La Administración vasca estudia cuánto le costaría indemnizar a los interinos

La interinidad en todas las administraciones públicas vascas es muy elevada, en especial en la autonómica. Solo en Lakua el 34% de todo su personal mantiene una relación laboral de ese tipo (1.657 de un total de 4.888 trabajadores estatutarios). El porcentaje es similar, o incluso mayor, en los otros dos grandes empleadores del Ejecutivo: Osakidetza y la consejería de Educación, por lo que las repercusiones económicas pueden ser muy elevadas.

El sindicato ELAconsidera que en las diferentes administraciones hay en torno a 45.000 trabajadores en situación interina. Y todos tienen derecho a una indemnización por fin de contrato, explica el responsable de esta central en Osakidetza, Peio Igeregi, para quien «el sistema de contratación temporal ha quebrado». Explica, al respecto, que este tipo de contratos y el recorte de la tasa de reposición decretada por el Gobierno central están pensados para ahorrar dinero, y que a partir de la sentencia saldrán más caros, porque habrá que pagar a los empleados afectados una indemnización por el fin de sus contratos.

La primera central vasca en el sector público ha hecho sus cuentas y estima que solo en Osakidetza el coste por indemnizar a los interinos al finalizar su contrato es de 40 millones de euros al año. Y como en el personal estatutario las reclamaciones de cantidades adeudadas por el empleador alcanzan a los últimos cuatro años, redondea en 160 millones el agujero acumulado por la sentencia europea.

Todos los sindicatos consultados consideran que la solución solo puede llegar por medio de «OPEs masivas» que permitan cubrir y estabilizar las decenas de miles de puestos de trabajo de las administraciones, ocupados ahora de manera provisional. Ytodos ellos han iniciado ya campañas informativas y están analizando los primeros casos de reclamaciones para llevarlos a los juzgados con el fin de solicitar las oportunas compensaciones.

Prioritario para el Gobierno

Desde CC OO de Euskadi, Mari Cruz Vicente indicó que su central ha elaborado un estudio sobre las consecuencias de la sentencia europea que ya ha tenido efectos sobre un caso concreto en Madrid y un modelo de documento para presentar demandas, así como una campaña de información en las administraciones y las empresas. En su opinión, este asunto debe ser «prioritario» para el próximo Gobierno vasco, y enfatizó que no se trata solo de las compensaciones por fin de contrato, sino que la sentencia también supone una referencia crítica a los elevados niveles de interinidad, por lo que la solución debe llegar por medio de OPEs.

Arantza Agote, responsable del área del sector público de UGT-Euskadi, insistió en que la legislación española debe «acoplarse» a la sentencia, pero que mientras eso llega, su central está estudiando «caso por caso» todas las reclamaciones recibidas. Como parte de su campaña informativa, ha elaborado un formulario de reclamación que le facilitará dar prioridad a los «más urgentes». El problema, precisó, no afecta solo a las compensaciones por fin de contrato, sino también a «los contratos hechos en fraude de ley» con muchos trabajadores que llevan «ocho o nueve años» en esta situación. Y este es un problema, añadió, que las centrales vienen denunciando desde hace años y que ya se intentó resolver con el acuerdo suscrito en 2010, que al final no fue cumplido por el Gobierno vasco.

Las centrales ya han pedido ser convocadas a una Mesa General del Gobierno vasco el foro donde se debaten estas cuestiones, una cita que no se producirá hasta que el informe encargado por el departamento de Erkoreka esté disponible. «Estaremos encantados de hablar» sobre este asunto con los sindicatos, señaló su portavoz, para quien supone una «buena noticia» que vuelvan a la mesa de negociación.

En declaraciones a este diario el pasado domingo, el consejero de Empleo en funciones, Ángel Toña, se mostró partidario de adelantarse a los acontecimientos, tras considerar «bueno que haya unas bases más sólidas de la legislación» sobre este asunto. Las sentencias sobre los interinos, resumió, son «una buena noticia» para el Ejecutivo vasco.