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José Luis Galende
Domingo, 19 de marzo 2017, 00:22
El reciente anuncio de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, del crecimiento de la recaudación de la Seguridad Social a un ritmo superior al 6% en los tres primeros meses del año es una de las noticias económicas más importantes en esta salida de la ... crisis económica, que arroja esperanzas y cierta confianza sobre el futuro y la evolución de las pensiones públicas en España.
Este incremento de los ingresos del organismo no es fruto de la casualidad ni de una sola circunstancia, como puede ser el sostenido incremento de la creación de empleo, que avanza a un fuerte ritmo desde hace tres años. Por el contrario, es consecuencia de una serie de drásticas medidas en la gestión del ente que paga las pensiones, que está poniendo a prueba las arcas de muchas empresas y la capacidad de lucha contra el fraude y la picaresca en amplios sectores de la economía.
Como se recordará, la Seguridad Social arrastra un déficit creciente desde hace varios años que ha supuesto la casi liquidación del Fondo de Reserva creado en épocas de bonanza. Solo el pasado ejercicio, el desajuste del organismo entre ingresos y gastos superó los 18.000 millones de euros. El origen está en la destrucción de empleo y en la caída de los salarios, fruto esta última de las reformas y el proceso de deflación interna abordado por el Ejecutivo para salir de la crisis.
La situación preocupa, y mucho, al Gobierno. Los partidos políticos han iniciado un debate sobre la financiación del sistema a partir del año que viene, dado que es más que probable que este mismo 2017 se agoten los fondos acumulados en la 'hucha' de las pensiones, que han permitido resolver el pago de las prestaciones en los duros años recientes. Y es que con un gasto que crece a un ritmo del 3% anual y unos ingresos que desde el inicio de la crisis lo han hecho por debajo de esa cifra o han bajado, el escenario final es insostenible.
581.000 cotizantes más
Hay tres hechos que están contribuyendo este año a que los ingresos por cotizaciones crezcan al ritmo que lo están haciendo. Por un lado, la creación de empleo, que ha supuesto que en marzo hubiera 581.000 cotizantes más que el pasado ejercicio (18.200 más en Euskadi). Sin embargo, un similar aumento se daba ya en los dos ejercicios anteriores y no era suficiente para embridar el crecimiento del déficit del sistema.
El segundo es el crecimiento de las bases cotización muy por encima de lo habitual. La mínima, el 8% -la misma subida que el salario mínimo interprofesional, que se ha colocado en 9.906 euros al año-, y la máxima el 3%, en una estrategia en este último caso que persigue una mayor aportación al sistema de ese 8% de asalariados que gana por encima de 45.014 euros al año. El tercer elemento, una modesta subida de los salarios en general, pero superior a la de años precedentes, que supone mayores cotizaciones.
A la medida extraordinaria del aumento tan significativo de las bases de cotización se suman otras adoptadas en los últimos años que han exprimido casi todas las posibilidades que tiene el sistema de ingresar más fondos sin tener que recurrir a un aumento del tipo de cotizaciones ordinarias. Estas alcanzan un mínimo del 27,52% de los salarios percibidos por los trabajadores en el caso de las empresas y del 4,70% en el de los trabajadores.
Hace ya unos años, la Seguridad Social comenzó a aplicar una dura política de cotización sobre componentes retributivos en especie, como las cuotas de los seguros abonadas por las empresas a una gran parte de los trabajadores, los pluses de transporte, los denominados cheques restaurante y de guardería, etc. Además, ejerció una mayor presión y control sobre las horas extraordinarias, entre otras actuaciones.
Otra iniciativa que ha colaborado de forma importante a la mejora de la recaudación desde su puesta en marcha es el denominado Plan Creta. Esta herramienta informática es básicamente una autoliquidación por parte de la Seguridad Social de las cuotas que pagan los empresarios, sin que a estos les quede apenas margen para buscar alternativas legales para abaratar este componente del coste salarial.
Este nuevo instrumento de gestión está permitiendo corregir los casos de trabajadores mal encuadrados -en régimen o en tarifas-, controlar las deducciones por incapacidad temporal y las bonificaciones de los contratos, mejorar el control del uso de las bases individuales de cotización, etc. Y, en general, favorece el uso de información más fidedigna, con operaciones, entre otras, como el cruce de datos con las Haciendas. Todo ello, quién lo duda, aporta en conjunto mayores ingresos al sistema.
La Seguridad Social, tal vez el organismo con una trayectoria más firme y eficaz a la hora de cobrar las deudas de las empresas, ha utilizado, además, otros recursos que casi alcanzan la definición de 'manu militari'. Por ejemplo, si un empresario se retrasaba hasta hace poco en el pago, era penalizado con un recargo del 5%, 10% o 20% según el tiempo transcurrido en el ingreso de sus cuotas a las arcas del organismo que abona las pensiones. Ahora, la demora de un solo día supone un recargo del 20%, lo que ha obligado a que las empresas estén muy atentas a que su cuenta bancaria tenga siempre fondos, lo cual no siempre es fácil. Y es que con el Plan Creta, la acción de pagar ya no está depositada en el empresario, sino en la Seguridad Social, que gira la orden de cobro correspondiente sobre las cuentas de las empresas.
Todos estos factores están contribuyendo a elevar los ingresos, pero solo una fuerte creación de empleo y un mayor dinamismo en las subidas salariales permitirán reducir y acabar con el déficit de la Seguridad Social, cuyos gastos a largo plazo vienen determinados por el envejecimiento de la población y por unas duras reformas que están afectando ya a la cuantía de las prestaciones que concede.
Los casi 29.000 millones recaudados hasta marzo, señaló la ministra, es la cifra más alta de la historia del organismo, pero se necesita más que eso para acabar con el déficit del sistema.
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