El desafío de resucitar Lanbide

El Gobierno vasco se muestra moderadamente satisfecho con la evolución del empleo en la comunidad autónoma, pero los partidos políticos de la oposición y los sindicatos la consideran insuficiente a todas luces. Sin embargo, políticos, sindicalistas y expertos en la materia coinciden a la hora de señalar el punto débil en el engranaje de la creación de empleo: Lanbide.

El organismo público asiste impotente a una realidad que se van consolidando en las estadísticas del desempleo: el paro de larga duración. Según la última EPA publicada (correspondiente al último trimestre de 2016), el 64% de los desempleados vascos (los que buscan trabajo de forma activa) llevan más de un año apuntados en las listas de Lanbide. En 2007, punto de arranque de la crisis económica, suponían el 31% del total de parados. Incluso en el conjunto de España esa cifra es casi cuatro puntos inferior (60,4%).

Muchos organismos internacionales, como la OCDE y el FMI vienen elogiando en los últimos tiempos los avances de España en la recuperación económica, aunque en sus diagnósticos siempre se incluye el mismo rapapolvo, el que alude a una «insoportable» o «inadmisible» tasa de paro. Crítica que siempre va acompañada de una recomendación: la de mejorar las políticas activas de empleo. Es decir, aquellas que deben facilitar la empleabilidad de los jóvenes que desean incorporarse al mercado laboral, y la de los desempleados que quieren reintegrase en él.

Fracaso de las políticas activas

Un reciente informe de la Fundación de Estudios Aplicada (Fedea) constataba el fracaso de las políticas activas de empleo en España. El estudio destaca que nueve de cada diez parados no tienen acceso a esas políticas que se desarrollan desde lo que antiguamente se conocía como el INEM y ahora se conoce por sus siglas de SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). No hay que olvidar que todavía hay más de 2,4 millones de personas que llevan más de un año en el desempleo y, a su vez, tres de cada cuatro de ellas (1,8 millones) superan los dos años de búsqueda activa de trabajo sin obtener éxito alguno.

En Euskadi la situación no es mucho mejor. La reputación de Lanbide como servicio público de empleo está bajo mínimos, y ni siquiera se libra de las críticas incluso de aquellos que más deben defenderlo. Como ocurrió hace casi un año, cuando el viceconsejero de Empleo y Trabajo del Gobierno vasco, José Andrés Blasco, reconocía que a sus hijos «ni se les pasaba por la cabeza apuntarse a Lanbide para buscar empleo, entre otras cosas porque poco se encuentra ahí».

El actual Gobierno vasco se ha propuesto resucitar el servicio público de empleo vasco, y el pasado 17 de enero lo puso en manos de Borja Belandia (Basauri, 1956), exteniente de alcalde de Vitoria-Gasteiz. Aparte de gestionar la 'patata caliente' de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), Belandia y su equipo se enfrenta a varios retos para hacer de Lanbide un eficaz servicio de colocación. Dos de los más importantes, lograr una orientación laboral y formación del parado mucho más personalizada, e implementar una correcta evaluación de las políticas activas de empleo que se pongan en marcha.

«Al fin y al cabo, son (las políticas activas de empleo) un instrumento de apoyo fundamental para todas aquellas personas que se encuentran en situación de desempleo», admite Amaia Arteaga, directora de Planificación e Innovación en el Empleo del Gobierno vasco. «Y más aún hoy en día, en un mercado laboral supercompetitivo», añade. En su opinión, la mejora de Lanbide pasa «fundamentalmente por aumentar la personalización de los servicios al parado». Y aquí, pone el acento en «el acompañamiento a la inserción de los colectivos más desfavorecidos».

Cronificación de paro de larga duración

Porque Euskadi tiene «un serio problema con los parados de larga duración», reconocía recientemente el profesor de la UPV Luis Miller en una entrevista con EL CORREO. Y lo es, en parte, por su la estructura productiva vasca. «La industria sigue por encima de la media española y europea y eso hace que haya muchas menos personas trabajando en el sector servicios. Por el contrario, se está creando mucho empleo de este tipo en otras partes del Estado, sobre todo en Madrid y en el arco Mediterráneo. Pero son puestos de mala calidad», analizaba.

En la 'Estrategia Vasca de Empleo 2020' el Gobierno autonómico reconoce, entre los aspectos «más pesimistas» la «cronificación del desempleo de larga y muy larga duración». Y también admitía que Lanbide acusaba «un déficit en los servicios personalizados de acompañamiento a la inserción laboral y en la relación y servicios a empresas». A juicio de Amaia Arteaga, el problema se centra en «el paro de larga duración en las personas con menos cualificación». Y eso que, en el terreno de la formación, Euskadi está mejor que el conjunto de España, donde sólo el 23,5% de los parados que buscan empleo tienen estudios universitarios, frente al 35,9% vasco. Sin embargo, esta situación origina «un desajuste de sobrecualificación en los niveles de arriba (los parados de más edad) y los de abajo (los más jóvenes)», en opinión de la directora de Planificación e Innovación en el Empleo del Gobierno vasco.

