La lista en la que Abengoa no quiere entrar

La cuenta atrás ha empezado para Abengoa, que tiene menos de cuatro meses para renegociar con los acreedores una deuda que amenaza su propia supervivencia, al menos como empresa privada. La emblemática firma andaluza, líder en ingeniería y desarrollo de energías renovables, se halla inmersa en preconcurso de acreedores, la antesala de un futuro mucho más incierto que en cualquier caso se cobrará su peaje en forma de pérdidas millonarias para los accionistas y de puestos de trabajo. Abengoa ya negocia con los bancos acreedores una reestructuración de su deuda financieraa, que alcanza los 9.000 millones de euros. En esa cantidad se incluyen 4.100 millones que debe a sus proveedores.

La mayor empresa de Andalucía (con 27.000 empleados por todo el mundo, 6.000 de ellos en España) no quiere engrosar la lista de ilustres gigantes caídos, como Rumasa, Martinsa-Fadesa, Fagor o Pescanova. Unos no pudieron volver a levantarse. Otros tratan de resurgir de sus cenizas. Lo cierto es que si Abengoa no llega en menos de cuatro meses a un acuerdo con los bancos, se verá abocada al mayor concurso de acreedores de la historia.

Rumasa: el culebrón termina... 32 años después

Hace apenas tres semanas el Consejo de Ministros autorizó la extinción y liquidación de Rumasa: 160 millones que irán a parar a las arcas del Estado. Son las cenizas de lo que un día fue el mayor holding industrial de España. La gran creación, convertida en delirio, de un empresario peculiar. En febrero de 1983 el gobierno socialista, que aún no llevaba un año en el poder, anunciaba la expropiación "por razones de utilidad pública e interés social" del conglomerado empresarial levantado por José María Ruiz Mateos. El sector bancario y el vitivinícola estaban en el origen de un holding que fue diversificando sus áreas de negocio según crecía en tamaño. Rumasa, que adquiría empresas en graves dificultades económicas para presuntamente reflotarlas, llegó a poseer más de 700 firmas que daban empleo a unos 100.000 trabajadores.

En el decreto de expropiación se enumeraban los principales motivos por los que el Estado había decidido intervenir: la ausencia de auditorías externas a las empresas del grupo desde cinco años atrás; la permanente obstrucción a las inspecciones del Banco de España; o la descontrolada dinámica de adquisiciones por parte del grupo, entre otras razones. El por aquel entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, reconocería más tarde que el proceso expropiatorio no era una simple operación de castigo a un empresario por sus supuestas tropelías en la dirección del holding, sino que se trató de "una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra".

Las auditorías efectuadas con posterioridad a la intervención estatal revelaron un desfase patrimonial de 259.000 millones de pesetas de la época. Además, mantenía una deuda con la Seguridad Social de casi 11.000 millones de pesetas, y de casi 20.000 con Hacienda.

La esperpéntica huida de Ruiz Mateos a Londres dio paso a un largo y complejo proceso de reprivatización del grupo -se desechó la posibilidad de nacionalizarlo- y litigios judiciales. El Estado comenzó la venta individualizada de todas las empresas del holding, puesto que no había compradores dispuestos a hacerse cargo del grupo en su conjunto. Una de las compañías más emblemáticas de Rumasa, los grandes almacenes Galerías Preciados, fueron vendidas en 1984 al grupo empresarial venezolano Cisneros.

En 1985 Ruiz Mateos era detenido en Francfort y puesto a disposición de la justicia española. Apenas pisaría la cárcel, y nada más recobrar la libertad se puso manos a la obra con el objetivo de resucitar el imperio de la abeja (icono de la vieja Rumasa). La Nueva Rumasa estaba formada por más de 100 compañías, pero ya no bajo la estructura de un holding. Se trataba de un ramillete de empresas que se gestionan de manera coordinada, pero con independencia financiera entre ellas. Y alojadas en su mayor parte en paraísos fiscales. Sus áreas de negocio seguían siendo las mismas que las del antiguo holding, con la excepción del bancario: hoteles, bodegas, empresas de alimentación, inmobiliarias, turismo y empresas de distribución.

