Los autónomos toman la palabra

Los autónomos guardan en sus ya empolvados cajones una larga lista de medidas con las que creen podrán mejorar las condiciones laborales de un colectivo que en España agrupa a 3,2 millones de personas (175.000 en Euskadi). Un listado casi tan extenso como las promesas que han vuelto a oír en boca de los políticos durante la campaña electoral. Por eso, piden «que se deje de frotar la lamparita de los autónomos par que salga el genio de los votos». Reclaman, de nuevo, «que se nos escuche». Y recuerdan que no quieren seguir siendo objetivo de promesas electorales «que luego no se puedan cumplir».

La radiografía del trabajo autónomo muestra un colectivo que poco a poco va sumando trabajadores, «porque el mercado de trabajo ha cambiado y cada vez hay más personas que se dan de alta en el RETA (el régimen de la Seguridad Social del que depende el trabajo por cuenta propia) porque las empresas tienden a externalizar servicios para abaratar costes», explica Eduardo Abad, secretario general del sindicato UPTA. España ha sobrepasado en los últimos años la barrera de los tres millones de los trabajadores por cuenta propia (ahora son 3,2 millones).

En Euskadi su número continúa «estancado» en los 174.225, según el último informe de Confebask sobre la evolución de empresas en el territorio. Es más, en mayo se produjo, por tercer mes consecutivo, un ligero descenso en el número de adscritos al RETA (-214 personas). Y desde el mínimo de agosto de 2013 sólo se han recuperado 2.873 de los 18.444 autónomos perdidos durante la crisis.

Hablamos en todo caso de un colectivo heterogéneo, con necesidades distintas. Porque no todos los autónomos tienen el mismo estatus jurídico. Aproximadamente 1,9 millones son 'personas físicas'. El resto están constituidos como sociedad (algo más de un millón), mientras que casi 200.000 son colaboradores. Por tanto, la casuística de tributación es variada. Incluso dentro del propio grupo de autónomos 'personas físicas': algo más de 1,5 tributan por estimación directa. El resto lo hacen en el régimen de módulos. «Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se promete. Porque, ¿sabemos realmente a quién estamos haciendo promesas?», reflexiona Lorenzo Amor, presidente de ATA, el sindicato con más representación en el sector.

Tampoco estas asociaciones forman un frente reivindicativo común, porque en muchas ocasiones no coinciden ni en el diagnóstico de la situación del sector ni en cómo aplicar las medidas para mejorarla. Pero, lógicamente, sí hay cuestiones sobre las que existe cierto consenso. Por ejemplo, en la necesidad de regular de una manera clara y definitiva la situación de aquellos autónomos cuyos rendimiento neto (los ingresos menos los gastos) no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), establecido actualmente en los 9.172 euros anuales divididos en 14 pagas. Esto es, 655 euros al mes.

La ley dice que cualquier persona que desarrolle una actividad económica debe estar inscrita en el RETA y cotizar a la Seguridad Social. La base mínima es de 884 euros, lo que supone pagar al mes 270. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del 29 de octubre de 1997 establece que si la retribución obtenida por el trabajador no alcanza el SMI, no cabe considerar la actividad como habitual y, por tanto, no cabría la obligatoriedad de darse de alta en el RETA.

«Al final se crea un problema de inseguridad jurídica. Pongamos por ejemplo un chaval universitario que da clases particulares, y que sólo tiene unos ingresos de 300-400 euros. No tiene lógica que le hagamos darse de alta en el RETA», dice Eduardo Abad. «Proponemos que todas esas personas se den de alta con una tarifa específica para ellos, hasta que puedan alcanzar unos ingresos superiores al SMI», añade. «Los autónomos con ingresos más bajos deberían tener una base de cotización por debajo de la mínima actual. Incluso similar al SMI. En la actualidad, en base a la jurisprudencia del Supremo, esa persona no tiene por qué cotizar a la Seguridad Social. Pero hay que regularlo de una vez por todas», opina Lorenzo Amor.

Esta reivindicación entronca con otra «ya legendaria» -así la califica Abad- como la de adecuar las cotizaciones a los ingresos reales netos de los profesionales. En la actualidad un autónomo puede elegir la base de cotización entre una mínima de 884 euros al mes y una máxima de 3.606. La realidad es que el 86% del 1,95 millón de autónomos 'físicos' se acoge al mínimo de tributación. Y sólo el 0,01% elige el máximo. Una circunstancia que ha hecho engordar hasta los 10.000 millones el déficit acumulado por el RETA.

«Los autónomos tienen una pensión media de 633 euros. Para pagar las del 1,9 millón de jubilados harían falta que casi 4,2 millones estuvieran cotizando, lo cual está lejos de suceder», dice Eduardo Abad. A su juicio, la solución pasaría por establecer «un sistema progresivo de cotizaciones. Partiendo de bases mínimas, hacerlas más altas en función de los ingresos reales. Se trataría de igualar en ese aspecto a los autónomos con los trabajadores por cuenta ajena, porque estos pagan en función de los ingresos que marcan su convenio colectivo».

