El sector lácteo, ante su «tormenta perfecta»

En el caso de España, y para complicar un poco más el panorama, se une el rompecabezas particular de un sector que acumula ya más de año y medio de precios claramente bajos, tanto que según se quejan los ganaderos ni siquiera llegan a cubrir sus costes de producción. Y los números les respaldan porque el precio de la leche de vaca en origen (el que se toma como referencia, por ser la más consumida en el país), lejos de subir a raíz del pacto a tres bandas (productores, industria y distribución) auspiciado por el Gobierno en septiembre pasado, ha bajado.

Su valor ha descendido prácticamente dos puntos desde entonces -en tasa interanual la caída roza ya el 7%-, que se notan sobremanera en los bolsillos de unos profesionales a los que difícilmente les compensa seguir ordeñando. Así, de los 0,304 euros de media que se pagaban hace ocho meses por litro se ha pasado a 0,298 euros en abril, según los últimos datos recogidos esta semana por el Ministerio de Agricultura.

Aumentar el importe de la leche era -y sigue siendo- la gran reivindicación de los ganaderos, hasta el punto de que dos de sus organizaciones representativas se desmarcaron del llamado 'Acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector vacuno de leche' porque no fijaba un suelo de precios o, al menos, garantizaba de alguna forma que se cubrieran los costes de producción. Estos, según los últimos datos de la Interprofesional Láctea (INLAC), que engloba a todo el sector, se sitúan ya entre 0,338 y 0,395 euros por litro, es decir, de un 13,4% a un 32,5% más altos que el precio recibido.

¿Una tarifa mínima?

Tanto UPA como COAG (dos de las principales organizaciones agrarias) reconocen, sin embargo, que es «ilegal» fijar una tarifa mínima pero advierten de que «también lo es comercializar leche por debajo de los costes de producción». Sus quejas aquí no solo van dirigidas a los «abusos» que dicen haber recibido desde la distribución comercial y la industria. También apuntan a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que reprochan actuar aparentemente con doble rasero al haber permitido a las grandes y medianas superficies vender a pérdidas la leche y sus derivados -aunque admiten que esta situación ha mejorado en los últimos meses-. Por el contrario, sí llegó a sancionar con una multa histórica (88,2 millones de euros) a las empresas transformadoras por pactar sus precios durante al menos 14 años (2000-2013).

Las sospechas de que Competencia ha hecho «la vista gorda» con esos comportamientos se compadecen con su postura sobre el código de buenas prácticas de la cadena alimentaria. Y es que la CNMC ve «poco razonable prohibir o criticar de forma generalizada» la venta a pérdida, pues estima que hay «determinadas situaciones» donde puede resultar competitiva (si el operador no tiene una posición dominante) y conllevar a su vez ventajas en precios para el consumidor, aunque nada refiere del posible perjuicio al productor.

Sin embargo, es en la industria láctea donde observa el Ministerio de Agricultura la principal rémora para implementar ese pacto ocho meses después de su firma (23 de septiembre). En aquel documento las empresas transformadoras se comprometían a incluir en sus envases cuál era el país de origen del producto, en un intento por poner en valor la producción nacional frente a la importación de leche más barata de otros Estados, sobre todo Francia.

Leche sin origen conocido

Pues bien, en tres de cada cuatro casos analizados no hacen mención alguna sobre dónde han comprado «su» leche. En concreto, el departamento que ahora dirige en funciones Isabel García Tejerina ha analizado casi 8.000 inserciones publicitarias de las empresas lácteas y solo en el 27,5% de los casos revelaban el origen del producto. Y entre las incumplidoras destaca a Covap, La Lechera, Puleva, President, Kaiku y Nestle.

Tampoco marcha mejor la aplicación de otras medidas del acuerdo como los contratos tipo de compraventa que aumenten la transparencia en las relaciones entre industria y ganaderos. En el Ministerio dicen que ya está homologado, aunque admiten que «aún no se han logrado avances significativos» para que tengan una duración mayor de 30 días. Y sin esa estabilidad temporal encajar las piezas del rompecabezas lácteo resultará una tarea muy ardua.

Tampoco han ayudado a ello los cambios legislativos en la UE, aunque el comisario Hogan sostiene que no son el origen de la crisis del sector. Hace casi 14 meses se puso fin al sistema de cuotas lácteas, una especie de licencia que impedía -bajo la amenaza de multas- a los países europeos superar un nivel determinado de producción. Lo que pasa es que un modelo que se creó en los años 80 pensando en que solo durara cinco años ha terminado prolongándose más de 30. Por eso el cambio va a suponer ahora una segunda revolución para un sector ya de por sí convulso.

Cuota en mano, España producía menos de lo que consumía y debía importar para sus necesidades. Con el mercado ya liberalizado genera más leche (un 6% los últimos 12 meses), aunque ahora se consume poco (un 11% menos en un año). Ocurre algo parecido en toda Europa pero aquí está provocando una deslocalización de la producción, acercándola a los núcleos de mayor consumo y a las plantas industriales.

Una de las soluciones propuestas por Europa fue aprobar en septiembre un paquete de ayudas por valor de 420 millones de euros destinado a ayudar al sector, pero en la Comisión se quejan de que los Estados miembros y sus regiones no han hecho uso de ellas; de hecho, a día de hoy solo se han gastado el 56% de esos fondos. Otra medida pasa por elevar un escalón más el volumen máximo de intervención pública sobre los precios, que se traduce en establecer un precio fijo para un tope de leche desnatada en polvo (repartido luego por países) hoy establecido en 218.000 toneladas anuales.