Esto es lo que hace una trabajadora de ayuda a domicilio: llega a la casa de la persona a la que asiste (sobre todo, mayores, pero también discapacitadas), analiza lo que necesita de comida, baja a hacer la compra, cocina, atiende a la usuaria en ... su aseo personal, ordena la sala, hace la cama, limpia el baño... Mientras, conversa. Hablan de los nietos, de lo que dan en la tele, o del tiempo que hace. Mucha de esa gente que recibe ayuda no tiene más contacto con el exterior que esta visita, donde también se despacha compañía y cariño. A menudo hay que bajar a la farmacia a por pañales y recetas. Y todo esto se ejecuta «en una hora o, como mucho, hora y media». No puede prolongarse durante más tiempo porque, a continuación, hay que salir a otro domicilio y vuelta a empezar.
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El relato es de Alicia Graña, responsable para el sector de la ayuda a domicilio en Bizkaia del sindicato CC OO, mayoritario en este ámbito de actividad. En fin, que lo que hacen estas profesionales es todo lo necesario para que las personas con ciertas limitaciones aguanten lo más posible en sus casas, retrasando el momento de su ingreso en una residencia. «Somos cocineras, limpiadoras y psicólogas». Pero también, de algún modo, nutricionistas, «porque no todas las personas pueden comer de todo», y economistas, «porque las pensiones de mucha gente dan para muy poco y tienen que durarles todo el mes». Así que cuidado a la hora de hacer la compra.
Las trabajadoras del sector, esenciales para cubrir las necesidades de una sociedad cada vez más envejecida, llevan años de movilizaciones porque no se les renueva el convenio colectivo desde 2015. «En este tiempo hemos perdido el 11,2% de poder adquisitivo», se duele Graña. Eso sí, las empresas cada vez ganan más.
La cuestión es que los ayuntamientos contratan a firmas para prestar este servicio y en estos últimos ocho años «el precio por hora ha subido de media en Bizkaia un 23%». Pero nada de ese incremento ha ido a los bolsillos de esas trabajadoras, que se mantienen con los 24.121 euros brutos al año de 2015. Eso, claro, quienes tienen jornada completa. «Pero la mayoría de las trabajadores tienen contratos parciales» que les abocan a salarios bajos a cambio de una entrega que no solo se traduce dentro de los domicilios, sino en desplazamientos que en ocasiones incluyen viajes de kilómetros.
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Han tenido que protagonizar una de esas protestas extravagantes propias de nuestros tiempos, enseñando las tetas la semana pasada en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, para que la administración les haga algo de caso. El Consistorio sacó adelante una propuesta para instar a las empresas y sindicatos a llegar a un acuerdo y, de no lograrlo, acudir al servicio de mediación del Ejecutivo vasco. Aunque esto más que nada, no deja de ser otro pronunciamiento voluntarista. Además, «no es algo que se le haya ocurrido a Aburto; el Gobierno vasco ya había mediado en 2019, pero las empresas se levantaron de la mesa y nos dejaron con la palabra en la boca».
El conflicto tiene en Bilbao una plaza importante porque la capital concentra a 854 de las 1.200 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD) de Bizkaia. Desde los sindicatos denuncian que el Ayuntamiento paga ahora a las tres empresas que prestan el servicio 34,16 euros la hora; y las firmas pagan a sus empleadas 15,5. Como es lógico, el coste esencial y abrumadoramente mayoritario es en salarios, así que las trabajadoras denuncian que los incrementos de precio con cargo a las arcas públicas van exclusivamente a aumentar el beneficio empresarial. Las empresas en Bilbao (Sacyr, Aztertzen y Aurrerantz) no quisieron hacer declaraciones ayer. Tampoco el Ayuntamiento.
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Las trabajadoras también denuncian que hay un aumento de la carga de trabajo porque mientras la población envejece el número de profesionales mengua. «Hace diez años éramos más de 1.500 en Bizkaia, 300 más que ahora», lamenta Graña.
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