El problema no es la RGI, es Lanbide

«Se puede y se debe hacer la reflexión de si algunos colectivos atendidos por la RGI podrían estar mejor asistidos en servicios sociales, sobre todo aquellos que podamos identificar con una enorme dificultad de integración en el mundo laboral», manifestó Toña, que adelantó que éste es uno de los puntos que estudia la comisión de expertos creada por el Gobierno autónomo para reformar la RGI.

El PP fue ayer el primero en mostrar su opinión a este periódico respecto a la gestión de las ayudas, precisamente veinticuatro horas después de que abogara por un cambio en las políticas sociales del Ejecutivo liderado por Iñigo Urkullu, durante un foro de debate en Vitoria sobre la familia y la acción social.

A la formación conservadora no le parece original la idea del consejero sobre la extracción de parte de la RGI del seno de Lanbide. De hecho, según su parlamentaria Laura Garrido, «ya en 2011, con Patxi López en el Gobierno y Gemma Zabaleta de consejera», el PP vasco planteó «la reflexión de sacar del servicio la tramitación de la RGI a ciertos colectivos sin posibilidad de encontrar un empleo». «Pusimos esto encima de la mesa porque no tenía sentido si el objetivo es conectar la recepción de estas percepciones a la empleabilidad, pero cayó en saco roto» asegura la alavesa.

Garrido es partidaria de que el debate «vaya más allá y sea mucho más profundo». El Partido Popular considera constatado «el fracaso de Lanbide en el cumplimiento de sus objetivos» y estima necesario un replanteamiento para que «realmente sea eficaz en la activación laboral de los desocupados». Y da un dato. «La intermediación laboral es del 3,13%, muy lejos del objetivo del 5% que se fijó para esta legislatura» el anterior consejero de Empleo y Políticas Sociales, el hoy alcalde de Bilbao, Juan María Aburto.

Gorka Maneiro, parlamentario de UPyD en la Cámara de Vitoria, también se muestra partidario de «mejorar el servicio y aumentar el personal» de Lanbide porque «lo único que emancipa al ser humano es el empleo y lograr que la gente que sufre exclusión consiga un trabajo es la mejor política social. Se trata de generar empleo digno y de calidad, no de hacer caridad cristiana desde otro departamento o unidad administrativa», advierte.

Eso sí, el máximo dirigente de UPyD afirma que la RGI «debe estar dentro de Lanbide. Sacarla es constatar una incapacidad de gestión mayúscula». El parlamentario añade que se debe «cumplir la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos que, por un lado, garantiza la ayuda y, por otro, al mismo nivel, señala el derecho de todo ciudadano a la inclusión».

«Un paso atrás»

«La gestión administrativa ha de hacerse con responsabilidad y respeto a la dignidad de las personas y eso, y no tanto el lugar desde donde se haga, es lo más importante». Así opina Podemos Euskadi sobre el planteamiento realizado por Ángel Toña, que el partido morado considera un «error. Lanbide no gestiona bien, pero volver a los ayuntamientos es un paso atrás. Además, es una irresponsabilidad porque el traspaso de competencias perjudicaría a una cantidad elevada de personas por el simple trasiego de cambiar la documentación de nuevo. No es algo que deba plantearse a la ligera».

La formación de los círculos recuerda que «la gestión que hace Lanbide de la RGI es cuestionada incluso por el propio Ararteko y lleva a que se confundan los pagos mal hechos por el Gobierno vasco con los cobros indebidos por parte de los perceptores. No es fraude, es la mala gestión de PSE y PNV». En ese sentido, apuesta «por un sistema de gestión que suponga un verdadero ejercicio del derecho subjetivo de las personas a tener unos ingresos garantizados» y cree que existen recursos económicos «suficientes en nuestra sociedad para sostener el sistema o incluso ampliarlo».

El PSE, que mantiene un acuerdo para garantizar la estabilidad del Gobierno de Urkullu, declinó ayer pronunciarse sobre la propuesta del consejero -este periódico no pudo obtener la opinión de EH Bildu ante la imposibilidad de contactar con fuentes autorizadas de la coalición abertzale-. No obstante, los socialistas remitieron su opinión a una declaración oficial que realizarán el viernes, cuando el propio Ángel Toña comparezca a petición propia ante la comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para dar cuenta de la gestión de la RGI y de la Prestación Complementaria de Vivienda desde 2012 a 2015.