La interrumpibilidad eléctrica, ¿servicio público o gasto innecesario?

-¿En qué consiste la interrumpibilidad?

-Se trata de una herramienta de gestión de la demanda para dar una respuesta rápida y eficiente a las necesidades del sistema eléctrico en situaciones de emergencia. Consiste básicamente en que una serie de grandes consumidores de energía (empresas siderúrgicas, químicas, cementeras, papeleras, etc...) se ponen a disposición del sistema para interrumpir su consumo cuando el operador (REE) lo ordene. Para poder prestar el servicio, estas empresas deben acreditar una determinada potencia de consumo, y también están obligadas a adaptar éste a los periodos de menor demanda eléctrica (noches y fines de semana). A cambio, las compañías reciben una compensación económica que se traduce en descuentos en su factura eléctrica.

-¿Cómo se asigna este servicio?

-Hasta hace tres años se asignaba directamente a cinco plantas de tres empresas, todas de consumo eléctrico intensivo (Alcoa, ArcdelorMittal y Asturiana de Zinc). Pero en esta ocasión (y es la tercera consecutiva) se ha realizado mediante el procedimiento de subasta. REE asigna una serie de bloques: 10 de 90 megavatios (Mw), y 415 de 5 Mw. Así, la potencia interrumpible asciende a 2.975 Mw. Según REE, fueron 138 las plantas que acudieron a la convocatoria, aunque sus nombres no se hicieron públicos.

-¿Cuántas veces se ha echado mano de la interrumpibilidad?

-Es el principal argumento de discusión a la hora de determinar hasta qué punto es necesario este servicio. Sus detractores afirman que no lo es habida cuenta de que el sistema eléctrico español tiene un exceso de potencia instalada: 108.299 Mw a 31 de diciembre de 2015, cuando el pico de demanda (registrado a las 19:56 horas del 4 de febrero) apenas superó los 40.000 Mw (40.726 exactamente). Eso sí, hay que distinguir la potencia instalada firme (la que siempre está disponible en todo momento) de la basada en renovables, que es intermitente, como el sol o el viento. En todo caso, el operador del sistema nunca ha facilitado información precisa -y este es otro de los aspectos criticados de este servicio, incluso por aquellos que lo defienden- sobre las veces en las que ha habido que recurrir a la interrumpibilidad. Como mucho, Red Eléctrica concede que ha sido «en contadas ocasiones».

-¿Cuáles son los argumentos de los defensores de la interrumpibilidad?

-En primer lugar, creen que existe cierta confusión sobre la naturaleza del servicio. Jorge Fabra, economista, exconsejero del Consejo Nacional de la Energía (antiguo CNE) y presidente de Red Eléctrica entre 1988 y 1997, precisa que la interrumpibilidad «no es un servicio para cubrir las puntas de la demanda. Se usa sobre todo para la operación del sistema eléctrico: para minimizar los servicios complementarios y las restricciones técnicas». Es decir, cuando en algún punto de la red existen algún tipo de contingencias. Por ejemplo, cuando una central no funciona por el motivo que sea (recarga de combustible, avería, etc.), o porque haya alguna línea caída. Además, -y este mismo argumento es utilizado por los contrarios a la interrumpibilidad- el servicio supone una rebaja de la tarifa a los grandes consumidores eléctricos, «con lo cual mejoran su competitividad frente al exterior», apunta Fabra. Y recuerda que «los consumidores no sólo gastamos electricidad cuando encendemos la luz, sino cuando compramos cosas como el pan, un coche, cuando cambiamos las ventanas de la casa y las ponermos de aluminio. Porque el componente de electricidad está en todos los productos que consumimos. Así que el abaratamiento de la luz para los grandes consumidores de electricidad supone también un abaratamiento para los pequeños».

-¿Es el de subastas el sistema adecuado para asignar el servicio?

-Jorge Morales de Labra, experto en regulación eléctrica y vicepresidente de la Fundación Renovables, critica que la subasta no se realice con un criterio técnico. «Lo único que hacen es subastar hasta que se acaben los 525 millones de euros asignados. Lo único que se pretende es compensar el recibo de la luz a una serie de grandes empresas industriales. Y me parece un error hacerlo a través de este mecanismo», considera. Jorge Fabra tampoco cree que sea el adecuado, «porque al ser un servicio que se presta bajo escasas probabilidades de ponerlo en marcha, las empresas que cumplen las condiciones para prestarlo pueden tender a ofrecer precios cero, dado que se trata de una subasta competitiva. Y si no lo hacen es porque puede habar colusión entre ellas». Por eso, apuesta por retribuir el servicio mediante «una tarifa fijada por el Gobierno».

-¿Es entonces, es o no un servicio necesario?

-Morales de Labra cree que Red Electrica «no ha demostrado que lo sea», entre otras razones «porque existe un problema de transparencia. No da explicaciones de su utilización, ni de cuánto dinero se ha ahorrado al sistema». Fabra considera que el operador «debería utilizar la interrumpibilidad para disminuir los costes de los servicios complementarios y de las restricciones técnicas, que son soluciones que se dan para mantener la estabilidad del sistema, y que son enormemente costosos. Red Eléctrica debería explicar por qué no lo usa».