Suiza levanta el velo a sus lingotes

Los clientes con cuentas en Suiza saben que desde el 1 de enero se ha esfumado la capa de opacidad que les permitía mantener sus riquezas fuera de los radares del fisco. Aunque los datos no se sabrán hasta septiembre del año que viene, las autoridades helvéticas ya han comenzado a recabar información de sus clientes extranjeros en virtud del intercambio automático de archivos que pactaron en 2014 con 38 socios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y con la UE en 2015. La decisión no ha sido por iniciativa propia. Sobre el Estado helvético pendía la amenaza de perder su estatus de plaza financiera internacional si no colaboraba.

Nadie pone en entredicho que desprenderse del secreto bancario es un trago amargo en un territorio que lo exhibía con orgullo desde que lo aprobó en 1934. Y eso que la polémica le acompañó desde sus comienzos porque circula la extendida creencia de que en las cámaras acorazadas se ocultaron miles de lingotes de oro de los nazis. Un oscuro pasado sin confirmar al que se suma haber sido uno de los destinos favoritos de las riquezas de dictadores como el libio Muamar Gadafi, el egipcio Hosni Mubarak, el tunecino Ben Ali o el haitiano Jean-Claude Duvalier.

El telón de acero que ha levantado Suiza en sus bancos le ha permitido, en cualquier caso, ser la líder indiscutible en la gestión de fortunas privadas de extranjeros. Controla el 25% de la cuota mundial de este negocio y de los 6,1 billones de euros que atesora, la mitad proceden de otros países. Además, el patrimonio depositado en sus 266 bancos da trabajo a 167.000 personas. Sin olvidar que su mercado financiero aporta el 9,3% del Producto Interior Bruto (PIB).

Escollo en las investigaciones

Los escándalos de fraude fiscal que han sacudido la escena internacional en los últimos años, sin embargo, le han pasado una abultada factura. Hasta el punto de herir de muerte al hermetismo helvético por el creciente malestar de muchos países que se tropezaban con un muro infranqueable al querer acceder a los datos bancarios de los investigados. Suiza sólo facilitaba información a petición de las autoridades extranjeras con las que tuviera suscrito pactos para evitar la doble imposición. Pero ni aún así la cooperación estaba asegurada. Era obligatorio demostrar que la persona en cuestión había evadido impuestos y facilitar el nombre y el número de cuenta.

En 2018 ya no será necesario cursar ni siquiera una solicitud. Suiza se encargará automáticamente de poner rostro a sus clientes extranjeros y desgranar qué es lo que poseen. Para ello, enviará cada año a los países de origen los datos sobre ingresos -como intereses o dividendos- y podrá saberse cuánto dinero tienen depositado, así como las ganancias derivadas de la venta de activos. La única línea roja que sigue en pie es la negativa a cooperar en base a datos robados.

La venta o filtración de informaciones por empleados de la banca suiza ha sido, de hecho, la gran enemiga que ha devorado desde dentro el secreto bancario. Uno de los casos más conocidos fue el de Rudolf Elmer, jefe de operaciones de la filial de Julius Bar en las Islas Caimán. En enero de 2002 fue despedido y sentenciado a dos años de libertad condicional por destapar a clientes evasores de impuestos. Trece años después, se le aplicó una multa en suspenso de 45.000 francos suizos (unos 42.000 euros) por entregar los datos de 2.000 cuentas a Julian Assange, el fundador de Wikileaks.

La pérdida de la confidencialidad tocó fondo con las revelaciones de Bradley Birkenfeld, exbanquero de UBS -el mayor banco del Estado helvético-. Su testimonio en 2008 al Departamento de Justicia de EE UU desenmascaró una red que se encargaba de vender las bondades del secreto bancario a norteamericanos ricos que querían esquivar el fisco. Se valían de crear empresas o cuentas de fachada que amasaban en total unos 20.000 millones de dólares (19.150 millones de euros).

El propio Birkenfeld se declaró culpable y fue condenado a 40 meses de prisión. El premio le llegó después, cuando las mismas autoridades estadounidenses que le dejaron entre rejas le entregaron una recompensa de 140 millones de dólares (135 millones de euros) por avisar del gigantesco fraude.

UBS, sin opciones de sobrevivir a la demanda de EE UU, no tuvo más remedio que colaborar con la investigación y además pagar una multa de 780 millones de dólares (unos 750 millones de euros). Luego, en 2014, le tocó entonar el mea culpa por fraude fiscal al segundo banco suizo, Credit Suisse. Aparte del sonrojo ante los ojos del mundo entero, encajó una multa de 2.600 millones de dólares (2.490 millones de euros). La cooperación que brindaron ese mismo año 100 entidades helvéticas en un escenario plagado de escándalos dieron la última estocada a un secreto bancario cuya muerte estaba anunciada.