La Ertzaintza sospecha que detrás de tres desaparecidos en Bizkaia hay un crimen

Ángel Echevarría tenía 20 años cuando desapareció del barrio de Otxarkoaga. En la actualidad, tendría 28. Maite Eguiguren, de 63 años, salió de su domicilio en Zaldibar para quedar con unas amigas y ya nunca más se supo de ella. No cogieron el metro y ninguna de las cámaras situadas en los alrededores de sus domicilios recogió sus movimientos. No llevaban bolso ni dinero como para subsistir mucho tiempo.

El caso de Miguel Ángel es algo distinto. El pasado mes de septiembre llegó a haber un detenido en Amorebieta por su presunta relación con su desaparición hace un año. El arrestado quedó en libertad tras ser puesto a disposición judicial. Los ertzainas registraron en profundidad su vivienda. El hombre, de 52 años, trabajaba como albañil y era miembro de una familia numerosa muy conocida del municipio. La investigación de la Ertzaintza continúa en busca de nuevos indicios.

Pero esto es sólo la punta del iceberg de un gran problema, que miles de familias sufren en silencio. En lo que va de año, la Policía autonómica ha recibido en Bizkaia 2.657 notificaciones de desapariciones, de las que sólo 623 se tradujeron en denuncia. La mayoría se resuelven en las primeras horas con el regreso de los ausentes a su domicilio. «Sólo un 3% de las denuncias terminan el año sin resolver, pero aunque sea un porcentaje pequeño a la Ertzaintza le preocupa y le ocupa», afirma Hugo Prieto, comisario jefe de la Unidad de Cooperación y Coordinación, que fue responsable de las secciones centrales y del control de las desapariciones.

Estas se clasifican según el riesgo sea «limitado, alto o con indicios de criminalidad». Las primeras corresponden a personas cuya vida en principio no corre peligro y que puede tratarse de una marcha voluntaria. En las segundas se enmarca a personas especialmente vulnerables, como menores, mayores que necesitan medicación o víctimas de violencia de género. De las 104 desaparecidas en Bizkaia este año, 83 presentan riesgo limitado y 17, alto.

53 desapariciones permanecen activas en el territorio. Cada vez que se realiza una de estas comunicaciones a la Policía autonómica, se abre una «ficha», con datos básicos para trasladar a las comisarías y que se inicie la búsqueda. «Lo de que hay que esperar a que pasen 24 horas es una leyenda inventada por un guionista de televisión para que en ese tiempo el padre coraje vaya a buscarlo», afirma con ironía Prieto, quien advierte de la importancia de denunciar cuanto antes. «Tiempo que pasa, verdad que huye y riesgo que aumenta». Tras unas comprobaciones básicas, como llamar a su móvil y a sus amigos e ir a los sitios que suelan frecuentar, cuando la conducta «está fuera de su comportamiento habitual» y empiece a generar angustia, hay que ponerlo en conocimiento de la Ertzaintza. Otro de los mitos es que sólo puede presentar la denuncia un familiar. «Cualquier persona puede hacerlo, incluso la propia Ertzaintza en casos de indigentes».

En cuanto a las edades, cuando son niños, suele tratarse de descuidos o travesuras; con los adolescentes subyacen problemas de adaptación, escolares o bullying y, en los adultos, crisis laboral o existencial, síndrome del nido vacío... Y en los más mayores aparecen demencias como Alzheimer incipientes. «Le mandamos a aita a que compre el pan creyendo que le hacemos un favor y al salir de la panadería no sabe si es para la izquierda o para la derecha», advierte. Una caída y unas malas condiciones climatológicas pueden resultar letales.

«Tenemos una responsabilidad individual. Vamos cegados con el móvil y no vemos a ese señor con la mirada pérdida que necesita ayuda», advierte Marisol Ibarrola, organizadora de las jornadas de desaparecidos que se celebraron durante años en Arrigorriaga.

Los agentes de la Unidad Central de Investigación no se olvidan de los casos. Una aplicación les recuerda cada cierto tiempo si no han documentado ninguna novedad en ese expediente. Se suele nombrar un agente como enlace con la familia, que llama al que ha sido designado como portavoz. La más antigua, desde que se tiene un registro informático, data de 1976. «Dejan de estar activas en la base nacional de desaparecidos en cuanto a búsquedas a partir de que la persona hubiera cumplido 110 años, aunque continúa abierta para cruce de ADN en hallazgos de restos humanos y cadavéricos».

«El ausente no se lleva sus obligaciones. Las deja y las tiene que afrontar su familia», apunta Ibarrola. Quedan la hipoteca, la dirección de una empresa, el piso y sus gastos de luz o agua... y un montón de «trabas burocráticas porque un desaparecido no es nadie». Para declararle ausente, debe pasar un año, y la designación como fallecido no llega hasta los diez, cinco en caso de mayores de 75 años.

Ana Herrero, madre de Borja Lázaro, el vitoriano de 34 años que desapareció en Colombia en 2014, declarará a su hijo como fallecido en enero. «Las familias nunca lo querríamos hacer, pero es un paso judicial necesario» para poder gestionar sus bienes, y no dejarle el problema a su hermano en el futuro. Borja vivía en Luxemburgo y tenía allí un piso, del que su madre se ha tenido que responsabilizar a miles de kilómetros de distancia, «a parte del susto y del dolor por la pérdida». Son «diez años sin tener nada. Nos tenemos que temer lo peor», asume.

La única esperanza que aún alimenta es «saber qué pasó». Ella le da vueltas y ha llegado a la conclusión de que Borja tuvo que tener un «incidente». «Que haya sido voluntario está descartado porque él era un viajero empedernido y siempre comunicaba cuando se movía». Sus blogs, en los que colgaba fotos de su viajes, quedaron congelados hace una década y sus cuentas bancarias bloqueadas. En palabras de Paco Lobatón, la desaparición es «una muerte tacaña, que no te deja llorar ni enterrar a tu ser querido».