Educación avisa a los padres de un colegio vizcaíno que sus 65 alumnos pueden perder el curso

La Consejería de Educación del Gobierno vasco ha lanzado un ultimátum a las familias. Les obliga a «la reincorporación inmediata» en los colegios de origen «que es el único lugar donde pueden ser evaluados», según confirmó ayer un portavoz oficial. No es el primer aviso. Hace unos meses todos los padres fueron convocados por la Inspección Educativa de Bizkaia. El último órdago pone una fecha límite para el reingreso: el 10 de mayo, este viernes. Hace dos días, en asamblea, los padres acordaron por unanimidad quedarse en Osotu.

Los argumentos del Gobierno pivotan sobre «el hecho de que no es un centro autorizado». El problema es que el plan inicial era radicar Osotu Lanbarri en Güeñes, en el edificio de la antigua cooperativa de educación COENEN. Allí presentaron la solicitud y «nos concedieron la Autorización de Educación en Primera Fase. Nos aprobaron el proyecto educativo, es un tema burocrático y transitorio, un asunto administrativo», defienden Mireia Arruabarrena y Ángela Menika Torre, portavoces de las familias de Osotu. «Para cumplir el proyecto había que terminar las obras en Güeñes, que se alargaron por problemas con la primera constructora. Y los mismos padres pedimos ir a Zierbena de forma temporal porque necesitábamos empezar ya. Un año en la vida de un niño es mucho tiempo», destacan.

«Éramos conscientes de que era una irregularidad pero transitoria», admiten. Allí empezaron las clases en septiembre de 2018, algo que «fue comunicado a Educación», cuyos inspectores visitaron el centro. «No está autorizado y los alumnos están matriculados en otros centros», insiste un portavoz de la consejería.

La rama educativa que propone Osotu no es lo que está en discusión. «Cumplíamos todos los requisitos de la nueva ley y de la directriz Heziberri 2020, como nos han reconocido. Se interesaron incluso en que diéramos formación a otros centros de la red pública», recuerda Hernáez. Todo se torció «en junio de 2017 cuando la propia consejera nos trasladó que no habría concertación ese año y nos recomendó empezar ofertando sólo Infantil porque, al no ser obligatoria, generaría menos líos». En aquel momento tenían «más de 400 alumnos inscritos» pero, sin concierto, la cifra se desplomó hasta los 65. El coste de las diez cuotas mensuales (septiembre a junio) asciende ahora a 400 euros. Hoy todavía aspiran a un centro concertado.

Este ultimátum es el último quebradero de cabeza. Al no contar con la autorización, los centros de origen han retenido los expedientes escolares y, aunque los alumnos acuden a diario a sus clases, en esos centros registran cada día como una falta de asistencia. Eso ha provocado que todos los tutores legales hayan sido convocados a reuniones ante la inspección educativa e incluso que «se haya comunicado a la Fiscalía de Menores», como sucede siempre que un estudiante dispara sus ausencias. Se hace «en cumplimiento estricto de la legalidad» ya que los propios inspectores de Educación tienen el listado real de asistencias.

La clave está más en dónde, cuándo y cómo se podrá evaluar a estos alumnos. Educación insiste en que «sólo puede hacerse en los centros donde están matriculados» mientras que los padres sólo contemplan, de forma unánime, que sea en Osotu. «Volver sería muy perjudicial para ellos. Anteponemos su bienestar integral, no sólo a nivel académico sino también emocional», defienden Arruabarrena y Menika.

Según algunas fuentes, la gestión de los expedientes académicos es más compleja en los de sexto curso, que accederían a la ESO, ya que en el resto de Primaria la evaluación es continua. Las notas de los mayores, cuyas últimas modificaciones en caso de error se cursan en septiembre, dejarían un escueto margen pero que podría resultar suficiente. Las obras en Güeñes acabarán en junio. «Sólo hace falta voluntad», coinciden la dirección y las familias, que piden a la consejería reunirse y buscar juntos una solución.