Por qué un bonista puede verse atrapado en la ruina

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) viene insistiendo desde hace varios años en advertir sobre el peligro que, en mayor o menor medida, pueden suponer los bonos u obligaciones de empresas, si este tipo de inversión no se encuentra adaptada al perfil del ciudadano.

La cuestión no es baladí, porque un 10% de los ahorradores invirtieron directamente en renta fija en 2014, una cifra cuatro puntos inferior a la del año anterior, pero por encima de ejercicios previos, como en 2011 y 2012, según el último Observatorio Inverco. De hecho, para el próximo año, al menos un 8% de los inversores optarán por este tipo de activos. Y argumentan que les proporcionan confianza, seguridad y liquidez, por este orden.

Los valores del Estado

En el grupo de productos de renta fija se encuentran los de deuda pública (Letras, Bonos y Obligaciones del Estado, o de otras administraciones como las autonómicas); la privada (pagarés de empresa, bonos y obligaciones corporativos, cédulas y titulizaciones) y las famosas participaciones preferentes. Históricamente, entre todos estos activos, el que menor riesgo ha tenido eran los valores emitidos por el Estado. Eso sí, hasta que en 2012 la incertidumbre que planeaba sobre el futuro de España era tan desastrosa que el país estuvo a punto de entrar en una fase de impago.

Nadie creía que una economía de la zona euro pudiera quebrar, pero ocurrió en Grecia, por ejemplo. Desde entonces, las circunstancias han cambiado y ahora ningún analista duda de que España pueda dejar de pagar su deuda, pero sí recuerdan que la situación vivida hace tres años es una muestra del riesgo que también tiene la renta fija, ya sea pública o privada.

El principal temor que puede tener un inversor en bonos es el riesgo de insolvencia. Es decir, de que la empresa o el Estado quiebren y no hagan frente a sus compromisos con los inversores. «Cada vez se tiene más en cuenta la calidad de crédito del emisor», explican desde la CNMV. Desde el regulador recomiendan consultar las calificaciones (el denominado 'rating') que realizan las agencias especializadas sobre la calidad crediticia y fortaleza financiera de las sociedades emisoras, Estados y Administraciones Públicas. «El criterio fundamental empleado para evaluar la solvencia de un emisor suele ser su capacidad para generar beneficios en el futuro y, en consecuencia, para afrontar sus compromisos de pago», aconseja la CNMV.

Además, al adquirir un producto de deuda a seis meses, un año o cinco años vista, por ejemplo, también asume un riesgo de falta de liquidez. Esto es, una posible penalización en el precio de la inversión si se necesita recuperar su dinero con rapidez. «En casos extremos, podría resultar imposible recuperar el dinero en el momento deseado», recuerda la CNMV.

Un seguimiento continuo del dinero

También existen otros riesgos, como el de tipo de cambio (la variación en los tipos de cambio de las divisas y sólo afecta a los activos denominados en monedas distintas del euro), así como el de precio: cuando un inversor adquiere un activo con un vencimiento superior a su propio horizonte de inversión, llegado ese momento tendrá que venderlo en el mercado secundario. Si en ese periodo los tipos han subido obtendrá una rentabilidad inferior a la esperada y, dependiendo de esa variación, podrá obtener minusvalías. Por el contrario, descensos en los tipos de interés le reportarán rentabilidades superiores a las inicialmente previstas.

Ante este panorama, lo más recomendable es que el inversor concrete cuáles son los objetivos que se marca con el dinero que tiene previsto adentrar en renta fija. Los expertos recomiendan que, en primer lugar, se cuantifique la cantidad exacta que se destina a esta inversión; preguntarse cuánto tiempo desea tener inmovilizado su capital; y qué rendimiento espera obtener, así como el riesgo que está dispuesto a asumir.