La reforma de la RGI, a examen

Imanol Zubero. Sociólogo de la UPV

«Desvincularía la RGI del empleo, lo contrario a lo que proponen»

1. ¿La RGI necesita ser reformada?

Entre las reformas entendidas como adaptaciones, hay que ir limando las más llamativas aristas, como por ejemplo, los millones de euros pagados de más por Lanbide a muchas personas beneficiarias, pagos que luego deben ser reclamados a éstas, con lo que esto supone para unas economías familiares tan precarias. O la mejora en su capacidad de intermediación laboral. Y sí, vale, también todo lo que tenga que ver con la persecución del fraude, por más que sea anecdótico. Pero no creo que estas sean las reformas que de verdad hay que hacer. Al contrario de lo que plantea la doctrina dominante, que pretende vincular más estrechamente el cobro de la RGI con la activación para el empleo, estoy cada vez más convencido de que un mercado de trabajo cada vez más desregulado, incierto y precario, hace objetivamente imposible esa vinculación. La condena al fracaso.

2. ¿En qué sentido deberían ir los cambios?

En un contexto de precarización creciente del mercado de trabajo, una RGI vinculada de manera expresa a la activación para el empleo puede acabar convertida en una subvención a la contratación precaria, en una especie de complemento con dinero público a los salarios insuficientes. En este momento ya hay más de 10.000 personas que están trabajando y, aún así, tienen sueldos tan bajos que los complementan con la RGI. Yo soy partidario de ir ensayando el camino inverso: buscar la manera de desvincular la garantía de ingresos del empleo. Mi ideal sería avanzar hacia una renta básica de ciudadanía, entendida como un derecho.

3. ¿Sacar a los colectivos de pensionistas y beneficiarios en situación de exclusión social crónica va a mejorar el funcionamiento de Lanbide? ¿Qué efecto puede tener?

Parece evidente que si se saca a las y los pensionistas, algo más de 15.000 perceptores, la gestión de Lanbide se simplificaría. Si a estos añadimos las personas que puedan ser definidas como «inempleables» (algo, por otra parte, bastante más complejo que lo anterior), la carga de gestión se vería mucho más reducida, al menos en su dimensión cuantitativa. Pero, como ya he indicado, el problema estructural es otro. Es el mercado de trabajo el que genera precariedad y exclusión. Aunque su gestión pueda aligerarse, Lanbide va a seguir enfrentándose al mismo problema: el de un mercado de trabajo estructuralmente exclusógeno. Pensemos en las más de 2.000 personas con estudios universitarios dadas de alta en Lanbide. Que hagan la prueba con estas personas, en principio con buenas condiciones para la empleabilidad. Y ya me contarán cuántas encuentran empleo, y en qué condiciones.

Fernando Fantova. Consultor social y exviceconsejero de Asuntos Sociales del PSE

«Alejar de Lanbide a las personas en exclusión es como sacar de Osakidetza a los enfermos graves»

1. ¿La RGI necesita ser reformada?

Nuestra renta de garantía de ingresos y, en general, nuestra política de garantía de ingresos mínimos para la subsistencia necesita reformas que vayan haciéndola más universal; más sencilla de solicitar, gestionar y recibir y más sensible a situaciones como la pobreza infantil, por ejemplo.

2. ¿En qué sentido deberían ir los cambios?

Una de las medidas que contribuiría a esa universalización y simplificación sería que las personas que reciben la Renta de Garantía de Ingresos como complemento de una pensión (contributiva o no contributiva, de jubilación o de otro tipo) la recibieran (como un impuesto negativo) desde las Haciendas forales.

3. ¿Sacar a los colectivos de pensionistas y beneficiarios en situación de exclusión social crónica va a mejorar el funcionamiento de Lanbide? ¿Qué efecto puede tener?

Alejar de Lanbide a las personas que encuentran más obstáculos para su inclusión laboral tiene la misma lógica que alejar de Osakidetza a las personas con enfermedades más graves (es decir, no tiene lógica). La integración entre política de garantía de ingresos y políticas activas de empleo es más necesaria cuanto mayor sea la exclusión de una persona respecto del mercado de trabajo.

Alfonso López. Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN)

«Es necesario deshacer los cambios de 2011 y hacer más accesible la ayuda»

1. ¿La RGI necesita ser reformada?

En los últimos años la situación social de Euskadi ha empeorado mucho. Si bien es cierto que mantenemos tasas de pobreza y desigualdad inferiores a las medias estatales y europeas, también es cierto que la pobreza y la desigualdad han aumentado de manera importante en Euskadi. Según la encuesta de pobreza y desigualdades sociales del Gobierno Vasco, el 22,7% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, en el 2008 era el 17,9% y en el 2012 el 19,9%. Por ello, es necesario revisar lo actualmente existente para evitar que la pobreza y la exclusión sigan creciendo; para evitar que la cohesión social vaya mermando.

2. ¿En qué sentido deberían ir los cambios?

Es necesario, al menos, deshacer las modificaciones establecidas en 2011, que básicamente consistieron en endurecer el acceso y rebajar la cuantía de la prestación. Justo al contrario, en estos momentos es necesario hacer más accesible la prestación, que sea más fácil su tramitación, y también es necesario actualizar las cuantías, que fueron rebajadas un 7% en el 2011. Además es necesario rehacer un consenso socialy político sobre las bondades del sistema. Además, al hablar de mejoras, una cuestión muy importante es la visión de género; las mujeres soportan tanto a nivel mundial como en nuestro entorno más cercano tasas más altas de pobreza que los hombres.

3. ¿Sacar a los colectivos de pensionistas y beneficiarios en situación de exclusión social crónica va a mejorar el funcionamiento de Lanbide? ¿Qué efecto puede tener?

Puede tener sentido organizar la RGI para las personas pensionistas de otra manera. De hecho, sería más adecuado incrementar las pensiones lo suficiente para que las personas pensionistas puedan vivir con la suficiente dignidad. En relación a las personas en situación de exclusión social crónica, hay que decir que no hay ningún instrumento, mecanismo ni protocolo aprobado que conceda esta calificación de «exclusión social crónica»; por lo tanto se antoja complicado el uso de esta denominación. Entendemos que el sistema de garantía de ingresos y para la inclusión social y Lanbide como órgano gestor del mismo están siendo sometidos a una presión mediática y social que no ayuda a que puedan desarrollar su labor adecuadamente. Conviene recordar que la RGI solamente supone el 4,5% del presupuesto del Gobierno, frente a un 6% de los servicios sociales, un 23,5% de educación y un 32% del sistema sanitario.

También habría que favorecer una visión más justa sobre las personas perceptoras de la RGI, no culpabilizándolas de su situación, nadie es pobre porque quiera serlo. Conviene recordar que en estos momentos unas 140.000 personas no tienen empleo en Euskadi, y tampoco se prevé un horizonte mucho mejor a corto plazo. La cuestión clave, por tanto, es cómo garantizamos la inclusión social, cómo vamos a garantizar la participación de todas las personas en la sociedad al margen del mercado laboral, cómo vamos a garantizar la redistribución de la riqueza al margen del empleo; porque el empleo ya no garantiza ni lo uno ni lo otro.