Jesús L. Ortega
Sábado, 22 de octubre 2016, 01:37
El consejero de Empleo del Gobierno vasco en funciones, Ángel Toña, consideró ayer que según sea la «letra pequeña», la propuesta del Ejecutivo central de poder compatibilizar el cobro del 100% de la pensión con un empleo actualmente es posible percibiendo el 50% de la ... jubilación, en «términos generales» podría «no ser mala». Aunque, no obstante, en declaraciones a los medios de comunicación tras la constitución del nuevo Parlamento vasco, señaló que carecía de «datos suficientes» para valorar más en profundidad la idea lanzada el pasado jueves por la ministra Fátima Báñez.
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Cabe recordar que, según recoge el Anuario Estadístico de 2015 del Ministerio de Empleo, en Euskadi hay algo más de 6.200 personas que continúan trabajando por encima de los 65 años.
El consejero vasco aprovechó la ocasión para reclamar que, en este ámbito, «lo primero que hay que hacer» es que la gestión económica de las prestaciones de la Seguridad Social que en Euskadi arroja un déficit de casi 2.300 millones de euros sea transferida a la comunidad autónoma vasca, puesto que está «reconocida» en el Estatuto de Gernika, recordó.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó también ayer que si finalmente es investido presidente, Mariano Rajoy tiene intención de llevar a la Comisión del Pacto de Toledo la propuesta para compaginar el cobro del 100% de la pensión de jubilación con un empleo. «Es el foro donde se tiene que plantear y donde se pueden abordar las reformas necesarias para dar sostenibilidad al sistema de Seguridad Social», dijo la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de ministros.
El PP ha propuesto en el Congreso una prórroga durante dos años más en el descuento de 500 euros de las cotizaciones mensuales a la Seguridad Social para las empresas que formalicen contratos indefinidos. Esta medida había sido adoptada por el Gobierno de Rajoy en 2014, pero la vigencia de la misma expiró en agosto.
Durante los dos años que estuvo en vigor esta iniciativa, unos 220.000 contratos quedaron exentos de pagar hasta 500 euros de estas cuotas.
Al margen de la reforma de la Seguridad Social, Sáenz de Santamaría indicó que «hay que seguir avanzando en la creación de empleo como principal garantía para la sostenibilidad del sistema». En este sentido, recordó que en 2011, por cada nuevo pensionista se iban al paro tres trabajadores, mientras que ahora, por cada nuevo jubilado encuentran empleo siete personas.
Por contra, CC OO y UGT criticaron la propuesta de Báñez. El primero opinó que es «una medida coyuntural» que no garantiza la sostenibilidad del sistema, y el segundo, en la misma línea, la calificó de «cortoplacista», ya que no aborda los problemas de financiación ni el déficit de la Seguridad Social.
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En un comunicado, Comisiones aseguró que este planteamiento «esconde el verdadero debate de la necesidad de adoptar medidas concretas que aumenten de forma suficiente y sostenida los ingresos del sistema, actuando sobre las cotizaciones sociales y los impuestos». En coincidencia, el líder de CC OO-Euskadi, Unai Sordo, dijo que la medida era una «ocurrencia» del Gobierno, y aseguró que no hace falta sacar «de la chistera nuevas ideas», sino abordar el aumento de los ingresos del sistema como estaba previsto, «que no tiene por qué llegar de la rebaja de las pensiones».
La secretaria de Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, calificó de «demagógica» la propuesta, puesto que con un 21% de paro «se pretende que trabajen más los que están ya de salida», de forma que se «pervertirán» los pilares del sistema y se «eliminará» la posibilidad del relevo laboral generacional.
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