Un futuro negro como la hulla

El combustible fósil que sirviera de motor a la primera gran revolución industrial del siglo XIX está hoy marginado en favor de otras fuentes de energía menos contaminantes -es uno de los principales responsables de emisión de CO2 a la atmósfera- como el gas o, por supuesto, las energías renovables. Un contexto poco propicio para la supervivencia de la industria minera, especialmente la española, incapaz de competir -al menos sin ayudas de por medio- con los precios del material llegados desde otras partes del mundo.

Salvo muchos países del sudeste asiático o de África, que no tienen mucho más remedio que mover el tren del progreso con combustibles baratos y accesibles como el carbón, el resto de las economías del mundo han apostado por ventilar el hollín de sus cielos. Y gran parte de esa tarea de 'descarbonización' recae en la manera de producir electricidad. Inglaterra ya ha anunciado que cerrará sus centrales térmicas para 2025, Estados Unidos ha decidido propulsarse por el gas de esquisto y las energías renovables, y otro tanto puede decirse de China. Quizá la gran excepción -al menos momentánea- a esta tendencia la constituye Alemania, que ha decidido seguir tirando del carbón -muy abundante en sus cuencas mineras- y de las energías verdes para compensar el apagón nuclear autoimpuesto tras el accidente de Fukushima (Japón).

En España fue la segunda fuente de generación eléctrica (cubrió un 20,3% de la demanda) tras la nuclear (21,9%) en 2015, un año seco y con menor actividad de las energías eólica e hidroeléctrica. La producción a partir de carbón creció un 23% respecto a 2014. Sin embargo, en el primer trimestre de este año sólo ha cubierto el 9,6% de la demanda eléctrica (frente al 15,7% del mismo periodo de 2015) debido a los mayores registros de viento y lluvia que han impulsado la generación a partir de molinos de viento y embalses.

Directivas medioambientales

Pero la política medioambiental europea (recogida en los objetivos 20-20-20 para dentro de cuatro años, o un poco más allá, los que tienen como meta el 2030) coloca a las centrales de carbón españolas en una complicada tesitura. Por un lado, la directiva de Emisiones Industriales (2010) limita las emisiones para óxidos nitrosos y partículas a partir de 2016 para plantas de carbón, gas natural y fuel. Por tanto, las centrales deberán hacer frente a labores de desnitrificación para cumplir con la legislación comunitaria. O eso, o el cierre.

«Tal vez pueda compensar llevar a cabo esas inversiones a las plantas que usan carbón importado, porque el precio de la materia prima es bastante más barato que aquí. Pero a las que funcionan con mineral español, desde luego que no», reflexiona un experto en el sector que prefiere guardar el anonimato.

Hasta el 31 de diciembre de 2014 las centrales que usaban carbón español se veían favorecidas por un mecanismo de restricciones por garantía de suministro que daba cierta prioridad para la entrada en el sistema de producción eléctrica a las centrales que usaban carbón español. Desde entonces, el Gobierno del Partido Popular ha intentado articular un nuevo sistema de ayudas, aunque por el momento sin mucho éxito. Su última propuesta fue la de subvencionar la desnitrificación de las plantas térmicas a cambio de que utilizarán carbón español. Un mecanismo -plasmado en una orden ministerial- que en primer lugar fue duramente criticado en octubre del pasado año por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El supervisor considera, entre otras cuestiones, que un mecanismo de capacidad no debe tener como finalidad la garantía de disponibilidad de un recurso gestionable autóctono como es el carbón. La puntilla a esta iniciativa la dio recientemente la Comisión Europea, que la ve como una ayuda de Estado absolutamente incompatible con el Tratado de la Unión. «Las eléctricas no parecen muy dispuestas a pedir a sus accionistas dinero para invertir en centrales de carbón, y más aún cuando todo depende de un tema legislativo», sostiene el experto.

Iniciativas de apoyo en el Congreso

En la recta final de esta fallida legislatura se han sucedido distintas iniciativas para intentar insuflar algo de oxígeno al sector. La Comisión de Hacienda del Congreso aprobó el pasado día 20 -con los votos favorables de PSOE, Podemos y Foro Asturias- una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista en la que se solicitaba al Gobierno que bonificara el Impuesto sobre el Carbón para la producción nacional. El pasado jueves, la Comisión de Industria del Congreso dio luz verde a otra PNL de Foro Asturias en la misma línea de favorecer la quema de carbón español. Además, se pedía analizar la situación de los pozos más productivos para que pudieran funcionar más allá de 2018. Esta vez la iniciativa contó con el voto en contra de Podemos.

Mientras, la minería española de carbón -que depende del mineral que consuman estas centrales térmicas- sigue su particular viacrucis. Apenas una decena de empresas privadas siguen en activo. Emplean a unos 2.000 trabajadores, a los que habría que añadir los trabajadores de las subcontratas, y los 1.400 que integran la empresa pública Hunosa. A comienzos de la pasada década eran casi 14.000. Por su parte, la producción se elevó en 2015 a poco más de 3 millones de toneladas. Hace 20 años eran casi 20.

La patronal del sector, Carbunión, señala sin dudar al Ministerio de Industria como culpable de su situación. El director general, Pedro Iglesia, habla de incumplimientos del Plan del Carbón 2013-2018, según el cual el 7,5% de la electricidad debería producirse con carbón autóctono. «Lo único que pedimos es que se cumplan los acuerdos firmados por el ministerio, los sindicatos y la patronal», se queja. «En la actualidad continuamos con una gran dependencia energética del exterior y a la vez las empresas eléctricas siguen consumiendo prioritariamente carbón de importación y coque de petróleo, y en menor medida carbón nacional. Así, el sector se encuentra prácticamente paralizado», exponía por su parte el diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón en una interpelación parlamentaria al Gobierno.

A todo ello se une «la obligación de terminar con las ayudas a las producción corriente a empresas mineras que estén en pérdidas. Esto se ha traducido en una limitación a estas subvenciones, que ahora en España suponen unos 30 millones de euros al año», expone Eloy Álvarez Pelegry, doctor ingeniero de minas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Madrid (ETSIMM), y director de la Cátedra de Energía de Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad.

En efecto, las ayudas a la extracción mineral de carbón sólo se podrían prolongar hasta 2018 para aquellas minas cuyo cierre estuviese planificado para ese mismo año. Además, estaban sujetas a un plan de cierre que se debería presentar ante la Comisión Europea. Hasta el pasado viernes España no contaba con un plan que tuviera el visto bueno de las autoridades comunitarias.

Preacuerdo con Bruselas

Pero ese día la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciaba que el Ejecutivo había llegado a un preacuerdo con Bruselas para evitar que las mineras que han estado recibiendo subvenciones desde 2010 tengan que devolverlas. Además, en virtud de ese preacuerdo Europa permitirá al Gobierno español incentivar con hasta 10 euros por tonelada la producción de carbón nacional. «Se duplicarían las ayudas previstas», destacó Sáenz de Santamaría.

Medidas que probablemente sólo logren alargar la agonía de un sector que a principios de año vio caer a Hullera Vasco-Leonesa, la minera de carbón más antigua de España, con más de 120 años de historia a sus espaldas. Y este mismo mes Peabody, la segunda mayor empresa extractora de este mineral en el mundo (y la primera de Estados Unidos) ha entrado en concurso de acreedores. «Está claro que avanzamos por la senda de la 'descarbonización' de la energía. Y más después de la cumbre climática de París, que aunque no ha arrojado compromisos vinculantes muy claros, sí los ha habido por parte de países muy importantes», sentencia Álvarez Pelegry.