Lorenzo Amor pide cautela al hablar de esta medida, que a su juicio se presta a peligrosas generalizaciones. «En campaña se escuchan muchas barbaridades. He oído decir que van a bajar las cotizaciones para los autónomos. Pero, ¿a cuáles nos estamos refiriendo? ¿a las personas físicas que tributan por estimación directa, que son 1,5 millones? ¿El millón de autónomos societarios no va a cotizar si su sociedad da pérdidas? ¿Qué pasa con los que cotizan por el régimen de módulos (medio millón). No es que no lleguen al salario mínimo, es que los ingresos los establece Hacienda en la orden de módulos de todos los años que marca los rendimientos netos. Ahí no hay ni beneficios, ni pérdidas. El problema es que no podemos dar titulares en 140 caracteres», cuestiona.

Además, la adecuación de las cotizaciones a los ingresos netos puede acabar perjudicando a un gran número de trabajadores autónomos. «Me encanta, está muy bien oír eso -ironiza-. Pero hay que adecuar las cotizaciones por abajo, a los que no llegan a la base mínima. En la actualidad el rendimiento neto de un autónomo está en una media de entre 14.000 y 15.000 euros anuales. Teniendo en cuenta que el 86% de los autónomos cotiza por una base mínima de 10.700 euros anuales, adecuar esas cotizaciones a sus ingresos supone subírselas al 70% de los trabajadores. Y sólo para un 30% de los autónomos 'físicos' puede significar una reducción», avisa.

«El Pacto de Toledo de 2010, siendo Octavio Granados secretario de Estado de Empleo, ya lo recomendaba. Pero no se puso en marcha porque suponía subirles las cotizaciones a los autónomos. Ni Fátima Báñez ni Tomás Burgos lo han puesto en marcha tampoco. Lo veo complicado», añade el presidente de ATA.

Flexibilidad en la negociación de deudas

En lo que sí están de acuerdo tanto UPTA como ATA es en pedir a la administración una mayor «flexibilidad a la hora de negociar las deudas de los autónomos». «Por ejemplo, si tus deudas superan los 30.000 euros necesitas un aval bancario para que la Administración te conceda un aplazamiento. Es decir, has cerrado tu negocio, estás en KO técnico, y a la Administración no se le ocurre otra cosa que pedirte un aval», se queja Abad. Lorenzo Amor pide además «que se reduzca ese 20% de recargo a los autónomos que se retrasan un día en pagar a la Seguridad Social». «Ojalá todas las administraciones públicas que se retrasan undía en el pago a los proveedores tuvieran que pagar también ese recargo», añade, en alusión a morosidad pública, uno de los grandes obstáculos que tienen que superar muchos trabajadores por cuenta propia en su actividad cotidiana.

También coinciden en reclamar «una reducción del IVA» a sectores que en su día pasaron de pagar un 8% a un 21% como por ejemplo el de los peluqueros, o las clínicas veterinarias.

UPTA cree necesario además «crear canales de consolidación del tejido productivo del trabajo autónomo», puesto que «sólo el 20% de los nuevos negocios se consolida. El 80% no supera los dos años». Un mal que achaca en parte a esa «burbuja de emprendimiento que se ha generado». Por eso aboga por que «haya profesionales de calidad. Por ejemplo, sería necesario un plan de relevo generacional que permita a los autónomos a punto de jubilarse incorporar a un relevo a través de contratos de aprendizaje». Por último, defiende el derecho de las asociaciones «de participar en la formación de los autónomos para que sean más competitivos y eficaces».

ATA reclama «más facilidades al trabajador. Que se eliminen trabas. Por ejemplo, que a la hora de cotizar, lo hagamos por el tiempo realmente trabajado. Las altas y las bajas se tienen que producir en el día que se producen, no en el mes. No es normal que tal día como hoy te das de alta tienes que pagar los días anteriores del mes sin haberlos trabajado. Y si te das de baja hoy pagas lo que queda de mes», critica su presidente Lorenzo Amor. También aboga por mantener la tarifa plana de 50 euros de la que se benefician los trabajadores que inician una actividad por cuenta propia. Pide «ampliarla, pero también eliminar esa traba que no permite una segunda oportunidad. Hasta ahora un autónomo que ha estado los últimos cinco años como tal no puede beneficiarse de la tarifa plana. Hay que reducir ese periodo a un año».

«Los políticos tienen que darse cuenta de que el trabajo autónomo es la maquinaria que hace funcionar este país. Y se ha jugado mucho con nosotros. Queremos dejar de ser el conejillo de indias», resume Eduardo Abad. Lorenzo Amor lamenta que muchas de las promesas realizadas por los políticos en campaña «nunca verán la luz. Ni en esta, ni en otras legislaturas. Eso va a generar algo de expectación, que luego se convertirá en frustración».