El Gobierno vasco se enfrenta a una cascada de reclamaciones de trabajadores temporales

El TJUE establecía que no se puede discriminar la indemnización por despido de trabajadores fijos y temporales, de forma que ambos deben recibir la misma compensación. En estos momentos los indefinidos cobran veinte días por año trabajado frente a los doce días de los eventuales, en ambos casos con un máximo de un año.

Aunque algunos sindicatos ya han ido dando cauce a los requerimientos de los trabajadores en estas últimas semanas y seguirán haciéndolo -será un goteo constante-, ELA ha preferido acumular las primeras reclamaciones y presentarlas de golpe hoy. Lo hará ante el Gobierno vasco, ya que se trata de un paquete de 250 reclamaciones, en su mayoría de trabajadores funcionarios y estatutarios, aunque también hay algunos laborales. Los laborales pueden acudir directamente a la justicia, no así los funcionarios y estatutarios, que primero tienen que agotar la vía administrativa.

Un cauce que podría dilatarse casi seis meses, ya que en un primer momento se presenta un recurso inicial. Si la administración lo rechaza, se plantea un recurso de alzada y si la respuesta es la misma, entonces se puede acudir a los tribunales. En este caso sería ante el contenciosa administrativo, frente a los laborales, que se plantean ante los juzgados de lo Social.

21 años de interina

Las 250 reclamaciones corresponden a trabajadores de la Enseñanza, de Osakidetza -que es donde se acumula la mayor proporción de temporales-, así como de los ayuntamientos, diputaciones y del propio personal del Gobierno vasco. La casuística es muy variada, según señala Peio Igeregi, de ELA. Así, hay algunos trabajadores con contratos largos. El caso más llamativo es el de una auxiliar de enfermería de Osakidetza que tras 21 años trabajando fue despedida el año pasado, con lo que le correspondería el máximo que establece la ley, es decir, una anualidad, lo que supondría 30.000 euros, explica el responsable sindical.

Igeregi explica que la central sigue recibiendo peticiones de trabajadores para presentar reclamaciones, la mayoría en el sector público, porque en el privado «hay más miedo por las posibles consecuencias de cara a futuros contratos». Unas reclamaciones, señala, que se irán concretando en los próximos meses. Además, apunta que a medida que vayan saliendo las sentencias se animarán más trabajadores.

En la misma línea se pronuncian CC OO y UGT, que ya han ido presentando reclamaciones y demandas judiciales a medida que les iban llegando. En lo que respecta al sindicato liderado por Unai Sordo, ha habilitado ya 28 expedientes, tres de ellos en Industria, 7 en Enseñanza, 11 en Sanidad, 2 en Construcción y 5 en Administración Pública. Pero advierte que no es más que el principio, ya que se espera una cascada.

La secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Arantza Agote, explica que sus servicios jurídicos han presentado ya 90 reclamaciones, algunas ante la administración y otras ante los juzgados. Apunta que las reclamaciones del personal laboral van más rápido y que ya tienen fijado el juicio en algún caso. Con todo, advierte que se producirá una avalancha, ya que se siguen realizando contrataciones temporales, sobre todo en la Administración Vasca. Por ello, reclama, al igual que el resto de sindicatos, que el Ejecutivo vasco convoque la Mesa General de la Función Pública para abordar esta cuestión y otras que están pendientes.

LAB está inmersa todavía en la fase de información a sus afiliados y por el momento no ha presentado ninguna reclamación.

Reunión de la Mesa en 2017

El Gobierno vasco creó un grupo de trabajo interdepartamental para abordar la situación de los trabajadores temporales en la Administración. Una comisión que tiene como cometido establecer el 'mapa' de la temporalidad. Fuentes de la Consejería de Función Pública, a cuyo frente está Josu Erkoreka, señalan que una vez que esté elaborado ese mapa se convocará la Mesa de la Función Pública para abordar esta cuestión y otras que están pendientes, como la jornada, o el cobro de la parte de la extra que todavía se les adeuda. Explican que se podría convocar a principios del próximo año.

ELA fija el número de temporales en la Administración Vasca en 45.000 y estima que ésta debería desembolsar 200 millones para indemnizar a todos su empleados eventuales. Sin embargo, el Ejecutivo Vasco limita el impacto de las sentencias del TJUE únicamente al personal laboral de la Administración Vasca, que se reduce a unos pocos miles, en la medida en que la mayoría de ellos se encuentran en las sociedades públicas, como EITB o la Spri.

Con todo, la consejería de la Función Pública entiende que la solución tiene que venir de un cambio legislativo que modifique el Estatuto de los Trabajadores.