Lanbide detectó irregularidades en el 16% de los expedientes de RGI revisados en 2014

Estas irregularidades no equivalen necesariamente a fraude y engloban todos supuestos como, por ejemplo, la existencia de una relación de parentesco entre la familia beneficiaria y el arrendador de la vivienda, la no comparecencia o no colaboración a requerimiento de Lanbide y otros incumplimientos de obligaciones como no comunicar información relevante relacionada con la prestación.

El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, facilita estos datos en respuesta a una pregunta parlamentaria del PP y explica que estas revisiones contribuyen a la eficiencia del sistema al permitir detectar "quienes han abusado del mismo y quienes, de forma involuntaria, incurren en situaciones que pueden dar lugar a la modificación, suspensión o extinción del derecho a la prestación".

El uso de este instrumento de control ha ido en aumento en los últimos años y si en 2012 el número de expedientes revisados fue de 31.248, en 2013 ascendió a 88.918 y en 2014 a 97.114. La tasa de irregularidades detectadas ha seguido, en cambio, una tendencia descendente desde el 20% de 2012, pasando por el 19% de 2013 y quedando en el 16% del pasado ejercicio.

La inspección de la RGI y la PCV, y la persecución del fraude darán un paso adelante con la reciente creación de una unidad específica de control en el seno de Lanbide integrada por 18 personas tras la aprobación en diciembre de la relación de puestos de trabajo del organismo autónomo. Esta unidad estará plenamente operativa el próximo mes de mayo.

Plan integral

La unidad de control diseñará y ejecutará un plan integral de auditoría e inspección con el objetivo de garantizar el "correcto uso" de los más de 800 millones de euros anuales que gestiona Lanbide para impulsar las políticas activas de empleo y formación, y conceder prestaciones sociales; e identificará y gestionará todos los riesgos para la consecución de los objetivos de la entidad.

"En estos momentos de obligada estabilidad presupuestaria deben intensificarse las actuaciones que garanticen la sostenibilidad del sistema siguiendo los procedimientos de revisión, suspensión o extinción establecidos en la diversa normativa vigente. En este contexto se plantea la creación de un servicio de inspección específico", explica el consejero.

La unidad dependerá del director general y estará formada por 18 personas: un responsable, cuatro asesores jurídicos, cuatro inspectores, tres técnicos y seis administrativos. Su función será verificar el cumplimiento de las obligaciones de los perceptores de RGI y PCV, y los beneficiarios de las subvenciones en materia de empleo y formación, y perseguir el fraude.

Renovar la prestación

Lanbide realiza ya, según explica Toña, un importante trabajo para controlar la RGI y la PCV: cada dos años los perceptores deben renovar la prestación, semestralmente tienen que llevar justificantes del alquiler si reciben la PCV, tienen que renovar cada tres meses la demanda de empleo y se someten a revisiones no previstas por indicios de fraude.

"Por ejemplo, se realizan 120.000 notificaciones al año. El hecho de no recoger una notificación, activa de forma automática un control de requisitos", subraya el titular del Departamento de Empleo y Políticas Sociales. También, añade, se intercambian datos sobre los perceptores con los ayuntamientos, las Diputaciones y el Estado, y se cotejan los movimientos de las cuentas bancarias para detectar fuentes de ingresos no declaradas, transferencias bancarias al extranjero, peajes de autopistas que detecten salidas no comunicadas de la CAV, gastos no destinados a cubrir necesidades básicas, etc.

El consejero asegura que "se investigan además todas y cada una de las denuncias que se reciben en los servicios de Lanbide y que aporten algún dato que haga viable esa investigación. Estas denuncias se formulan por parte de los ciudadanos particulares, asociaciones que detectan fraude o abuso, instituciones, entidades bancarias, etc".