Las huelgas remontan en Euskadi impulsadas desde al sector público

Por el contrario, la conflictividad en aquellas empresas y sectores ligados directa o indirectamente a los Presupuestos públicos, sean municipales, forales o autonómicos, ha propiciado que las jornadas perdidas por huelgas vuelvan a crecer con fuerza bajo el empuje, sobre todo, de los sindicatos nacionalistas, que han hecho de la confrontación laboral su consigna de actuación en el mercado laboral.

Y no solo se dejan sentir más y tienen una mayor visibilidad los paros del sector público por su incidencia en los servicios públicos y diferentes facetas de la vida ciudadana, sino porque en 2016 fueron mayoría si se comparan con el sector privado.

Así como la caída de la conflictividad laboral en los años precedentes se atribuía a las cautelas que adoptaban sindicatos y trabajadores ante las posibles consecuencias que pudieran tener conflictos en empresas acosadas por problemas de todo tipo y en Administraciones al borde de la quiebra, en la actualidad diversas fuentes coinciden en atribuir la resurrección de la conflictividad a la garantía que da el hecho de que detrás de una gran parte de los conflictos esté un presupuesto público y a la seguridad que tienen los trabajadores en esas actividades de conservar su puesto de trabajo.

Un recuento somero de las huelgas convocadas el año pasado es revelador al respecto. Una de las más sonadas fue y sigue siendo- la de residencias de la tercera edad de Bizkaia, en la que los sindicatos convocantes han llevado sus protestas ante la Diputación Foral, convencidos que es este organismo quien que tiene la llave de la solución, ya que subvenciona una parte significativa de las personas ingresadas en esas instituciones.

Otro tanto cabe decir de los seis meses de paro de la empresa de reciclaje TMB Arraiz, que depende de la Diputación Foral, el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el mantenimiento de carreteas de Gipuzkoa (casi un año de duración), y numerosos conflictos de menor entidad que relacionados con los servicios públicos como la enseñanza, Lanbide, EITB, limpieza de los campus de la UPV, Euskaltzaindia, Hospital de Urduliz, ayuda a domicilio de Álava, Bizkaibus en los que los Presupuestos públicos están presentes de forma directa o indirecta.

Hay que precisar, no obstante, que también hubo empresas privadas que sufrieron largos conflictos. Entre esas huelgas destacan Ingemar, de Usurbil, donde varios meses de paro no lograron solucionar sus problemas y entró en concurso de acreedores el pasado enero; Eaton y Onduline, Vicrila, Arcelor Olaberria, artes gráficas de Gipuzkoa...

Los datos oficiales sobre la conflictividad laboral de 2016 en la comunidad autónoma vasca indican que se redujo el número de huelgas de 184 a 164, pero creció la cifra de participantes, que pasó de 10.600 a 13.700, y, sobre todo, la de jornadas de trabajo perdidas, que se multiplicó por más de tres, al pasar de 18.200 a 58.200. Nada que ver con los 604.000 trabajadores participantes de 2002 o los más de 100.000 de 2004. El récord de jornadas perdidas durante este siglo tuvo lugar en 2002, con casi 660.000. Dos años más tarde se superarían también las 200.000. Pocos ejercicios esa cifra se ha quedado por debajo de las 100.000.

La negociación colectiva fue la principal causa de las huelgas, con casi dos tercios de las jornadas laborales perdidas por esta causa.

La caja de resistencia que el sindicato mayoritario, ELA, utiliza para compensar a los huelguistas por el salario perdido es uno de los grandes condicionantes de este capítulo de las relaciones laborales en Euskadi, según coinciden los expertos. Este instrumento, que se nutre de las cotizaciones de los afiliados, es también un banderín de enganche para la central de primera magnitud. Por ello, el resto de fuerzas sindicales ve con suma desconfianza las huelgas que convoca ELA, porque les pueden hacer perder militantes que cambian de central para asegurarse una retribución, en especial en los paros de larga duración.

Por el contrario, esta ventaja para presionar a las empresas cuando los acuerdos laborales se resisten tiene también limitaciones. La principal es que el patrimonio de la caja de resistencia se vería rápidamente en peligro si la central promoviera paros de varias semanas en grandes sectores o grandes empresas. Por ello, son los pequeños sectores y las pymes los objetivos más frecuentes de la central nacionalista.