Garoña, campo de batalla de la energía nuclear en España

Pero, más allá del futuro que espera a los trabajadores de Garoña y a una comarca entera (el Valle de Tobalina), lo que se dirime en este tiempo es el papel que ha de seguir jugando la energía nuclear en España. Lo que suceda con Garoña puede marcar el guión a seguir para el resto de plantas atómicas españolas, que en los próximos años irán llegando al final de su vida útil. Todas las centrales comenzaron a funcionar entre 1983 y 1988. Garoña fue la primera en llegar a los 40 años de vida, y hace tres Nuclenor solicitó prolongar su actividad hasta 2031. La siguiente en pedirla será Almaraz I (Cáceres). Tiene de plazo hasta el 1 de junio de este año, pese a que su licencia actual caduca en 2020.

La clave está en la duración de la prórroga que decida el ministerio de Energía (si finalmente la concede), que al fin y al cabo determinará la rentabilidad futura de las centrales, ya que todas ellas deberán ejecutar un plan de inversiones para garantizar un funcionamiento seguro. El Ejecutivo del Partido Popular ya ha manifestado en diferentes ocasiones su postura 'pronuclear', pero cuenta con el rechazo generalizado de prácticamente el resto del arco parlamentario, partidario de desmantelar poco a poco el parque nuclear y sustituirlo por otras fuentes de energía.

En su último año de funcionamiento (2012), Garoña sólo produjo el 6% de la energía nuclear generada en España. Así que el debate no gira sobre la importancia de la central burgalesa para garantizar el suministro de electricidad. No hay dudas de que el sistema eléctrico puede prescindir de Garoña (así ha quedado demostrado estos años en los que ha permanecido cerrada). Pero, ¿puede hacerlo del total de plantas atómicas?¿En qué medida afectaría el cierre de las centrales a la producción eléctrica?¿Qué energías podrían cubrir ese hueco?¿Cómo debería ejecutarse ese hipotético relevo?

Escasa potencia pero mucha generación

La energía nuclear juega un papel determinante en el 'mix' energético actual. Porque, aun representando sólo el 7,5% de la potencia instalada en España, las cinco centrales nucleares en activo (que suman siete reactores) son capaces de producir el 21% de la electricidad que se consume en el país. Y llevan seis años liderando la generación eléctrica española. Su productividad no resiste comparación con otras tecnologías. Por ejemplo, los ciclos combinados suponen uno de cada cuatro gigavatios (Gw) instalados, pero el pasado año sólo generaron el 11,22% de la electricidad. Y la eólica, con el 21,80% de la potencia instalada, produjo un 18,19%.

«La energía nuclear garantiza un suministro eléctrico en base, constante, seguro y fiable, independiente de factores externos no gestionables, fundamentalmente metereológicos y libre de emisiones contaminantes. Es la fuente de energía que más horas funciona al año al producir electricidad de forma constante las 24 horas los 365 días al año», destacan en el Foro de la Industria Nuclear Española, la asociación que defiende los intereses de las empresas del sector. Los defensores de esta fuente de energía destacan además su papel «fundamental en la lucha contra el cambio climático, ya que no emite gases de efecto invernadero ni partículas contaminantes a la atmósfera». Y añaden que es responsable del 35% de la producción de electricidad sin emisiones en España.

En su defensa también suele jugar el efecto depresor que la energía atómica tiene sobre el mercado eléctrico o 'pool', que es donde se casan la oferta y demanda diaria de electricidad. Al tener costes variables (fundamentalmente el del combustible) bajos, puede entrar en la subasta de energía a precios muy reducidos, al igual que sucede con otras fuentes de energía como las renovables o la gran hidroeléctrica.

Pero esta aparente ventaja es a la vez un argumento que utilizan algunas voces contrarias a la energía atómica: como el 'pool' paga a todas las tecnologías al precio que marca la última en entrar en la puja (las más caras, que son las de carbón y gas), las nucleares e hidroeléctricas (la mayoría de ellas amortizadas desde hace tiempo) unas suculentas retribuciones. Es la teoría de los 'windfall profits' (beneficios caídos del cielo).

33.000 millones de euros en 18 años

Jorge Fabra, presidente de Red Eléctrica entre 1988 y 1997, y consejero de la antigua Comisión Nacional de la Energía (CNE) entre 2001 y 2005, ha calculado que las centrales nucleares e hidroeléctricas recibieron en 18 años (entre 1998 y 2005) 36 euros por cada uno de los aproximadamente 674 millones de megavatios procucidos. Una cantidad a la que habría que añadir otros 8.664 millones en concepto de Costes de Transición a la Competencia (los CTCs concedidos a las empresas por la liberalización del sector).

A juicio de Fabra, estas retribuciones -que suman 32.928 millones- «han permitido que todas las centrales consideradas en su conjunto recuperaran la totalidad de sus costes variables y de las inversiones realizadas». De forma que, desde 2005 hasta el presente «estas centrales han obtenido beneficios supranormales procedentes de la diferencia entre el precio promedio aproximado que han percibido por MWh producido (45,6¤ y 54,7¤ respectivamente) y los costes variables imputables a su producción (22¤ MWh -Anuario 2010 Foro Nuclear- y 11¤ MWh)». Este experto calcula que entre 2005 y 2016 las nucleares recibieron una retribución aproximada de 16.250 millones de euros, de los que 650 corresponderían a Garoña.