En febrero de 2011 el nuevo conglomerado comenzó a derrumbarse, víctima otra vez de una gestión ruinosa y poco o nada transparente. Según acreditó la Justicia, el empresario jerezano y su familia urdieron una estafa mediante la emisión de pagarés con el objetivo de captar ingresos para mantener en pie el castillo de naipes. Nueva Rumasa acabó pidiendo el preconcurso de acreedores y poco después entraría en la siguiente fase. El destino final del nuevo imperio de la abeja aún se dirime en multitud de pleitos. El pasado mes de septiembre moría Ruiz Mateos, y hace tres semanas el Gobierno recogía los últimos rescoldos de su desdichada colmena.

Martinsa-Fadesa: metáfora de una época

Hasta la fecha, el mayor concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la historia empresarial española lo ha protagonizado Martinsa-Fadesa. El caso de la inmobiliaria presidida por Fernando Martín constituye la metáfora perfecta de una época dominada por el crecimiento descontrolado a ladrillazo limpio. Martinsa-Fadesa nació en septiembre de 2006 cuando el expresidente del Real Madrid -había ocupado la poltrona merengue entre el 27 de febrero y el 26 de marzo de ese mismo año- compró otra inmobiliaria -la gallega Fadesa- a Manuel Jové por algo más de 4.000 millones de euros.

La economía española galopaba a lomos de una burbuja inmobiliaria que pocos habían visto -o habían querido ver-, así que no importó demasiado que la operación se llevara a cabo con una prima del 21% respecto a la cotización de Fadesa. Un año después la compañía resultante debutaba en Bolsa. Para entonces la crisis de las hipotecas 'subprrime' ya había estallado en Estados Unidos. Soplaban ya los primeros vientos de lo que acabaría siendo un terrible huracán. La falta de crédito se alió con una pésima gestión para devastar la tesorería de Martinsa-Fadesa que a mediados de julio de 2008 solicitaba el concurso de acreedores.

El derrumbe de la inmobiliaria precedió el de buena parte del sector inmobiliario: Habitat, Tremón, Sacresa y Reyal Urbis fueron las siguientes en la lista. La historia de Martinsa-Fadesa concluyó en abril de este mismo año tras la disolución de la compañía por parte de un juzgado de la Coruña.

Fagor: el mito Mondragón tiemble

En octubre de 2013 la economía española -ambién la vasca- vivía ya en una noche cerrada. Con los índices 'macro' por los suelos y una actividad industrial también bajo mínimos, lo que pasó entonces adquirió tintes casi apocalípticos: Fagor Electrodomésticos, el mascarón de proa del primer grupo industrial vasco (Mondragón) solicitaba el preconcurso de acreedores. Con una deuda cercana a los 1.000 millones de euros, el que fuera líder europeo en fabricación de lavadoras sacó bandera blanca para proclamar que ya no podía más. El derrumbe del mercado inmobiliario dejó al desnudo las carencias de una empresa con serios problemas de gestión y una plantilla escasamente cualificada.

Más de 1.800 puestos de trabajo pendían en ese momento de un hilo que sólo podían ayudar a sostener las demás cooperativas del grupo. Necesitaba una inyección extra de dinero por parte de la Corporación para seguir funcionando. Pero Mondragón dijo basta: no habría un solo euro más de ayuda para Fagor Electrodomésticos porque el rescate amenazaba con hacer caer a todo el conglomerado. Tampoco las instituciones vascas, que llevaban años alimentando a un cadáver andante, acudieron a la llamada de socorro. Cuatro meses después de solicitar el preconcurso de acreedores, la joya de la corona del grupo entró en fase concursal. Dos grupos, el argelino Cevital y el catalán CNA (a través de la empresa Cata) se disputaron los restos del gigante de los electrodomésticos, al tiempo que Mondragón Corporación se aplicaba en la titánica trea de dar una salida a los trabajadores.

