Pobreza a plena luz

La muerte de una anciana de 81 años en Reus después de que su casa ardiera al dejarse encendidas por la noche unas velas que usaba para ver -le habían cortado la luz dos meses atrás- ha puesto sobre la mesa la cruda realidad de la pobreza energética -o pobreza a secas- que sufre un segmento de la población española. Y también la necesidad de extender y mejorar los mecanismos de protección para todas aquellas personas que tienen dificultades a la hora de cubrir necesidades tan básicas como disponer de electricidad o gas para cocinar, iluminar o calentar sus hogares.

Los acuerdos firmados por las compañías eléctricas con diversas administraciones públicas, ONGs y colectivos sociales para no cortar el suministro de energía a las personas pobres intenta cubrir el vacío dejado por la falta de una normativa estatal al respecto y por la ineficiencia del aún vigente bono social eléctrico. Pero la tragedia de Reus, que ha derivado en un agrio intercambio de reproches entre el ayuntamiento de la localidad tarraconense y la Generalitat de Catalunya por una parte, y la empresa Gas Natural Fenosa por otra, también evidencia que la falta de coordinación entre los actores implicados en esta red de protección puede tener consecuencias fatales.

El explosivo cóctel formado por la crisis económica y el aumento en las tarifas eléctricas dejó a cientos de miles de familias españolas ante una dramática tesitura: o pagaban los recibos de la luz y el gas, o dedicaban ese dinero a otras necesidades básicas como la compra de alimentos o ropa. No podían hacer frente a todos los gastos. Esta disyuntiva es la que ha cincelado el término «pobreza energética», comunmente aceptado hoy día, también por aquellos que en un primer momento -como las compañías eléctricas, o los ministros del Gobierno- preferían hablar de «pobreza a secas».

Un problema difícil de cuantificar, aunque los informes elaborados por diversos organismos estadísticos, instituciones académicas, asociaciones o colectivos sociales dan pistas sobre su magnitud. Por ejemplo, la Academia de Ciencias Ambientales hablaba, en su tercer y por ahora último estudio sobre la materia -con datos de 2014-, que un 11% de los hogares españoles -5,1 millones de personas- se declaraban incapaces de mantener sus viviendas a una temperatura adecuada en invierno. El estudio colocaba a País Vasco, Asturias y Madrid como las comunidades autónomas menos vulnerables en cuanto a la pobreza energética.

Diferentes estadísticas

Si se toma como referencia la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), son casi 70.000 los hogares vascos con dificultades para encender la calefacción en invierno: un 7,7% de las familias. En un sólo año, y pese a cierta recuperación económica, la cifra ha aumentado en 3.700 viviendas. El pasado mes de febrero, el Ararteko cuantificaba en más de 235.000 las personas afectadas por la pobreza energética, mientras que en 2008 eran 'sólo' 90.000. Por eso, pedía a las administraciones vascas que garantizasen en todos los hogares, y de manera «ininterrumpida» un suministro energético mínimo a las familias vascas.

Inspirada en estas recomendaciones, el Parlamento vasco -con los apoyos de PSE, PP, EH Bildu y UPyD- pedían al Gobierno que articulara una normativa para definir quién está afectado por la pobreza energética, con el fin de protegerlas y exigir a las empresas suministradoras de energía que asegurara unos mínimos de consumo. El PNV reconocía esta «cruda» realidad, aunque no apoyó la petición del resto de grupos con el argumento de que las elecciones autonómicas estaban a la vuelta de la esquina y no había tiempo para abordar el problema. Además, los jeltzales recordaron que en Euskadi se aplican medidas para garantizar que a ninguna persona que no pueda pagar los recibos se le corte la luz o el gas.

El PNV se refería a los convenios firmados por ayuntamientos, ONGs y asociaciones del territorio con compañías eléctricas y gasísticas. Iberdrola, el principal operador eléctrico de Euskadi, ha firmado desde finales de julio de 2015 hasta 44 convenios en toda España que, según sus datos, protege contra cortes de energía por impago de factura a casi el 99% de sus clientes residenciales. Acuerdos de aplicación a todos los consumidores que tengan contratado el suministro eléctrico y/o de gas de su vivienda habitual con Iberdrola, y que estén considerados clientes en situación de vulnerabilidad.

Bilbao y Vitoria son los municipios vascos más representativos que hasta el momento han firmado convenios con la eléctrica que preside Ignacio Galán para proteger a clientes vulnerables. El procedimiento de actuación en estos casos es el siguiente: cuando los servicios sociales municipales detecten una familia o una persona necesitada y con serias dificultades para hacer frente a las facturas, realizarán una valoración técnica de su situación. Será entonces cuando se determine si puede resultar beneficiaria de una prestación económica destinada a satisfacer la deuda del suministro eléctrico o de gas. El Ayuntamiento lo pondrá en conocimiento de Iberdrola -previa autorización del beneficiario de la ayuda-, para facilitarle todos los datos. La firma se compromete a mantener por un periodo de tres meses el suministro a partir del momento en que recibe la notificación municipal. Transcurrido este plazo, procederá a reactivar las acciones de suspensión de la luz o el gas.

