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Alberto Echaluce
Lunes, 17 de febrero 2020, 01:10
La empresa Verter Recycling, que gestiona el vertedero de Zaldibar, está en el ojo del huracán desde que el pasado día 6 una avalancha de ... tierra y desechos convirtiera la escombrera en una trampa mortal que se tragó a dos operarios. Entre acusaciones de irregularidades, amenazas de sanciones y sospechas de connivencias, la compañía ha comenzado a armar el entramado de sus alegaciones. Su principal argumento es que el alud se produjo por causas ajenas que no tienen nada que ver con el funcionamiento del vertedero.
A las pocas horas de producirse el derrumbe, los geólogos del Gobierno vasco que se personaron en el lugar preguntaron a los propietarios si se habían producido explosiones o movimientos de tierra en la zona. No supieron qué contestar en ese momento, pero no se olvidaron de ese comentario y recordaron la construcción de la variante de Ermua.
Esta vía de comunicación fue inaugurada el 17 de septiembre de 2018 tras dos años en los que los movimientos de las laderas colindantes a la escombrera fueron importantes. La compleja obra obligó a revolver un millón de metros cúbicos de tierra, de los cuales más de la mitad se emplearon para rellenos en la propia infraestructura y a desviar la vía férrea Bilbao-Donostia. Todo este trasvase de material, junto con las lluvias del pasado noviembre, habría causado el derrumbe, sostienen fuentes de Verter Recycling. Para corroborar esta hipótesis, la firma ha contratado a geólogos y expertos en construcción que se encargarán de comprobar las afecciones provocadas por las obras de la carretera en el entorno de sus instalaciones.
Con este argumento, tratarán de mostrar que son motivos ajenos y no la modificación del proyecto los que pueden explicar las razones de la avalancha, porque es aquí donde se centran las sospechas de presuntas irregularidades. La empresa obtuvo en 2007 la autorización medioambiental otorgada por el Gobierno vasco para explotar el vertedero. Para dar su visto bueno, el Ejecutivo se basó en un informe elaborado por la ingeniería LKS, pero Verter Recycling fichó poco después de conseguir el visto bueno a otra ingeniería que modificó gran parte del proyecto original. Según los expertos, si el diseño final contiene modificaciones sustanciales respecto del que recibió la autorización, debería haber sido sometido a un nuevo proceso de aprobación administrativa.
La autorización para gestionar las instalaciones constata que la superficie reservada para el vertedero era de 137.259 metros cuadrados y la capacidad útil del vaso de vertido de 2.744.975 metros cúbicos. «Un monstruo», sostienen especialistas en geología, al tratarse de una instalación situada junto a núcleos urbanos. No obstante, según fuentes de la empresa, los dos últimos años el ritmo de acopio de residuos alcanzó los 500.000 metros cúbicos cada ejercicio, con lo que la escombrera se encontraba al 75% de su capacidad.
Otro de los ejes en los que también se basa la defensa del vertedero son las inspecciones a las que se habían visto sometidas las instalaciones. Según la compañía, en ninguna de estas revisiones se habían apreciado indicios de la posibilidad de un deslizamiento y todas ellas habían sido visadas por un largo número de técnicos.
Verter Recycling trata así de contrarrestar las informaciones que han revelado que no todas estas inspecciones llegaron a conclusiones positivas. Hasta ahora constan tres visitas de los inspectores, y en la última, en junio de 2019, sí constan irregularidades.
En su informe, los técnicos dictaminaron la existencia de incumplimientos en aspectos como«las autorizaciones, la protección del agua, los residuos y las condiciones específicas de los vertederos». Tras el derrumbe, la empresa ha sostenido que las «indicaciones de mejora» que les trasladó el Gobierno vasco «fueron cuestiones puntuales que en la actualidad estábamos en proceso de aplicación». E insisten en que «en ningún caso los informes ponían en cuestión la estabilidad de la estructura del vertedero».
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