El heterodoxo (y poco realista) modelo económico de Trump

Por ejemplo, en su visión del comercio de Estados Unidos con el resto del mundo. Trump apela a una especie de autarquía basada en el consumo interno, dado que su intención es la de poner todas las trabas del mundo a las importaciones. De hecho, durante la campaña electoral sugirió la idea de imponer aranceles del 35% para sus vecinos mexicanos -esos de los que quiere distanciarse con un muro- y del 45% en el caso de los productos chinos. Por supuesto, la victoria electoral de Trump supone enviar inmediatamente al cajón el tratado comercial que negocian desde hace años Estados Unidos y la Unión Europea (UE). Es más, el multimillonario que a partir de enero ocupará el despacho oval de la Casa Blanca se propone abandonar -o transformar en bilaterales- otros acuerdos comerciales con distintas áreas geográficas del planeta. Por ejemplo, el NAFTA, la zona de libre comercio más importante del continente americano, de la que son partícipes Canadá y México y los propios Estados Unidos.

«Más americanismo, menos globalización», sería el resumen de su credo en el ámbito comercial. Eso sí, Trump no ve incongruente esta sobredosis de proteccionismo -ha exhortado a las grandes compañías del país a que fabriquen sus productos dentro de las fronteras estadounidenses- con su deseo de impulsar las exportaciones. Sin embargo, y ante la menor entrada de productos y materia prima del exterior -o, cuando menos, a precios mucho más altos- esta política comercial podría espolear la inflación.

Para lograrlo un aumento de las ventas al exterior, el futuro presidente pretende implantar una política monetaria basada en un dólar débil, acompañado de unos bajos tipos de interés. Por eso, las horas de Janet Yellen al frente de la Reserva Federal (FED) podrían estar contadas más allá de 2018, cuando finaliza su mandato. A Yellen la ve como unan persona «capaz», pero con un defecto al parecer con mucho más peso que el del cualquier virtud: «no es republicana». A Trump, por lo tanto, no le causa ningún rubor acabar con la independencia política del banco central estadounidense.

Otra de las patas sobre la que el multimillonario republicano quiere sostener la economía del país es -y aquí incurre en una nueva herejía contra el credo liberal- es el de aumentar la inversión pública. Sobre todo en infraestructuras -ha hablado de un plan de inversión de 500.000 millones de dólares- y en materia de Defensa. En lo que supuestamente tampoco converge con los ideales del neoliberalismo económico es en su relación con Wall Street. Durante la campaña ha amenazado con desempolvar la Ley Glass-Steagall, -parida en 1933, en plena política del new-deal para sacar al país de la recesión-, que establecía una clara delimitación entre las actividades de la banca comercial y la de inversión para dificultar los movimientos especulativos en las grandes finanzas. Una normativa que fue derogada en 1999 por el demócrata Bill Clinton.

«Revolución fiscal»

Los economistas no ven congruente la aplicación de este tipo de políticas alejadas de la ortodoxia liberal con otras encaminadas a protagonizar «la mayor revolución fiscal desde la era Reegan». Porque en materia recaudatoria Trump sí que se ajusta a lo que más o menos se espera de un político republicano. Por un lado quiere limitar a un máximo del 15% el impuesto que las empresas pagan por sus beneficios (frente al 33% actual), y también reducir la presión fiscal sobre las clases medias y altas. Por abajo, pretende eximir de impuestos a todo aquel que ingrese menos de 25.000 dólares al año (el salario medio es de 46.000 dólares).

Muchos analistas consideran incompatible este aumento del gasto público con unas políticas fiscales que conducirían irremediablemente a un descenso de la recaudación, y por consiguiente, a un incremento de la deuda del país, aspecto que precisamente ha usado de arma arrojadiza contra Clinton y los demócratas. ya de por sí gigantesca.

A ello hay que añadir el coste económico que podría desprenderse de su cacareada y agresiva política anti-inmigración. Una de las más perniciosas consecuencias provendría de la obligación de «elevar el costo salarial en aquellos trabajos en los que se ocupa a los inmigrantes ilegales y que aparentemente pasarían a ser ocupados por estadounidenses». Así opina Alfredo Coutiño, Director para América Latina de Moodys Analytics, quien en declaraciones a la revista Forbes advertía además de que la restricción en la entrada de personal cualificado desde el extranjero «limitaría el avance de la productividad. Al final, no se crearían más empleos porque sólo se daría el remplazo de unos por otros, pero además se encarecería el costo laboral para las empresas, lo cual redundaría en mayor inflación».

La agencia de calificación Moodys dibujó, antes de las elecciones, un escenario post-apocalíptico en caso de victoria de Trump, y de que éste aplicase todas sus ideas económicas: la economía entraría en un largo túnel de recesión, se destruirían en los próximos cuatro años 3,5 millones de empleos en Estados Unidos, y el paro subiría del 5% actual al 7%. Los hogares ingresarían menos dinero, y los mercados bursátiles e inmobiliarios caerían en barrena.

Una vez conocido el triunfo de Trump, las Bolsas reaccionaron como era de esperar, con fuertes retrocesos. Pero también dan por descontado el hecho de que Trump, pese a contar con la mayoría republicana en el Congreso y el Senado, no tendrá tan fácil llevar a la práctica todas las políticas económicas que se ha propuesto aplicar. O al menos, las que han salido de su boca. Porque tampoco nadie acaba de tener claro qué es lo que pretende Trump.