Acuerdos con Cruz Roja

EDP tiene firmados acuerdos con los gobiernos de Asturias y Cantabria, territorios en los que es operador eléctrico incumbente. En Euskadi -donde se encarga de la distribución de gas- su colaborador de referencia en estos asuntos es la Cruz Roja, aunque también ha llegado a acuerdos concretos con el ayuntamiento de Bilbao y otros consistorios -en breve se firmará uno con Lasarte-. Las estimaciones de la compañía hablan de aproximadamente un 90% de clientes amparados por estos convenios y acuerdos sobre vulnerabilidad energética.

En el caso de EDP, el cliente tiene 20 días para hacer frente al pago. Si no lo efectúa, la compañía le manda pasados unos días una carta informativa. Es cuando se inicia el proceso de reclamación. «Todos nuestros clientes tienen a su alcance el pago fraccionado de sus facturas. Igualmente, y una vez tiene lugar el impago, informamos al cliente de que puede acudir a los servicios sociales o a las instituciones competentes en la materia en su localidad y región, quienes estudiarán su situación y le informarán sobre las ayudas a las que se puede acoger. En caso de que se cumplan los criterios fijados por la administración, los propios servicios nos avisan para no efectuar el corte», aclaran fuentes de la compañía.

«Si los servicios sociales no nos avisan para no efectuar el corte -añaden-, este se realiza, pues la administración entiende que esta persona no cumple los criterios fijados para las situaciones de vulnerabilidad». Es lo que ha pasado en el caso de la malograda anciana de Reus. Aunque con sus matices. Gas Natural Fenosa culpa a las administraciones por «no disponer de información relativa a la vulnerabilidad» de la fallecida. Por su parte, el conseller de Empresa del gobierno autonómico catalán, Jordi Baiget, que deben ser las compañías las que comuniquen a los servicios sociales los casos de impago antes de cortar la luz o el gas para comprobar si efectivamente se trata de una familia vulnerable.

Y esto es así en virtud de la única ley contra la pobreza energética que funciona en España, la catalana. La ley 24/2015 Nació fruto de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), y de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE). El Tribunal Constitucional (TC) anuló algunos aspectos de la ley. En concreto, los relativos a la vivienda. Los que afectan a la actuación de administraciones y compañías eléctricas para proteger a clientes vulnerables -recogidos en el artículo 6- siguieron vigentes.

El Gobierno español ha terciado en la polémica a través de las palabras del nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. En su opinión, «la pobreza energética es un síntoma de una situación de vulnerabilidad mayor: a lo mejor esta persona no puede pagar el alquiler o no tiene suficiente para comprar alimentos, debe mirarse desde un punto de vista más general». Por eso, cree que «son los servicios sociales los que conocen a las personas y la realidad social y qué tipo de carencias tienen».

La reacción de Euskadi

Euskadi ha reaccionado a esta situación con el anuncio de que prepara un borrdor de un nuevo decreto que prestará atención de forma especial «y prioritaria» a los afectados por la pobreza energética en el territorio. Lo que el futuro decreto pretende hacer el «normalizar» las partidas económicas que se disponen a través del sistema de Ayudas de Emergencia Social (AES). Habrá un apartado específico para los casos de pobreza energética que establece como «prioridad» la atención a las necesidades básicas de suministro de agua y electricidad a las personas con menos recursos. Incluye además la regulación del pago de impuestos básicos para que no se produzcan desahucios.

El círculo de protección sobre los clientes vulnerables podría estrecharse aún más si el sistema eléctrico dispusiese de un bono social efectivo. Se trata de un mecanismo que consiste en un descuento del 25% de la factura para determinados colectivos: pensionistas, hogares con todos los miembros en paro y familias numerosas, y los titulares de contratos eléctricos cuya potencia instalada sea, como máximo, de tres kilovatios (Kw). Un sistema con muchas grietas que en demasiadas ocasiones no acaba de beneficiar a quien más lo necesita. Por ejemplo, tener una potencia contratada de 3 Kw o menos no significa pasar estrecheces económicas (muchas veces corresponden a segundas residencia).

Pero la falta de información está detrás del descenso en el número de consumidores acogidos al bono social en los últimos años. Hasta abril -último dato disponibles-, eran 2.468.755 los hogares beneficiados por este sistema, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuando tres años antes eran 2.661.721. Un periodo en el que auentó el número de viviendas que no podía mantener una temperatura adecuada en su casa: del 6,4% de 2011 al 11,1% del año pasado, según el INE. Por si fuera poco, las viviendas en las que todos los residentes se encuentran en paro han aumentado hasta los 1,83 millones, con datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Y el precio de la luz tampoco es que haya descendido precisamente en ese periodo.

Muchos potenciales beneficiarios del bono social no se aprovechan de él al estar en el mercado libre, cuando para poder acceder al descuento es requisito imprescindible estar acogido a la tarifa regulada, el denominado Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).

El nuevo gobierno deberá redefinir un modelo que además no ha parado de recibir palos en los tribunales. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo (TS) daba la razón a dos de las grandes eléctricas españolas (Endesa y Eon España, actual Viesgo), que habían interpuesto un recurso contra la obligación de financiar el bono social.