La Ertzaintza detectó «indicios de criminalidad» en la gestión de la escombrera, según el sumario

En este sentido, la Policía autonómica tiene la «convicción» de la existencia de «indicios de criminalidad» relacionados con dos delitos concretos: un primero cometido contra los recursos naturales y el medio ambiente, ya que se ha puesto en «riesgo grave» el entorno natural y «la salud de las personas». Y otro contra los derechos de los trabajadores. Estas conclusiones indiciarias de la Ertzaintza figuran en el sumario judicial abierto por el Juzgado de Instrucción número 1 de Durango, que ha asumido en un mismo procedimiento las dos causas que se incoaron a raíz del derrumbe del vertedero, una por delitos medioambientales y otra por vulneraciones de los derechos de los operarios.

Lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar, que se desplomó en una zona aproximada de 20 hectáreas sepultando a Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, es considerado por numerosos expertos como el mayor desastre medioambiental en la historia de Euskadi. De hecho, la gravedad de lo ocurrido llevó al juzgado a declarar la complejidad de la causa y a decretar el secreto de las actuaciones el 12 de febrero. Esta última ha sido una medida excepcional que ha impedido a las partes conocer las pruebas que se estaban practicando con el objetivo, entre otros, de que no se pudiera entorpecer el desarrollo de la investigación.

El secreto de sumario se levantó a finales de marzo y dese entonces no ha dejado de engordar. Contiene información muy variada. Desde detalles que, en principio, no tienen relación directa con lo ocurrido, hasta expedientes administrativos de cientos de páginas que los investigadores han analizado para delimitar las responsabilidades. Por ejemplo, se sabe gracias a la inspección ocular que realizaron los instructores de la Ertzaintza que el vertedero ocupaba supuestamente no sólo las parcelas para las que tenía autorización administrativa, sino también otras de matorral y de monte frondoso. También se sabe en base a un informe de la inspección de trabajo que Verter, en el marco de una Unión Temporal de Empresas (UTE), adoptó un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en 2016 para dos de sus trabajadores.

El sumario contiene también una cronología de los hechos -ya conocidos- que sucedieron desde que se recibió el aviso de un movimiento de tierras sobre la autopista a las 16.02 horas del 6 de febrero hasta que se tuvo que suspender el rescate de madrugada, tras conocerse que aquel vertedero estaba lleno de amianto. En un primer momento, la prioridad absoluta -explican los instructores- eran las tareas de búsqueda de los desaparecidos y las diligencias de investigación sobre el terreno quedaron en un «segundo plano». En este contexto, una de las primeras resoluciones que adoptó el juzgado fue aprobar una orden de entrada y registro en las instalaciones de Verter en Eibar el 14 de febrero. Esta medida, a la que se opusieron sin éxito los servicios jurídicos de la compañía, fue solicitada por la Ertzaintza al conocer que el vertedero contaba con un sistema de videovigilancia que grababa, por ejemplo, la zona por la que accedían los camiones. Se sabía que el servidor estaba bajo los escombros, pero se sospechaba que podía haber un dispositivo auxiliar en las oficinas de Eibar. De este local se incautó diverso material informático, pero no se consiguieron las grabaciones.

El Ministerio Fiscal también solicitó otra serie de documentos. Por ejemplo, los informes del Registro Mercantil relativos a Verter y a la empresa de Joaquín Beltrán, que se encargaba de distribuir los residuos que entraban en los camiones. También se pidieron los expedientes administrativos y las copias de las tres inspecciones que los técnicos del Departamento vasco de Medio Ambiente realizaron al vertedero. La última de ellas se llevó a cabo meses antes del desastre y, como ya informó este diario, concluyó en una sanción por la existencia de irregularidades. El juzgado también reclamó información a Geiser HPC, la empresa que construyó el vertedero de Zaldibar y que cambió la «práctica totalidad» del proyecto que había sido diseñado por otra ingeniería (LKS) y que había conseguido la autorización del Gobierno vasco.