La realidad, según el Foro Nuclear, es que «las centrales nucleares no están amortizadas. El conjunto del parque nuclear español invierte de media entre 150 y 200 millones de euros anuales para mejora de la tecnología y mejoras y actualizaciones».

Se calcula que Garoña deberá necesitar una inversión de entre 150 y 200 millones si quiere seguir funcionando. En ese supuesto (que prolongara su vida útil 14 años mas, como pidieron en su día sus dueños) la central burgalesa produciría 52.190.000 Mwh con un coste de producción aproximado de 26¤ por Mwh, según cálculos de Fabra. A partir de una proyección «razonable» de precios de mercado a 40 euros por MwH, «entonces, los beneficios supranormales que Garoña seguiría obteniendo rondarían la cifra de 14¤ MWh o lo que es lo mismo 730,6 M¤ de beneficio en el periodo de extensión de su explotación».

Alberto Amores, socio de Monitor Deloitte, discrepa de esos cálculos. «Por una parte, las centrales nucleares necesitan invertir continuamente importantes cantidades de dinero para adaptarse a los requisits de seguridad que establece y actualiza el CSN, así como en las tareas de mantenimiento preventivo y correctivo qeu cualquier instalación industrial (y más de este tipo) requiere. Y estas inversiones se realizan con la estimación de poder recuperarlas en los plazos temporales de la concesión vigente en la actualidad. Es imposible recuperar esos importes en un solo año», sostiene.

Transición energética

Jorge Fabra considera que para 2050 se podría haber culminado un modelo de transición energética que pusiera fin a la energía nuclear en beneficio de las renovables, capaces de competir hoy día en precios con cualquier tecnología. Se trataría, a su juicio, de sustituir los 7.500 Mw nucleares por 26.500 MW de eólica y fotovoltaica, con un coste de inversión «de en torno a 22.000 millones de euros». «Estas inversiones -añade-, se realizarían a lo largo de la década 2020/30».

La forma de materializar esa transición paulatina y no abrupta es, a juicio de Alberto Moreno, «justamente manteniendo las nucleares en el 'mix' de generación. Las renovables, por definición debido a su intermitencia, no pueden funcionar como centrales de base, que es lo que aporta la energía nuclear (no confundir con la energía de respaldo). Las únicas tencologías actualmente disponibles que pueden sustituir como energía de base a las nucleares son las centrales de ciclo combinado y las de carbón». Con el inconveniente de que «ambas tecnologías emiten CO2 (el carbón es más emisor y añade otros contaminantes adicionales), por lo que en lugar de adelantar la transición descarbonizada, la retrasamos».

La postura del Foro Nuclear es que prescindir «de forma prematura y precipitada» de la energía atómica supondría «tener que adoptar un plan improvisado de transición energética», con múltiples consecuencias: en primer lugar «incumpliríamos los objetivos de seguridad de suministro y de reducción de emisiones». Y segundo, «se incrementarían los precios de la electricidad para el consumidor final». La asociación remite a cálculos expresados por boca de responsables ministeriales, y reflejados en diferentes estudios de empresas auditoras, que cifran ese incremento entre el 20% y el 35%.

Juan López de Uralde, veterano activista del ecologismo español y diputado en el grupo parlamentario de Podemos, cree que el alargamiento de la vida de las centrales nucleares «tiene un objetivo económico evidente: conseguir que unas plantas ya amortizadas sigan generando beneficios el mayor tiempo posible». «Lo que ocurre -añade- es que esa meta económica pasa por encima de una cuestión clave: la seguridad de unas plantas diseñadas para una vida mucho más corta que la que ahora se plantea».

En su opinión, Garoña es escenario de «la primera batalle del golpe nuclear que se está dando». «En realidad, que luego se ponga en marcha o no es un objetivo secundario, ya que de lo que se trata es de garantizar que no se cree el precedente de cerrar una nuclear por haber llegado al final de su vida útil», explica en una entrada de su blog juantxo.org. La segunda batalla es, a su juicio, la que se libra en torno a los residuos radiactivos. «Fracasado el intento de construir el Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañas (Cuenca) por la oposición social (...) las centrales se han lanzado a la construcción de ATI (almacenes de residuos dentro de sus instalaciones). El objetivo de estos ATI no es otro que tener hueco para almacenar los residuos radiactivos para los que no hay espacio si se alarga la vida de las centrales nucleares. Al estar las centrales pensadas para un funcionamiento de 40 años, el alargamiento de su vida lleva aparejada la necesidad de nuevo lugar de almacenar los residuos radiactivos», señala.

El problema que plantean los residuos radiactivos y la alargada sombra que proyectan los accidentes nucleares (el más reciente, el de Fukushima) constituyen el principal argumento de los partidarios de acabar con esta forma de generación eléctrica. Pero en opinión de Antonio Cornadó, presidente del Foro Nuclear, «quizá el problema intrínseco de la energía nuclear es que genera temor debido en gran parte al escaso conocimiento que en líneas generales existe sobre esta fuente de producción de electricidad y el funcionamiento de las centrales. Históricamente, las encuestas de opinión pública realizadas reflejan que, a mayor información sobre la energía nuclear esiste también más aceptación».

Cornadó insiste en que el «pilar» en torno al que se desarrolla la actividad nuclear es el de la «explotación segura de sus instalaciones». «Esto significa que en todas las fases (diseño, construcción, operación, desmantelamiento y clausura) la seguridad debe prevalecer sobre el resto de cuestiones», subraya.