Los autónomos vascos no se blindan ante accidentes laborales

En diciembre de 2015 había 174.364 vascos inscritos en el Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA), pero solo 19.273 cotizaban por contingencias profesionales. Cifra que arroja una tasa de cobertura del 11,04%, sensiblemente inferior a la media nacional -del 19,73%-, según datos de la federación de autónomos ATA, que ha elaborado un estudio sobre la siniestralidad en el colectivo. Por territorios históricos, Álava presenta el mayor porcentaje (un 14,39%) seguida de Bizkaia (11,01%) y de Gipuzkoa (10,07%).

El pago por contingencias profesionales es opcional, no obligatorio, y varía entre el 1% y el 7% de la base de cotización del autónomo según la profesión que desempeñe. Para las que entrañan un mayor riesgo, como la construcción, el porcentaje a aplicar es el máximo. Sólo uno de cada cinco trabajadores por cuenta propia cotiza por contingencias profesionales, pese a que la cantidad a pagar tampoco es excesiva si se tiene en cuenta que buena parte de los autónomos están acogidos a la base de cotización mínima.

José Luis Perea, director del departamento de prevención de riesgos laborales de ATA, cree que la cotización por contingencias profesionales ofrece más ventajas que inconvenientes a los autónomos. Y lo argumenta con un ejemplo. «Si tienes un accidente o enfermedad laboral y no estás cotizando por ello, a efectos de baja se te computará como si fuera por causas comunes. Así tu recuperación se llevará a cabo en la Seguridad Social, y no a través de una Mutua, con lo que los plazos de recuperación serán más lentos. Y tendrás menos cobertura económica por esos días de baja», explica.

274 accidentes registrados

El sindicato maneja cifras de siniestralidad en el colectivo de los autónomos, aunque sólo se refieren a la quinta parte de los trabajadores, los que cotizan por accidentes y enfermedades laborales. En Euskadi se registraron el pasado año 274 siniestros en el Delt@ (Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados). De elos, 130 se produjeron en Vizcaya, 43 en Álava y 74 en Gipuzkoa.

En el conjunto de España fueron 11.944 siniestros, lo que supuso un descenso del 7,65% respecto a los 12.933 de 2014. La inmensa mayoría (un 97,66%) fueron leves, mientras que 249 tuvieron la calificación de graves (2,08%) y 13 (0,11%) muy graves. Los accidentes mortales ascendieron a 17 (0,14%). Por sectores, los que registraron un mayor número de siniestros fueron la agricultura, ganadería y caza (2.896), y la construcción especializada (1.694).

Sin embargo, la incidencia de estos accidentes es mayor en la construcción, debido a que se produjeron más percances en proporción al número de cotizantes por contingencias comunes dentro de esta actividad. Es decir, cuantitativamente se registraron más accidentes en el sector de la caza, pero proporcionalmente el de la construcción resultó ser el de más riesgo.

Las lesiones más frecuentes entre los autónomos fueron los esguinces, dislocaciones, y distensiones (4.678) -que representan un 39,16% del total- seguidas de lesiones superficiales y fracturas cerradas (12,21% y 11,20% respectivamente. Casi tres de cada diez accidentes y lesiones tuvieron su origen en el sobreesfuerzo físico sobre el sistema musculo-esquelético, mientras que el 22,43% se debieron a caídas.

Decálogo de medidas preventivas

En ATA reclaman «una mayor implicación de las administraciones públicas con el colectivo de autónomos en materia de prevención de riesgos laborales tal y como exige la norma, y que las organizaciones de autónomos participemos de forma activa en políticas preventivas que reduzcan la siniestralidad». Por eso, han elaborado un decálogo de propuestas para mejorar la prevención de riesgos laborales y reducir la siniestralidad en el colectivo», declara Perea.

Una de esas medidas consiste en promover la cotización por contingencias profesionales «a través de campañas que sensibilicen e informen a los autónomos sobre las ventajas de la misma». También solicitan «dar cumplimiento y concreción» al artículo de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo (LETA) que atribuye a las Administraciones Públicas «las tareas de tutela y vigilancia sobre las condiciones preventivas de los autónomos».

Otra propuesta a la que ATA concede mucha importancia es la mejora del sistema de incentivos 'bonus-malus', que permite reducciones en la cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que reduzcan su siniestralidad laboral, reduciendo cargas administrativas y agilizando plazos. «Se trata de adecuar este sistema a aquellos autónomos sin trabajadores que coticen por accidentes y enfermedades laborales, especialmente en los sectores de mayor siniestralidad, para que les resulte atractivo, teniendo en cuenta la poca bonificación que reciben y el gasto público que supone su baja por accidente».