Las residencias vascas no ven necesario ampliar las habitaciones

La patronal, que dispone del borrador desde la semana pasada, ve «aciertos» y «errores» en la propuesta. A Aitor Pérez Artetxe, portavoz de la asociación mayoritaria en Bizkaia, Gesca, le «llama la atención» que se modifique el tamaño de las habitaciones: a 15 metros cuadrados las individuales y 22 las dobles. A este respecto, recordó que ya se había ampliado en 2019 y señaló que «somos la comunidad autónoma más exigente con eso».

Tampoco entiende por qué los ratios de personal «se aumentan un 15% y no en otro porcentaje», si bien considera que no tendrá «gran incidencia» porque «la mayoría de las residencias» vizcaínas «están por encima» del mínimo ahora exigido. En la misma línea, aseguró que en asuntos como las sujeciones, los protocolos sobre el final de la vida y la digitalización, «se lleva mucho tiempo trabajando en los centros».

En sentido positivo, el portavoz de Gesca valoró que se haya «atendido» el problema de «la falta de personal sanitario», fenómeno por el que, en ocasiones, «no podíamos cumplir» con las exigencias. «Nos quita un peso importante ante las dificultades que tenemos para encontrar médicos y enfermeras», expone.

Por su parte, Babestu, la asociación de usuarios y familiares de residentes y servicios de atención a mayores, lamentó haber conocido el documento «a través de los medios» y acusó al Gobierno de «no tener en cuenta nuestra opinión». En todo caso, considera que la reforma confirma «lo que siempre hemos dicho, que el decreto de 2019 no servía» y reprochó que la modificación «llega tarde», es escasa en relación con el refuerzo de la atención directa y le falta «concreción».

No menos crítica se mostró ELA, la central más representativa entre las 5.000 trabajadoras de residencias en Bizkaia –el 64% de las afiliadas–. En un comunicado, censuró que la tramitación se está haciendo «a espaldas de la plantilla y los sindicatos», que han tenido conocimiento «mediante los medios», y acusó al Gobierno vasco de seguir «apostando por un modelo conflictivo, que solo traerá beneficios empresariales (cita a las constructoras, que se beneficiarán con la ampliación de espacios) y que olvida a trabajadoras y residentes».

El portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, precisó por su parte que el documento se encuentra en el inicio de su tramitación.