¿Almunia es el culpable del sufrimiento de los astilleros?

Los hechos están claros. La Comisión abrió a España un expediente en 2012 que resolvió un año más tarde con un pronunciamiento claro: el sistema de ayudas a la construcción de buques en España era ilegal porque dañaba la competencia y, entendía el Ejecutivo europeo, distorsionaba el mercado. En otras palabras, favorecía los intereses de los astilleros españoles en detrimento de los del resto del países, concediendo además importantes ventajas fiscales a unos inversores que actuaban como intermediarios, que sólo podían tener su residencia en España. La Comisión obligó además a que se devolviesen a las arcas de Hacienda estas deducciones fiscales, cuya cuantía definitiva no se había podido fijar todavía. El Gobierno español lo evaluaba en apenas 126 millones de euros pero las autoridades de la UE estimaban que la cifra debía ser mucho más alta.

Para que nos ubiquemos bien hay que recordar que la Comisión es un órgano administrativo. Digamos que es el Gobierno. De ahí que sus decisiones, como sucede con las que toma la Administración española, el Gobierno vasco o cualquier ayuntamiento, puedan ser recurridas ante los tribunales de Justicia. La Corte de Luxemburgo es, precisamente, el lugar donde se sustancian esos recursos y se interpreta la normativa de la UE. Pues bien, los jueces han estimado que aquello que la Comisión consideraba ilegal era del todo legal, sin medias tintas, y que la Comisión se extralimitó e incluso interpretó mal las condiciones que regían el sistema de incentivación de la construcción naval. No era cierto que sólo se pudiesen construir los barcos subvencionados en astilleros españoles y aunque es cierto que debían ser empresas con sede en España las que actuasen como intermediarias, el Tribunal ha recordado a la Comisión que la UE no tiene competencias en materia de impuestos. Y si determinada norma fiscal puede ser aplicada por todos los contribuyentes de un país, la Comisión no puede oponerse a ella.

En una entrevista concedida a EL CORREO en 2013, Joaquín Almunia aseguraba que no sirve ir a Bruselas a dar pena, hay que ir con argumentos jurídicos. Dio en el clavo. Han sido los argumentos jurídicos los que han permitido a España salirse con la suya, aunque en medio el sector de la construcción naval haya sufrido lo indecible -en 2012 y 2013 la sequía de nuevas contrataciones fue prácticamente total- de ahí que la Comisión Europea también debería ser sensible a los daños que ocasionan estas situaciones. Quizá no haya normativa legal para ello, pero quien rompe debe pagar, aunque el roto se haya producido en un descuido. Y la Comisión Europea debería asumir sus responsabilidad en este caso y admitir que sus actuaciones han generado consecuencias muy negativas: la inseguridad jurídica y el consiguiente miedo de los armadores a encargar nuevos buques en España.

De momento, el excomisario ha decidido meter la cabeza bajo el ala para señalar que se ha retirado de la vida política y que no está por la labor de opinar en torno a lo que ha sucedido ya sus consecuencias. Es una opción, quizá a sabiendas de que diga lo que diga seguirá siendo el blanco de todas las críticas, pero no encaja con su tradicional valentía a la hora de encarar cualquier asunto.