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«Tenemos plazas suficientes para acoger a las familias que se han quedado fuera de las haurreskolak. Ahora hace falta valentía política para dar respuesta a esta realidad contando con nuestras plazas». Así se expresa Eder Zaldivar, presidente de Giarbi, asociación que agrupa a 25 ... escuelas infantiles autorizadas por el Gobierno vasco en Euskadi. El diagnóstico lo comparte Aitziber Aguirre, presidenta de Haurpribi, que cuenta con 27 centros asociados en Bizkaia. Junto con Giarbi, representan al 60% del sector.
La situación por la que atraviesan estos centros es delicada. La gratuidad de la red pública, unida a la concertación de las aulas de dos años en los colegios concertados, ha puesto en jaque su modelo. Una jornada completa con servicio de comedor en estas escuelas ronda los 400 euros mensuales, lo que hace que resulte muy difícil ser competitivos. Ahora mismo tienen «entre 600 y 700» inscripciones menos que en julio del año pasado, cuando tenían 4.500 matrículas. Las cifras de este año indican que están al 75% de ocupación, mientras que hace doce meses estaban al 90%.
Hay, además, otro factor. «Las familias vulnerables que se queden fuera de los centros públicos no pueden asumir el precio de nuestra matrícula», abunda Zaldivar, lo que genera «un problema de equidad». En un contexto de baja natalidad, en el que se prevé el cierre o la fusión de centros escolares en los próximos cursos, los portavoces consultados se muestran críticos con la decisión del Ejecutivo autonómico de abrir 400 nuevas plazas el próximo año para dar respuesta a las familias que se han quedado sin plaza pública. La construcción de una haurreskola, calculan, supondría tres millones de euros.
«¿No sería más rápido, económico, fácil y factible derivar a esos niños y esas niñas a las escuelas privadas autorizadas y otorgarnos plazas públicas, o concertar nuestras escuelas o simplemente aumentar nuestra subvención al nivel de la gratuidad?», se cuestionan Zaldivar y Aguirre en una carta enviada a principios de julio al Departamento de Educación, a la que ha tenido acceso este periódico. «No pedimos hacer nuestros centros públicos, pedimos igualdad en la gratuidad para todas las familias».
La inversión que hace el Ejecutivo en la red pública y en la privada es desigual. Según datos del Departamento, Educación destina 13.454 euros por cada alumno de la red pública y 1.644 por cada plaza privada autorizada, lo que «nos da para cubrir un 30% de la plaza, aproximadamente», calcula Aguirre.
«Hemos resuelto la papeleta durante toda la vida», se queja. «Cuando nosotros abrimos no había ni guarderías públicas ni aulas de dos años. ¿Ahora que hay plazas en las haurreskolak y cada vez entra más pequeños al colegio les sobramos?», lamenta. «Somos de barrio, pequeños y cercanos», apunta, por su parte, Zaldivar. «La gente valora muy bien nuestros servicios».
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