Uno de cada cuatro ayuntamientos subirá los impuestos de la vivienda

El responsable es, a priori, el Ministerio de Hacienda, como autor de la revisión de valores inmobiliarios de mayor alcance desde principios de siglo. Hasta 2.452 municipios (el 30%) los han visto actualizados el 1 de enero, en lo que en el sector se ha tachado ya de todo un 'catastrazo'.

En el departamento de Cristóbal Montoro, sin embargo, argumentan que se ha hecho «a petición de los propios ayuntamientos». Pero no es del todo cierto; por ley es obligatorio actualizar cada 10 años esos valores (si el consistorio no lo pide al final el Ministerio determina si lo incluye un ejercicio u otro) y, además, el Gobierno ha forzado esta vez a hacerlo a aquellos acogidos al decreto de apoyo a entidades locales con problemas financieros y también a los que se benefician del Fondo de Ordenación (donde el Estado atiende varios de sus vencimientos).

Alegan desde Hacienda, asimismo, que la actualización «no supone necesariamente una elevación en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI)». Esa 'culpa' recaería, apuntan, en los propios municipios «mediante la determinación del tipo impositivo», que fija la cuota final a pagar sobre el valor del inmueble.

El problema es que la falta de un nuevo Gobierno durante buena parte de 2016 retrasó mucho los trámites de la revisión catastral -el decreto con los coeficientes correspondientes no se publicó hasta el 3 de diciembre-, lo que impidió que bastantes ayuntamientos pudieran adaptarla a sus presupuestos de 2017. Así, las subidas -en la mayoría de los casos- y los descensos -los menos- ya previstos se mantendrían y será ya de cara a 2018 cuando se cambien.

Seis impuestos afectados

Claro que eso sería solo en el IBI -en total hay seis impuestos que varían conforme al catastro: dos de competencia municipal, tres autonómicos y uno estatal-, aunque este tributo es el sustento principal de las cuentas municipales, a las que aporta dos tercios de sus ingresos (casi el 64%), por encima de los impuestos sobre vehículos de tracción mecánica e incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (plusvalía), representando cada uno el 11%.

En los últimos 11 años (2014-2014) su recaudación se ha disparado un 118%, pasando de 6.029 a 13.045 millones. Y si consideramos solo el período de crisis (desde 2007), el aumento sería del 71% hasta alcanzar 12.511 millones en 2015, eso sí, sin contar los datos de las diputaciones forales por no ser aún definitivos.

Pero el IBI, el impuesto más estable y contraciclico (le afecta menos la evolución de la economía) de los vigentes, no es el único que sube si lo hace el valor catastral -los gravámenes sobre la propiedad suponen ya el 1,1% del PIB, el doble que a principios del siglo, y el 3,5% de la recaudación global-. También lo hacen los que gravan las transmisiones patrimoniales (ITP), así como las sucesiones y donaciones. Y pasa lo mismo con la plusvalía municipal, que se abona al vender un inmueble.

Incluso tributos como el IRPF y el de Patrimonio elevan su presión porque al aumentar el valor de esa propiedad (casa, local, etcétera) puede superar el mínimo legal exento en el segundo caso, o bien saltar de tramos en el primero (un porcentaje del importe catastral se considera como ingreso en la declaración).

Por todo ello es complicado calcular el impacto, en forma de mayor presión fiscal, que tendrá la última revisión de Hacienda. En octubre el Gobierno comunicó a la Comisión Europea que serían 24 millones, pero eso solo en el IBI y sin que se conocieran aún los nuevos coeficientes.