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José Luis Galende
Domingo, 7 de mayo 2017, 02:13
Parlamentarios y responsables del Gobierno diseñan una nueva reforma de las pensiones, una vez constatado que el moderado aumento de la recaudación de la Seguridad Social y del número de afiliados están muy lejos de solventar las grandes debilidades del sistema y de aclarar el ... panorama sobre el viabilidad del mismo con sus características actuales. No obstante, se trata de dos esperanzadoras noticias que moderarán las medidas a adoptar.
Tal vez el factor más importante para planificar el futuro del sistema público de prestaciones es la proporción de cotizantes por cada pensionista, porque representa los dos parámetros básicos del sistema, que a la postre definen los ingresos por cotizaciones y el gasto en prestaciones.
Ahora bien, a pesar de la fuerte creación de empleo de los últimos años, las cifras facilitadas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social revelan que esa magnitud se mueve en los mismos parámetros desde 2013: entre 2,25 y 2,30 cotizantes por cada perceptor de prestaciones contributivas, cuando tradicionalmente se ha considerado que son necesarios al menos 2,5 trabajadores por cada pensionista para garantizar la viabilidad del sistema. Y si en esa estimación oficial no se computaran los desempleados que cotizan a la Seguridad Social, el cociente se quedaría en torno a 2 en el conjunto de España y a 1,85% en el País Vasco.
Durante los años en que se igualó o superó esa cifra de 2,5 cotizantes por beneficiario de 2004 a 2010-, el excedente del sistema permitió engordar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha sido utilizado en los últimos ejercicios para compensar el déficit de recaudación del organismo y abonar con recursos propios las pensiones.
Las comunidades más 'blindadas'
En un país en el que la Seguridad Social y el sistema de pensiones son uno de los últimos instrumentos vertebradores de la España de las autonomías, un vistazo a la situación por comunidades permite constatar el papel integrador que el organismo cumple.
Así, solo tres comunidades autónomas consiguieron el año pasado superar esa cifra de 2,5 trabajadores ocupados por cada pensionista sin contar los desempleados, lo que permite manejar unas cifras más 'sanas'-. Se trata de Madrid, Baleares y Canarias, con niveles de 2,82, 2,80 y 2,58 como media del ejercicio.
Euskadi, con 1,85 afiliados con trabajo, está en una posición intermedia, con la sexta peor marca, lo que contribuye a que ocupe un puesto similar en el déficit del sistema de pensiones. Medido como la diferencia entre gasto en prestaciones y recaudación, el desajuste alcanzó los 2.770 millones el pasado año.
Recuperar los 2,5 ocupados (en 2016 se alcanzaron los 2,05 de media nacional, sin incluir los desempleados) es un objetivo lejano y necesita una economía con masiva creación de empleo durante varios años, ya que el envejecimiento de la población española y vasca está acelerando la cifra de pensionistas, que crece a un ritmo del 1,2% anual 1,3% en Euskadi-. En la actualidad, la afiliación de la población ocupada avanza a una velocidad de crucero superior al 3% en España por debajo del 2% en Euskadi-, lo que en el primer escenario ha permitido mejorar un poco la situación (de 1,97 a 2,05) desde 2013, mientras que en el caso del País Vasco la proporción se mantiene en 1,85.
Hay que precisar que estos cálculos se realizan sobre la base del número de pensionistas, que es en torno a un 10% inferior al de pensiones abonadas por la Seguridad Social, al haber decenas de miles que perciben dos o más prestaciones.
La mejor situación de unas comunidades autónomas sobre otras en este apartado tiene que ver con numerosos factores. Entre ellos, la evolución demográfica, el envejecimiento y la creación de empleo, que son magnitudes de comportamiento dispar, ya que mientras que la población en edad de trabajar puede moverse a las zonas con más creación de ocupaciones, los pensionistas o personas que están a punto de serlo suelen permanecer ancladas en su lugar de residencia rompiendo de esas forma los equilibrios regionales. O, sencillamente, regresan a su lugar de origen una vez jubilados.
De esta forma, comunidades envejecidas y con falta de relevo generacional como Galicia, Asturias y Castilla y León presentan la proporción más baja de afiliados ocupados por pensionista, con cifras que van desde el 1,29 del Principado al 1,57 de la castellano-leonesa.
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