«Hablamos de colectivos que no tienen la misma problemáticas. Incluso dentro de los jóvenes tenemos muchas situaciones distintas: hay jóvenes parados de larga duración con una formación altísima, pero otros que no tienen un perfil profesional porque empezaron a trabajar a muy temprana edad y la crisis les pilló de lleno, sobre todo en el ámbito de la construcción», dice Loli García, responsable de Empleo de CC.OO. Euskadi. «Por eso creemos que son necesario tratamientos individualizados e integrales. Pero llevamos seis años pidiéndolo, y de momento no vemos ningún resultado», lamenta.

Sara de la Rica, catedrática de la UPV y miembro de Fedea, cree necesario abordar «una orientación integral a los desempleados, realizarles un buen diagnóstico personalizado a la entrada y acordar con ellos, vistas sus fortalezas y carencias, los pasos a seguir en la activación. Y entonces acompañarles en el proceso, ayudándoles en la búsqueda de empleo y siguiéndoles hasta su colocación».

De la Rica observa «una falta de capacidad para asumir una tarea ingente» por parte de Lanbide, que asumió las políticas activas de empleo hace sólo seis años cuando la crisis «comienza a afectar a Euskadi de forma muy abrupta». «Y ciertamente, ni Lanbide ni el resto de servicios de empleo de las comunidades autónomas disponen de las herramientas necesarias para implementar políticas activas adecuadas», admite. Eso sí, también reconoce que «se están dando pasos interesantes hacia un mejor diseño de la formación», otra de las patas de la actuación de Lanbide, «ya que se está comenzando a ligar financiación con éxito en la recolocación, que creo que es muy conveniente».

La evaluación de las políticas

La necesidad de evaluar las actuaciones que desde el servicio de empleo se ponen en marcha «es algo que venimos reclamando desde el inicio de Lanbide», señala Loli García. «Que de aquellas convocatorias que se pongan en marcha se realice no sólo una evaluación cuantitativa. Es decir, cuántas personas se han beneficiado del programa, sino también es necesario una evaluación cualitativa». Y lo ilustra con un ejemplo. «Si el Gobierno ha sacado una partida de becas de primera oportunidad laboral, es necesario saber cuántas prsonas que han pasado por ese programa han encontrado finalmente trabajo. Y de cuánta duración, y en qué condiciones. Nos demostrará si un programa está funcionando bien o no. Y serán los indicadores que nos dirán si merece la pena seguir invirtiendo dinero público en esa línea o no», expone la sindicalista.

«Es un aspecto en el que estamos dando pasos. Hay que tener en cuenta que Lanbide es un organismo joven, que nos parece que lleva mucho tiempo pero que empezamos en enero de 2011 en un momento de crisis económica, asumiendo otra serie de temas como la gestión de la RGI. Ahora mismo es el momento de consolidar la estructura, y eso del evaluar las intervenciones públicas se está empezando a poner en marcha y se está profundizando en ello», sostiene Amaia Arteaga.

La directora de Planificación e Innovación en el Empleo destaca también los esfuerzos que se dan «para desarrollar la cartera de servicios que ofrecemos a otro de nuestros 'clientes', que son las empresas. Se trata de conocer cuáles son las necesidades y las dinámicas de las empresas para poder trabajar con ellas, teniendo en cuenta además que nuestro tejido productivo está integrado por pymes fundamentalmente». Y, al mismo tiempo, «aprovechar el potencial de trabajo en red y la colaboración públcio-privada. Por ejemplo, podemos aprovechar el trabajo que históricamente los centros de FP están llevando a cabo con las empresas a la hora de hacer prácticas».

«Es importante que los orientadores conozcan bien la demanda de empleo para que puedan acertar en ofrecer una orientación integral útil. Y para esto es necesario que lanbide y las empresas vascas estén en contacto, y lanbide conozca bien las necesidades de las empresas», añade Sara de la Rica, que ve en Euskadi «un ejemplo en cuanto a FP dual. Es un camino a intensificar sobre todo con la población desempleada joven poco formada. La fuerza de la industria en Euskadi exige que la formación dirigida a la industria sea más importante aquí que en otras regiones y por eso está mas implantada».

Sin embargo, desde CC.OO. Advierten de que poco se puede avanzar en la mejora de la atención al parado «si año a año recortamos los presupuestos asignados a políticas activas de empleo». Según el sindicato, en el borrador de cuentas de 2017 las partidas reservadas a estas acciones suman 332 millones de euros, frente a los 336 del pasado año. Arteaga sostiene que el sindicato no ha tenido en cuenta otras cantidades, como las reservadas a promoción del empleo juvenil, que no se han colocado en las cuentas de Lanbide, sino en las del área de Juventud.