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Javier Muñoz
Jueves, 5 de noviembre 2015, 01:30
El Gobierno vasco espera que el crecimiento económico y la reducción del paro reduzcan la demanda de la renta de garantía de ingresos (RGI) a lo largo de 2016 y que se confirme la tendencia a la baja que se aprecia entre mayo a octubre pasados (se ha caído de 66.373 perceptores a 64.844). Ese fue el deseo expresado ayer por el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Ángel Toña, al presentar los presupuestos de su departamento para 2016, que dedican a la RGI, y a la prestación complementaria de vivienda (PCV) unida a ella, un total de 461 millones, es decir, la misma cantidad que este año. En la misma línea, las ayudas de emergencia social (AES) tendrán 22 millones.
Los grupos de oposición plantearon a Toña si ese dinero será suficiente para cubrir las solicitudes del próximo ejercicio, puesto que a lo largo del actual se ha visto que será necesario incrementar la partida de la RGI. La respuesta del consejero fue que tal situación no tiene que repetirse necesariamente en 2016. «La mejora económica puede traducirse en menos solicitudes», declaró, al tiempo que insistió en la disminución de perceptores que se inició antes del pasado verano.
Pisos y no ayudas
Toña también confirmó que la PCV desaparecerá tras una fase transitoria de coexistencia con el nuevo derecho al alojamiento; una prerrogativa que introduce la Ley de Vivienda y cuya entrada en vigor está prevista el próximo 1 de enero. En 2016 se han consignado dos millones de euros para satisfacer ese derecho, en principio a través de un subsidio que más adelante, y cuando se haya efectuado el necesario «desarrollo reglamentario», acabará unificando las ayudas al arrendamiento desvinculadas de la RGI.
El alquiler, indicó el consejero, concentra buena parte del presupuesto del área de Vivienda, que asciende a 256,7 millones, incluidas las sociedades Visesa y Alokabide. Toña insistió en que, si bien en un primer momento el derecho al arrendamiendo se cubrirá dando dinero al beneficiario, el objetivo es satisfacerlo «a través de la puesta a disposición de un inmueble».
El Departamento de Empleo, que también se ocupa de la política familiar, destinará el año próximo 30,9 millones a las ayudas a la conciliación y 25,4 millones a las concedidas por hijo. El consejero explicó que la segunda partida ha sido suficiente este año -para cubrir las solicitudes nuevas y las pendientes- porque los nuevos requisitos han hecho que los ciudadanos hayan tardado más en presentar la documentación. Respecto a las ayudas por hijo, reconoció que la baja natalidad es una ventaja para el presupuesto, pero una mala noticia para Euskadi.
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