En enero se celebrará el primer juicio por corrupción en Alonsotegi, aplazado por la muerte de un exalcalde

Con su muerte, la posible responsabilidad penal del exregidor (gobernó el municipio encartado entre 2011 y 2015) queda extinguida, al igual que sucedió con otro de los acusados: un técnico que tampoco será juzgado. De esta forma, se sentarán en el banquillo un arquitecto, dos constructores y una exasesora del Ayuntamiento. Se les acusa de los delitos de fraude en subvenciones públicas, malversación, falsedad y prevaricación.

El sumario llega finalmente a la fase de vista oral y lo hace después de que el pacto alcanzado entre las partes en marzo de 2022 para zanjar el asunto sin la intervención del juez saltara por los aires en el verano pasado. Los procesados habían llegado a un acuerdo para declararse culplables, evitar la cárcel y devolver los casi 700.000 que supuestamente desviaron. Sin embargo, uno de los implicados no hizo frente al calendario de pagos ni aportó las suficientes garantías que la acusación popular, ejercida por EH Bildu (fue el grupo que destapó y denunció el caso), exigía.

La coalición abertzale, que pide 8 años de cárcel, se muestra ahora indignada con la lentitud de la Justicia. Los hechos se produjeron hace ya 12 años y quedan aún otros dos sumarios por supuestos delitos de corrupción abiertos que implican a dos alcaldes de la localidad que gobernaron incluso antes, entre 1999 y 2011.

Según la Fiscalía, los procesados urdieron una trama para hacerse con el dinero (600.000 euros procedentes de la Diputación más otros 81.392 euros que salieron de las arcas del Consistorio). Aprovecharon unas lluvias torrenciales que se produjeron entre el 4 y 6 de noviembre para pedir dinero público y reparar tres instalaciones (los bajos de la casa consistorial, el ambulatorio y un muro en la carretera general). El fiscal, que pidió seis años de cárcel, considera que tales obras no eran necesarias y tampoco se llegaron a ejecutar.

En cambio, sí se prepararon informes municipales para justificar su necesidad y para acreditar que habían sido presuntamente realizadas. Erezuma, que reconoció en su declaración ante el magistrado los pagos, siempre defendió que no se llevó un euro. Admitió haberse saltado el procedimiento con el propósito de saldar una fuerte deuda que el Consistorio mantenía con los dos constructores por otro proyecto contratado antes de su mandato por sus antecesores.