor protección a la infancia y adolescencia». La ley considera expresamente como víctimas y supervivientes de la violencia machista contra las mujeres a las niños, niñas y adolescentes, y otras personas dependientes que convivan en un entorno en el que se ejerza la violencia.