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José Luis Galende
Domingo, 5 de febrero 2017, 00:11
El empleo en el sector público en Euskadi está de máxima actualidad y no exento de polémica. Protestas sindicales por la falta de negociación colectiva en el Gobierno vasco; sentencias que echan por tierra la jornada semanal de 35 horas semanales en el Ejecutivo autónomo ... y el anuncio de convocatorias este año para 4.600 plazas de funcionarios han colocado sobre la palestra la importancia y el atractivo de un sector que ha sufrido como otros los embates de la crisis, pero que en calidad de empleo es la envidia de la empresa privada.
Por ello, decenas de miles de personas se preparan para acceder a un empleo para toda la vida, de jornada laboral más reducida que la media, ventajas sociales y familiares sin parangón con el sector privado y con retribuciones por encima de la media, salvo en los niveles profesionales más elevados.
En una época en la que se extiende el empleo precario, existe una elevada proporción de contratos temporales y a tiempo parcial y en la que las retribuciones para los nuevos trabajadores son de bajo nivel, lo que ofrecen las administraciones vascas es un caramelo demasiado apetitoso como para no intentar atraparlo.
Conviene recordar al respecto que se trata de condiciones de trabajo financiadas con presupuestos públicos siempre escasos, en especial en estos tiempos de crisis- y que tienen como objetivo final la prestación de servicios públicos a todos los ciudadanos. Precisamente, este es el gran argumento sindical a la hora de reclamar mejores condiciones laborales en este ámbito; unos buenos servicios públicos, alegan, requieren unas buenas condiciones de trabajo de los que los prestan.
La jornada laboral de 35 horas semanales -desconocida en la gran mayoría de las actividades del sector privado- es la norma en el ámbito público desde hace casi dos décadas, aunque en realidad está por debajo de ese nivel.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado la reinstauración de las 35 horas semanales -1.592 al año- el pasado ejercicio tras haber sido suprimidas por las medidas anticrisis que dictó el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando llegó al poder. Ahora bien, según el decreto que restablecía ese derecho ahora anulado-, las 1.592 horas anuales de trabajo son en realidad 1.547, dado que, literalmente, considera que 45 horas -los conocidos como seis días moscosos- de permiso para asuntos particulares se computarán como trabajo efectivo. Una fácil solución para cuadrar las cuentas a base de martillo pilón y que pone de los nervios a las asociaciones empresariales, que ven con alarma en este tipo de derechos un aliciente y un mal ejemplo que pueden seguir los empleados del sector privado, además de un incremento del gasto público.
Salarios más altos
El salario es otra de las ventajas del empleo público sobre el sector privado. En términos aproximados, el coste laboral medio para un trabajador del Gobierno vasco supera los 40.000 euros al año, mientras que la media vasca es de 36.000. Eso sí, en este capítulo salen perjudicadas las categorías profesionales más elevadas, que en general se encuentran por debajo de las equivalentes del sector privado en materia retributiva.
Además, tanto en jornada como en salario, la ventaja sobre el sector privado es aún mayor en la mayoría si no en todas- de las instituciones locales y forales que las que tienen los funcionarios del Gobierno vasco. Todos los trabajadores del sector público, así mismo, sean temporales, fijos o funcionarios, disfrutan de fondos complementarios de pensiones a través de Itzarri y Elkarkidetza.
La estabilidad laboral es otro de los grandes atractivos de los aspirantes que superan las oposiciones. Cuando han conseguido plaza tras las correspondientes OPEs, el trabajo es para siempre. No sucede lo mismo, en cambio, con los empleados públicos temporales e interinos, cuya estabilidad está pendiente siempre de un hilo y que representan más de un tercio de todos los trabajadores en este ámbito de la comunidad autónoma.
Por último, otros beneficios de los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo de este amplio colectivo compuesto por más 100.000 personas están a años luz de los que recogen la gran mayoría de los convenios colectivos de las empresas privadas.
Seguros de vida e invalidez; jubilaciones anticipadas voluntarias con abono de hasta 21 mensualidades; vacaciones; facilidades en la conciliación de la vida laboral y personal; permisos para todo tipo de situaciones personales y familiares, que van desde la realización de estudios, a la maternidad, los asuntos propios, prestación de servicios en ONG, celebraciones familiares son algunos de ellos. Así mismo, la retribución de la antigüedad sigue siendo un sólido soporte de la nómina a medida que trascurre el tiempo, cuando muchas empresas privadas están suprimiendo esta ventaja; adelantos de nómina son otros derechos que están entre los más importantes.
Todo ello genera un atractivo creciente en un mercado laboral en franco deterioro en cuestión de derechos, que empuja a parados y ocupados a buscar una paga del Gobierno, como decían nuestras abuelas. En contraste, las vocaciones empresariales, otrora emblemáticas en Euskadi, están en decadencia y por debajo de muchas comunidades autónomas.
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