Los juzgados vascos se preparan para miles de demandas por cláusulas bancarias abusivas

Los tres juzgados vascos de Primera Instancia -el número 11 de Bilbao, el 8 de San Sebastián y el 5 de Vitoria- son una parte de los 54 que se especializarán en toda España y se dedicarán exclusivamente a las reclamaciones por las cláusulas abusivas. La medida, aprobada el jueves por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), busca hacer frente a la avalancha de litigios que se esperan después de que el procedimiento extrajudicial puesto en marcha el 23 de febrero por el Gobierno no haya dado los frutos esperados. No en vano, ha concluido el plazo de tres meses sin apenas acuerdos entre las entidades y los afectados que ya han exigido la devolución del dinero pagado de más por la compra de sus viviendas.

Iñaki Velasco, responsable jurídico de la Asociación Vasca de Consumidores y Usuarios (EKA/ACUV), señala que con la iniciativa del Ejecutivo sólo han conseguido sellar acuerdos «en 70 de los más de 300 casos de cláusulas suelo» que gestionan. Asimismo, destacó ayer que tramitan «700 reclamaciones de gasto hipotecario en Euskadi». «Los bancos dan una negativa o ni siquiera contestan, con lo cual nos obligan a ir a juicio, que es algo no deseable», afirma.

Ahora que se han puesto en marcha los juzgados especializados se muestra esperanzado de que se «agilice» el proceso, ya que se dedicarán exclusivamente a las cláusulas y habrá más «seguridad jurídica» para los afectados. Aun así, Velasco matizó que todo «dependerá de la actitud y la cooperación de los bancos» porque si no el proceso se alargará y colapsará a los tribunales. «Espero que, según se vayan conociendo sentencias, las entidades sean más proclives a buscar acuerdos extrajudiciales».

Los particulares asientan sus reivindicaciones en la jurisprudencia que creó en diciembre el Tribunal de Justicia Europeo, cuando dictaminó que la banca debe devolver lo cobrado por cláusulas opacas con retroactividad total, y no sólo desde mayo de 2013 como decía el Tribunal Supremo. A ello se suma que este último consideró a finales de 2015 que es una práctica «ilícita» cargar al cliente con todos los pagos (notario, registrador y el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados), circunstancia que afecta a «los 6 millones de préstamos hipotecarios vivos en España», de los cuales 1,5 millones cuentan con cláusulas suelo, detalló el juez Uriarte.

Bizkaia, la más afectada

En Bizkaia se estima que serán 1.250 las denuncias que se presenten a partir del próximo jueves. No obstante, Uriarte echa por tierra esa previsión ya que el dato toma como referencia únicamente los casos registrados en Bilbao en el primer trimestre, cuando muchas personas estaban a la espera de resultados con el procedimiento extrajudicial del Ejecutivo. De la misma manera, no se tienen en cuenta las denuncias recogidas en los otros juzgados del territorio: Durango, Barakaldo, Balmaseda, Gernika y Getxo.

Para la tramitación de los casos de Bizkaia, habrá un juez de refuerzo en Bilbao, un letrado y cuatro funcionarios más. En el primer mes, se compaginará el trabajo de formación con la atención a los consumidores, a diferencia de lo que ocurrirá en los otros dos territorios históricos, cuyos tribunales comenzarán a funcionar el 1 de julio porque dedicarán los 30 días previos a conocer la materia. En Vitoria se esperan 400 casos y en San Sebastián, 900, aunque el número final también puede aumentar. Habrá respectivamente un juez de apoyo y dos funcionarios, tal y como precisó ayer en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Aunque el CGPJ ha establecido que los juzgados especializados desarrollen su actividad hasta el 31 de diciembre, se contempla una prórroga si es necesario, así como otros dos jueces de refuerzo en Euskadi. «Si todo va bien se puede resolver en cuatro o cinco meses. Pero esto va a durar mucho tiempo», sostiene Uriarte, que ve casi imposible que se concluya para finales de año por la avalancha de denuncias que recibirán. «Las sentencias comenzarán a llegar después del verano», pronostica.

Ante el ingente volumen de casos que auguran, el juez decano de Bilbao pidió ayer a las administraciones públicas que se «sumerjan en el proyecto». Concretamente, solicitó al Gobierno vasco y al Ministerio de Justicia que pongan más dinero porque habrá que contratar funcionarios. También se mostró «preocupado» porque los jueces de apoyo son profesionales en prácticas que nunca han celebrado un juicio y que en enero de 2018 concluyen su periodo formativo y se pueden marchar. «Es necesario que haya un juez de refuerzo permanente hasta que se vea que estos asuntos se reducen», alertó.