Los incidentes generados en torno al centro de menores inaugurado el 25 de marzo en Sopuerta, que llevaron a los vecinos a denunciar altercados en numerosas ocasiones, parecen ya pertenecer al pasado. El Palacio de Quintana, que acoge a adolescentes sin vínculos familiares, lleva más ... de un mes sin registrar problemas que requieran la presencia policial. Pero, antes de llegar a este punto, en el que ha mejorado la convivencia tanto en la instalación como con el entorno, la Ertzaintza tuvo que intervenir hasta en 31 ocasiones, una cada dos días.
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La Diputación de Bizkaia, responsable del servicio de acogida, llegó a entregar hace un par de meses las llaves del recinto a los responsables de la comisaría de Balmaseda para que pudieran actuar si se repetían estos episodios. El dato de las actuaciones lo ofrece el jefe de la Policía autónoma, Josu Bujanda, en un informe remitido al Parlamento vasco a petición del PP. De las «actuaciones incidentales», aquellas en la que los agentes se desplazaron «a requerimiento de la ciudadanía o particulares», un total de quince tuvieron lugar en abril y dieciseis en mayo. Desde el día 24 de ese mes y hasta el 27 de junio, cuando está fechado el documento, no han tenido que volver a intervenir.
El fin de la conflictividad coincide en el tiempo con el traslado de los menores más problemáticos. En mayo, de hecho, la diputada foral de Acción Social, Amaia Antxustegi, avanzó que los chavales que padecían «trastornos de conducta complejos» iban a ser atendidos en «recursos más especializados».
El responsable policial también vincula en su informe esos episodios a «algunos menores con ciertas patologías», sucesos de los que los profesionales del centro «también se convertían en víctimas por las amenazas y agresiones ocasionales que sufrían». Matiza, no obstante, que «en la mayoría de los casos» las actuaciones policiales consistieron en «tranquilizar» a alguno de los menores que padecían esos trastornos.
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La Ertzaintza desplegó entonces «una estrategia de seguridad pública» que tenía una «vocación preventiva, colaborativa y de cercanía». En ese sentido, se trató de «normalizar» la presencia policial en el centro con lo que Bujanda denomina «korrikas pedagógicas», dirigidas a que los menores «asimilasen» ver a los agentes por el recinto.
Esa medida tenía un doble objetivo: que los uniformados conocieran las instalaciones y su entorno para poder actuar «de manera más eficiente» en caso de producirse algún suceso y que los trabajadores se «empoderaran» y recuperaran «una sensación de seguridad que los incidentes les habían arrebatado». Entre el 20 de mayo y el 27 de junio, los agentes se realizaron catorce korrikas.
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De forma paralela, los agentes, «personal uniformado» de la comisaría de Balmaseda, ofrecieron a la treintena de adolescentes atendidos en el centro dos charlas divulgativas sobre conductas incívicas como las que ofrecen en colegios y asociaciones. «Los menores las aceptaron de muy buen grado y se produjo una situación que se viene repitiendo allá donde se imparten: la conexión entre los menores y los agentes y la confianza que se genera», sostiene el intendente en su escrito.
El jefe de la Ertzaintza cree que, cuando se conoció la próxima apertura del centro, entre los residentes de esta localidad rural, de 2.500 habitantes, «se generó una sensación subjetiva de inseguridad que fue calando entre ellos», una «percepción» que estaba «muy enraizada» entre los propios vecinos y a la que contribuía «la constante presencia policial». En su opinión, y como «resultado de la actividad realizada», entre la que destacan los «encuentros» mantenidos con la dirección del centro, con la Diputación, con el alcalde y con las asociaciones y vecinos, se ha producido «la reducción total de la conflictividad».
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Además, se ha conseguido «un clima apropiado» para que los usuarios y los profesionales de las instalaciones desarrollen sus actividades «con seguridad» y ha disminuido «la sensación subjetiva» de riesgo entre los residentes. Los centros de menores extranjeros no acompañados, concluye Bujanda, presentan una «rotación frecuente» de usuarios, por lo que «la salida de unos y la llegada de otros» puede provocar que «determinadas conductas» deriven en nuevas demandas de «actuación» de la Ertzaintza.
Confía, en cualquier caso, en que «las actividades llevadas a cabo» en el centro de Sopuerta, y la colaboración de la Policía vasca con la dirección del centro, la Diputación, el Ayuntamiento y la Sección de Menores de la Fiscalía, permitirán que «las situaciones» que se produzcan en el futuro «sean abordadas y solucionadas de manera coordinada y satisfactoria».
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A finales de junio, el Aula de Cultura de Sopuerta acogió una reunión en la que participaron responsables y trabajadores del centro, la jefa de Infancia del área foral de Acción Social y dos coordinadoras, la Corporación, asociaciones y vecinos. Según Bujanda, el resultado fue «muy positivo» y «en términos constructivos». El Ayuntamiento publicó un resumen en sus redes sociales y puso en valor la necesidad de trabajar «como pueblo» en la integración «plena de los chavales en la vida diaria» de la localidad. «Quedó claro, y está en el ánimo de las instituciones que participaron en la mesa informativa,conseguir entre todos que este proyecto cumpla su cometido de acogida», reitera el documento.
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