Marinos mercantes vascos denuncian una «estafa» del Gobierno con las jubilaciones

La Asociación Profesional de Ingenieros Marinos y Maquinistas Navales del País Vasco, así como la Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante, han enviado una carta a la titular de Empleo, Fátima Báñez, en la que acusan al organismo de incumplir la legislación. El origen del conflicto está en las quejas de un residente en Bilbao, Arturo Salas, que ha redactado otra misiva al ministerio -también sin respuesta- y que asegura que el Instituto Social de la Marina (ISM) sólo le ha concedido una reducción de 2 años y 9 meses, en lugar de los 5 años y un mes que él había calculado al tomar como base la libreta de navegación, el documento oficial que recoge los embarques y desembarques.

El ISM explica que, como recoge el Real Decreto 1311/2007, «únicamente dan derecho a los coeficientes reductores los periodos de vida laboral». Anteriormente, sin embargo, se tenía en cuenta la libreta de navegación. Pero con la digitalización, el procedimiento ha cambiado y ahora «la desprecian», lamentan las asociaciones vascas. «Se está produciendo una estafa monumental a los marinos y un fraude grandísimo a la Seguridad Social», añade Salas, que ha denunciado al ISM en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, tras desestimar sus peticiones un tribunal de primera instancia.

A juzgar por el malestar expresado por otros afiliados a las asociaciones de Euskadi, el caso de Salas no es único. Como él habría marinos, próximos a jubilarse, que en las pasadas décadas fueron víctimas de empresarios que no cotizaron por ellos durante sus vacaciones. Sólo prueba el trabajo realizado la tarjeta de navegación, considerada ahora por el ISM un «documento supletorio» porque lo que «tiene valor» es el Fichero General de Afiliación.

El ISM coincide con Salas en que es la Seguridad Social la que tiene que perseguir a los defraudadores y precisa que la Inspección de Trabajo realiza esa labor y ahora hay «más controles». En cualquier caso, admite que hasta hace una década los empresarios no estaban obligados por ley a cotizar por las vacaciones de sus empleados.