Bilbao «dejará deambular» a los 'sin techo' conflictivos hasta que un juez decida qué hacer con ellos

JOsé Domínguez | Ivia Ugalde

Viernes, 27 de marzo 2020 | Actualizado 28/03/2020 14:59h.

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La declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus en Bilbao sorprendió a 350 'sin techo' deambulando por sus calles. Y según exige la ley, el Ayuntamiento se vio obligado a garantizarles un confinamiento seguro en instalaciones públicas. Lo hizo en albergues y polideportivos aunque tras la proliferación de peleas y verse obligado a sofocar hasta un motín, el área de Servicios Sociales decidió expulsar a siete de ellos, sobre todo jóvenes que estaban en las instalaciones de Txurdinaga.

La medida, que buscaba «tranquilizar los ánimos» entre el resto de internos, ha provocado sin embargo las críticas de la ciudadanía, que teme que su constante presencia por la vía pública genere problemas, y sobre todo, mayor riesgo de contagio. El sindicato policial Erne ya ha dado la voz de alarma «porque los agentes no podemos intervenir más», y ha advertido que el lunes denunciará ante la Fiscalía a la institución local, a las instancias judiciales «y a las administraciones que correspondan», por «no hacer nada contra esta problemática». Responsables del equipo de Gobierno, sin embargo, anunciaron ayer que «se les dejará deambular, intentando, en la medida de lo posible tenerlos controlados, hasta que instancias superiores arbitren la manera legal de solucionar esta situación».

Según recordaron las mismas fuentes, estas personas fueron expulsadas de los centros «por su comportamiento antisocial, conflictivo y violento». Y por eso, insistieron en que, con ellos, «las policías no aplicarán lo que al resto de los 'sin techo'». La medida, en cualquier caso, contaría con respaldo legal, ya que «se hace de acuerdo a la recomendación del Ministerio de Servicios Sociales» para las personas que incumplen «de forma reiterada las normas de obligado cumplimiento en los recursos de confinamiento».

Para el secretario general de Erne, Roberto Seijo, el desentenderse no es una solución. «El estado de alarma dice que deben estar confinados, y así deberían mantenerse porque no sabemos si tienen problemas psicológicos, o lo que es peor, si son positivos por coronavirus», aseguró.

La situación se complica, a su juicio, porque la ciudadanía exige a las fuerzas del orden que intervengan, «pero cuando los agentes les detienen resulta inútil». Porque, según lamenta, «los jueces les dejan salir al momento ya que dicen que no les van a encarcelar por desórdenes públicos, aunque algunos fuesen graves».

El representante policial, adelanta que interpondrá la denuncia «por un presunto delito contra la salud pública» al permitir que se eleve el riesgo de contagio al no confinarles. Y no limitó el número de responsables, «sino que deberá ser el fiscal, y el juzgado que corresponda, quien haga una investigación y determine a cuántas administraciones o instancias judiciales se les puede achacar esta inacción».