Han pasado más de dos años desde aquel negro octubre de 2013, y la situación es la siguiente: El 28 de julio de 2014, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián adjudicó los activos de Fagor Electrodomésticos a Cata. La firma catalana ofreció 48,5 millones de euros, 705 empleos en el primer año de actividad y una facturación de 168 millones. Cevital puso sobre la mesa 28 millones de euros y 500 puestos de trabajo. La realidad es que, a día de hoy, la nueva Fagor Electrodomésticos (Fagor CNA) ha alcanzado en su primer año de vida una facturación que apenas llega a 100 millones, mientras que la plantilla está conformada los 450 empleados.

Por su parte, el grupo Mondragón puede presumir de haber amortiguado en buena parte el impacto social que tuvo la decisión de dejar caer a Fagor. En estos momentos, 1.700 de los 1.895 socios tienen una solución: o están trabajando o se han jubilado. Buena parte de ellos (790) se encuentran en reubicaciones provisionales; pero 200 tienen un puesto definitivo. Por su parte, 450 han accedido a jubilaciones, prejubilaciones o excedencias; y 260 han pasado a trabajar para CNA, aunque tienen la opción de regresar al mundo cooperativo en tres años y, en todo caso, serán acogidos en caso de despido. Los esfuerzos del grupo se centran además en dar formación a un no desdeñable número de extrabajadores de Fagor con escasa o nula cualificación para facilitar su acomodo definitivo en alguna de las empresas del conglomerado.

Pescanova: en manos de los bancos

Pescanova es desde hace poco más de una semana Nueva Pescanova. Han pasado dos años y medio desde que el grupo alimentario entrara en concurso de acreedores. En aquellos momentos la deuda financiera de la firma gallega -que empleaba a 10.000 trabajadores en todo el mundo- se situaba alrededor de los 3.235 millones de euros, frente a los 1.500 que figuraban en el pasivo auditado. Más de dos tercios de esa deuda estaba contraída con 45 entidades bancarias.

Las alarmas empezaron a encenderse en febrero de 2013, cuando la dirección de Pescanova se negó a presentar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) las cuentas correspondientes a 2012, admitiendo que no se ajustaban a la realidad. Las pesquisas del órgano regulador y la auditoría forense realizada en los meses posteriores alumbraron la existencia de un fraude contable en toda regla. Para entonces, la batalla en el seno de consejo de administración de la firma ya estaba desatada, con posturas irreconciliables entre los principales accionistas.

Una vez solicitado el concurso de acreedores, el 25 de abril de 2013 el juez decide aparcar de la presidencia a Manuel Fernández de Sousa, que en los meses previos había vendido la mitad del 14% de las acciones de la compañía que obraban en su poder. Deloitte se hace cargo de la administración concursal. Un mes más tarde, la Audiencia Nacional imputa a Fernández de Sousa al percibir indicios de falsificación de cuentas y aprovechamiento de información privilegiada.

En septiembre de ese mismo año la junta de accionistas de Pescanova elige un nuevo órgano de dirección, que estará encabezado por Juan Manuel Urgoiti. Ocho meses después, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pontevedra da por concluido el concurso de acreedores y aprueba el convenio de la pesquera, que pasa a ser dirigida por los principales bancos acreedores BBVA, Caixabank, Sabadell, Popular, Bankia y Novagalicia, junto al italiano UBI).

La admisión por parte de estas entidades de una quita del 70% del pasivo de la compañía devuelven a Pescanova a la senda de la viabilidad. Tanto es así, que en 2014 el grupo ganó 1.649 millones de euros, frente a las pérdidas de 718 millones del año anterior. La emblemática empresa gallega ha conseguido sobrevivir de este modo a un complejo proceso de reestructuración y saneamiento.